Más de 40 expedientes relacionados con fraude y abuso de retención, son los que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene pendientes con la presidenta de la asociación CAMAC, cuyos agremiados del sector magisterial perdieron más de mil millones de pesos
Luego de seis horas de una intensa audiencia de formulación de imputación, se decretó libertad a la presidenta de la Asociación Civil CAMAC, Dalila Carrillo, acusada por cientos de maestros de un fraude de miles de millones de pesos, los cuales manejó por medio de una caja magisterial de ahorro.
Durante una prolongada audiencia que se llevó a cabo la tarde del 2 de marzo, y que se prolongó hasta las 10 de la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso sus pruebas en contra de la maestra y encargada de dirigir la caja magisterial, cuando en el año 2014 comenzaron a denunciarse irregularidades en el manejo del recurso procedente de liquidaciones del sector magisterial.
Tras ser detenida en el municipio de Mexicali durante una reunión de acuerdo reparatorio, Dalila Carrillo fue trasladada al municipio de Tijuana, donde enfrentaría cargos por abuso de retención, en agravio de un docente de aquel municipio.
Las pruebas no fueron suficientes según el análisis del Juez de Control, el cual decretó libertad inmediata para la presidenta de la caja magisterial, quien aún cuenta con 40 denuncias por el delito de fraude y otras 27 por abuso de retención, mismas que no han sido judicializadas por la FGE.
El caso CAMAC se remonta al 2014 cuando se documentaron las primeras denuncias relacionadas con retención de recursos económicos y rendimientos de maestros jubilados que habían invertido en la caja magisterial, debido a que les proporcionaba mejores rendimientos y beneficios para el futuro.
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Sin embargo, el recurso fue utilizado -presuntamente- para la adquisición de inmuebles en zonas costosas de Mexicali o jardines de eventos, entre otros bienes, mismos que fueron puestos a nombre de la denunciada y de personas allegadas.
Docentes afectados, como Juan Vidauri Padilla, comentaron que se trata de cientos de maestros perjudicados y de un monto que supera los mil millones de pesos provenientes de aportaciones del gremio magisterial.
El recurso era retenido por el Poder Ejecutivo y entregado a la asociación civil, para su funcionamiento.
