La muerte de Santos Iván Pérez Altamirano reactivó la polémica en torno al riesgo que enfrentan los agentes al no recibir los derechos laborales básicos y el estado de indefensión en que están sus familiares
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A diez días de la implementación del Plan Blindaje 2022 en materia de seguridad para el municipio de Ensenada, un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fue asesinado en la Carretera Transpeninsular.
El homicidio de Santos Iván Pérez Altamirano, de 46 años de edad, se suma a los seis crímenes de municipales ocurridos de 2017 a la fecha. Ninguno con resultados en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La indagación arroja que Pérez Altamirano, quien tenía más de 20 años activo en la corporación, estuvo involucrado en un ataque armado en el que lesionaron a un joven con arma de fuego el 20 de diciembre de 2021.
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La agresión fue en contra de un negocio de saldos ubicado en Calzada de las Águilas y Jiménez, propiedad de un informante de la actual fiscalía y extinta
Procuraduría General de la República (PGR), según indica el expediente de la investigación.
Santos Iván se encontraba en medio de un litigio con el Ayuntamiento de Ensenada. En 2019, Sindicatura Municipal solicitó su baja definitiva de la corporación, al no acreditar los Exámenes de Control y Confianza.
Desde entonces, el policía se mantuvo en demanda bajo el expediente 501/2019, Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, pero perdió el amparo en octubre de 2020. Debido a esto, interpuso otro recurso más para mantenerse dentro de las filas de la corporación.
Durante la presentación del Plan Blindaje 2022 -realizada el pasado 1 de febrero-, el alcalde Armando Ayala Robles anunció la construcción del edificio del CM5 (Centro Estratégico de Operaciones Policiales Municipales), proyecto que supuestamente incluirá tecnología e inteligencia para mejorar el tiempo de reacción de los policías.
Sin embargo, a reserva de este anuncio de mejora en infraestructura, la muerte de Pérez Altamirano reavivó en círculos policiales la polémica sobre el riesgo que enfrentan los elementos y cómo las familias de estos quedan en la indefensión, al no recibir los derechos laborales básicos.
Conforme a datos de la Asociación de Policías, en los últimos cinco años han muerto 35 agentes por motivos de salud y siete asesinados; todos sus beneficiarios han tenido problemas para recibir lo correspondiente a la Ley de Seguridad Pública de Baja California.
Los oficiales asesinados en los últimos cinco años, han sido Juan Martínez Medina, Víctor Manuel Ruiz Ponce, Juan Francisco Chávez Ibarra, Antonio García García, Nacoa Roberto Gutiérrez Martínez y Sergio Enrique Echavarría Solís.
EL HOMICIDIO DEL AGENTE
Santos Iván Pérez Altamirano fue asesinado aproximadamente a las 13:00 horas del martes 8 de febrero, a bordo de una camioneta de reciente modelo en la esquina de Carretera Transpeninsular y Emiliano Zapata, Colonia Aeropuerto.
Testigos refirieron que el agente era acompañado por un hombre cercano a los 20 años de edad, identificado más tarde como José Antonio López Ibarra.
Al lugar llegó un vehículo Nissan Altima de color blanco, con placas de Estados Unidos y cuatro personas a bordo. El conductor estacionó la unidad a un costado para que descendiera uno de los tripulantes, quien se acercó al lado del copiloto.
De acuerdo con la información recabada, esta persona comenzó una discusión y posteriormente disparó en varias ocasiones.
Según fue reportado por la DSPM, Pérez Altamirano se encontraba en su día descanso, luego de trabajar el turno nocturno del domingo en la Estación Centro, a la cual estaba comisionado.
El vehículo de los agresores fue localizado en Bulevar Zertuche, entre las calles Del Mar Caribe y Mar de Cortés.
POLICÍAS TIENEN AÑOS DE ESPERA
Ramón Bernardino Fimbres Obregón, presidente de la asociación civil del Agente de Seguridad Pública Municipal, a la cual pertenecía Pérez Altamirano, no respondió al llamado de ZETA para conocer detalles, así como las acciones que emprenderán para proteger los intereses de la familia del fallecido.
El también Capitán en retiro se convirtió en presidente de la agrupación tras el asesinato del anterior líder, Víctor Manuel Ruiz Ponce, ocurrido en mayo de 2021, quien fuera comandante de la delegación Francisco Zarco.
Por su parte, Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada (APPE), lamentó el reciente hecho e instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación a fondo.
Aseguró que David Armando Sánchez González, director de la DSPM, tiene la obligación de emitir un posicionamiento firme ante el crimen en contra de uno de sus agentes.
“Era un elemento bajo su mando y debe asumir esa parte de los riesgos al ser jefe de la Policía, no sólo salir a dar las buenas noticias”, subrayó Hernández Vélez, quien fuera director de la Policía Municipal en 2013.
De igual forma, Efraín Ávila Cruz, presidente de la asociación civil Dignificación Policial y su Comunidad, lamentó la desatención que tiene el gremio y sus allegados: “Una impotencia que ha de sentir la familia: saber que tiene el derecho y no se lo otorguen. Y al mismo tiempo, andar gestionando se complica y trae consecuencias”.
Recordó que durante el XXII Ayuntamiento de Ensenada, a Marco Antonio Novelo Osuna le entregaron una relación de policías fallecidos por causas de salud o en cumplimiento de su deber, esto, para exigir seguro de vida equivalente a tres meses de salario, apoyo con los gastos fúnebres y pensión para la viuda o hijos.
“Lo que hemos criticado es que a pesar de que han fallecido elementos, el alcalde Armando Ayala Robles ha declarado, en algunas circunstancias, que estaría al pendiente de las familias y de esclarecer el homicidio, pero no ha sido así”, lamentó.
Expuso los casos del ex subdirector operativo, Juan Francisco Chávez Ibarra, así como de Juan Medina, Víctor Ponce, Sergio Enrique Echavarría Solís y los tres agentes muertos en la barandilla de Camalú.
“No se ha llegado a ningún esclarecimiento, y el alcalde está anunciando que en materia de seguridad habrá un plan de blindaje, cuando la propia Policía no está blindada con los derechos de la Ley”, sostuvo el líder.
Esto incluye a los fallecidos por enfermedad, pues a sus familiares tampoco se les ha cumplido con los gastos fúnebres, la pensión del IMSS y la del propio Ayuntamiento.
Por último, indicó que durante marzo de 2021, Ayala Robles habló de un recurso de 3 millones de pesos que estaría destinado a las viudas de los policías fallecidos, “pero nadie sabe dónde quedó el dinero, ni quién lo esté administrando”, concluyó Ávila Cruz.
En el caso de los compañeros de Pérez Altamirano, lo recuerdan como una persona que predicaba el cristianismo, de carácter sencillo, respetuoso, noble y disciplinado.
“Nos cayó de sorpresa su muerte, porque se dedicaba mucho a su familia y a la religión”, según comentaron para la elaboración de este trabajo periodístico.
