Desde hace ya varios años, Baja California se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, además de contar con al menos tres municipios en el top 25 de los más violentos del país, según los propios datos oficiales y organizaciones dedicadas a la evaluación de las políticas en materia de seguridad pública a nivel nacional.
Aunque se han modificado estrategias para mejorar el combate a los grupos delictivos que generan la mayoría de los asesinatos del Estado, la realidad es que el esfuerzo ha sido insuficiente y la presencia de la Guardia Nacional en Baja California sólo ha servido para adornar fotografías periodísticas de escenas del crimen, puesto que su operatividad es inútil y sin estrategia alguna.
No conforme con ello, Baja California tiene uno de los estados de fuerza policial más bajos en el país. Sin contar con los elementos pertenecientes al sistema penitenciario, una serie de solicitudes de transparencia confirman que el estado de fuerza total es de 6 mil 568 agentes, mismos que tienen la responsabilidad de combatir la inseguridad, ya sea por medio de acciones preventivas o de investigación.
De estos, deberíamos eliminar a los agentes de avanzada edad que ya no pueden trabajar en campo, a los que se encuentran vigilando puntos fijos y a aquellos asignados a la vigilancia de servidores públicos o del sector privado.
El autor de esta columna hizo una petición múltiple de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para determinar cuántos agentes se encuentran comisionados a la protección de funcionarios y brindando servicios privados, identificando que 532 policías se encuentran asignados a cuidar a una persona, lo que representa poco menos del 8% del estado de fuerza.
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La institución que más invierte en la protección de funcionarios o personas de interés, es la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que de sus 799 agentes, 159 están comisionados a la protección particular, de los cuales 99 son para funcionarios y 60 para empresarios o personas de interés. Esto descarta la operatividad del 20.41% de la tropa civil.
En porcentaje, el segundo lugar corresponde a la Secretaría de Seguridad de Tijuana, la cual destina el 8.64% de sus elementos a la custodia personalizada, lo que quiere decir que, de sus 2 mil 197 agentes, 107 protegen a funcionarios y 83 a empresarios.
Tecate y Rosarito prácticamente empatan con la distribución del 8.2% de su estado de fuerza, lo que representa 195 y 189, respectivamente; mientras que Mexicali sólo utiliza el 3% de sus tropas para protección a particulares, es decir, 42 del sector público y 17 del privado.
Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Ensenada prefirió no emitir una respuesta por medio de la plataforma nacional, lo que provocó que se recurriera ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), para que el órgano garante obligue al gobierno de Armando Ayala Robles a brindar respuesta oficial sobre ello.
Con tal de no proporcionar datos elementales de su gobierno, Ayala y su equipo prefieren ocultar información y arriesgarse a una sanción.
