El lunes 14 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la empresa KEI Partners, en la cual José Ramón López Beltrán dice trabajar como “asesor legal de desarrollo y construcción” en Houston, Texas, fue fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario y asesor presidencial Daniel Chávez, quien días después emitió un comunicado para destacar que no tiene relaciones comerciales con el Gobierno Federal y obviar el conflicto de intereses que organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad están señalando en la contratación del hijo mayor del mandatario
El hijo mayor del mandatario mexicano y de Rocío Beltrán Medina -quien falleció el 12 de enero de 2003-, José Ramón López Beltrán, ha vivido junto a su esposa en un par de mansiones que cuentan con cine privado, alberca climatizada de 23 metros de largo, entre otras muchas comodidades.
Publicidad
García Vilchis durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Así lo reveló un reportaje titulado “La lujosa vida del hijo de AMLO”, firmado por los periodistas José Raúl Olmos Castillo, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala, difundido durante el programa “Loret Capítulo 69” y transmitido el 27 de enero en el canal del medio digital LatinUs en YouTube, en colaboración con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y publicado en diversos medios de comunicación.
La investigación periodística afirma, además, que el hijo mayor del titular del Poder Ejecutivo federal mexicano maneja una camioneta Mercedes Benz color blanco -con valor de alrededor de 1.5 millones de pesos mexicanos-, propiedad de su esposa, de 37 años de edad, que también tiene a su nombre una de las mansiones en las que ha vivido el matrimonio.
El reportaje dejó ver un probable conflicto de intereses, dado que el propietario de la mansión que ocupó el hijo del Presidente, fue en su momento un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que sostiene relaciones comerciales con el Gobierno de la República.
Una quincena después de ataques de AMLO contra los periodistas que divulgaron el reportaje, particularmente contra Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y la organización MCCI, tanto José Ramón López como su esposa, emitieron sendos comunicados justificando su vida profesional y alejando el probable conflicto de intereses, pero en la aclaración, se presumió otro conflicto.
Ahora el hijo de López Obrador justificaba trabajar en calidad de asesor jurídico en Houston, Texas, en una compañía de tres hijos: Daniel, Erika y Karla, del hombre de negocios y asesor del Presidente, Daniel Chávez.
Entre los años 2019 y 2020, López Beltrán y Adams Solano vivieron en una mansión de 447 metros cuadrados, a su vez, edificada en un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados, ubicada en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacobs Reserve, donde las casas cuestan más de un millón de dólares (alrededor de 20 millones de pesos), según indicó el citado reportaje.
En ese periodo de tiempo, dicha mansión era propiedad de Keith Schilling, quien trabajó en Baker Hughes, compañía que tiene contratos por más 151 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex), entre estos la refinería de Dos Bocas, actualmente en construcción en el municipio de Paraíso, en Tabasco, entidad natal del mandatario nacional.
En entrevista con ZETA, Leonardo Núñez González, de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI, recordó que en el párrafo VI del Artículo III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se define legalmente al conflicto de interés como “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Publicidad
El investigador indicó que en el caso del hijo del Presidente de la República, no se han desmentido los posibles conflictos de interés, que podrían traer sanciones administrativas o penales, si así lo determinan las diversas instituciones de la Administración Pública Federal, como Secretaría de la Función Pública (SFP) y Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso de la familia presidencial con Baker Hughes, dijo, se configuran todos los elementos para un posible conflicto de interés, pero este no es un acto de corrupción en sí mismo, pero podría convertir en tal, cuando se esconde y no se toma medida alguna al respecto.
“El problema es que ante la falta de reconocimiento de un conflicto de interés, no hemos podido entrar al fondo de la discusión, pero los elementos ahí están. Sólo separaría, una cosa es el conflicto de interés y otra cosa es, por ejemplo, la actuación bajo conflicto de interés, que eso está especificado en otro artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el 58, precisamente porque son dos conductas diferentes”, acotó el investigador de MCCI.
“Lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer José Ramón de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios”, comentaría Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del lunes 14 de febrero.
“Él no tiene ningún negocio con el Gobierno Federal, no hay ningún problema de interés. Su esposa, lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso”, abundó el titular del Poder Ejecutivo federal.
De Chávez refirió: “Es de los empresarios que nos ayudan porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo, y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso”.
La empresa KEI Partners, en la cual José Ramón López Beltrán, de 41 años, dice trabajar como “asesor legal de desarrollo y construcción”, se fundó el 15 de octubre de 2018, pero su página web se publicó apenas 24 horas antes de que desmintiera, a través de una carta que él y su esposa Carolyn Adams Solano se hayan dado una vida de lujo en Houston, Texas, Estados Unidos.
Asimismo, la compañía en la que trabaja el hijo mayor del político tabasqueño, fue fundada por Érika e Iván Chávez, hijos de Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño de Grupo Vidanta, un conglomerado mexicano involucrado en el diseño, construcción, financiamiento y operación y mantenimiento de hoteles, resorts, cruceros e infraestructura asociada. También posee y opera el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés. Fue fundado por el empresario chihuahuense en 1974 y tiene su sede en Nuevo Vallarta, Nayarit.
El grupo cuenta con 25 mil empleados y genera ingresos anuales estimados de 750 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, posee hoteles en playa, en Nuevo Vallarta, en la Riviera Maya, en Los Cabos, en Acapulco, en Puerto Peñasco y en Puerto Vallarta.
Según documentos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante el gobierno de López Obrador, Vidanta se ha consolidado como uno de los principales prestadores de servicios turísticos en México a través de varias empresas, gracias a las más de 100 concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que ha obtenido de las secretarías de Turismo (Sectur), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Dichas empresas son Promociones Vacacionales, SA de CV y RLG Arrendadora de Inmuebles, SA de CV; Desarrollo Marina Vallarta, SA de CV; Servicios Operativos Los Cabos, SA de CV; Vidanta Golf y Vidanta Entertainment SA de CV, mismas que han conseguido autorizaciones, desde permisos para la construcción de nuevos complejos turísticos en zonas naturales protegidas, la recolección de sargazo y para la prestación de diversos servicios.
Además, Chávez Morán forma parte del grupo de consejeros empresariales del Presidente, junto con Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Bernardo Gómez Martínez, de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles; Carlos Hank González, de Banorte; Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Miguel Alemán Magnani, de Interjet; y Sergio Gutiérrez Muguerza, de Grupo Deacero.
“Vamos a llevar una supervisión independientemente de lo que establece la legalidad. He decidido que me represente como supervisor de obra Daniel Chávez, empresario turístico. Lo va hacer aquí, aclaro, de manera honorífica y no va a cobrar nada, y es que todos tenemos que aportar algo para el desarrollo”, indicó López Obrador el 2 de junio de 2020, al dar el banderazo de inicio de obra del Tren Maya desde Maxcanú, Yucatán.
“En lo personal, yo voy a contar con un representante, con un empresario que de manera honorífica, sin cobrar nada, sólo porque quiere ayudar, va a representarme en la supervisión: Daniel Chávez, que está aquí. Es un empresario del sector turístico. Él me va a ayudar como me están ayudando millones de mexicanos a empujar al elefante, para que camine. Todos tenemos que contribuir, esa es la democracia”, afirmaría un día después.
A través de un comunicado, ayer jueves 17 de febrero, Chávez Morán precisó que su función como supervisor honorario del avance del Tren Maya no tiene relación de ningún tipo con temas de proyecto, trazo o administración con dicha obra pública, y consiste únicamente en tener una revisión y medición fidedigna de los avances de la construcción.
“No hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual Gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos, fueron obtenidas en sexenios anteriores.
“A esta fecha, sólo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma. La única excepción es un título de concesión, asignación para escurrimientos, por una superficie de 11 mil 663.74 metros cuadrados (19 de abril de 2021)”, detalló el empresario en su comunicado.
“En algún medio se publicó de forma equivocada, que en este sexenio hemos recibido concesiones nuevas; una por 384.32 metros cuadrados (12 de febrero 1986), otra por 3 mil 888.19 metros cuadrados (11 de marzo 2005) y otra por 84 mil 447.07 metros cuadrados (13 de abril 2005).
“Como claramente indican las fechas, éstas corresponden a sexenios anteriores y solo han sido renovadas conforme a ley”, añadió el presidente de Grupo Vidanta, conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo.
Respecto a las dos mil hectáreas donadas por Grupo Vidanta en Puerto Peñasco, Sonora, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya el octavo parque solar más grande del mundo, el empresario argumentó que no participará de forma alguna en el proyecto, ya que la paraestatal suministrará por igual a todos sus usuarios.
Asimismo, reveló que es falso “que tengamos la intención de invertir en Islas Marías. Celebramos con gusto la decisión por parte del Gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles (…) y mantenerlas única y exclusivamente como recinto de conservación natural, histórico y cultural para investigadores, así como para excursionistas mexicanos y extranjeros”, destacó el presidente del Grupo turístico e inmobiliario.
De la misma forma, Daniel Chávez negó que Vidanta Cruises tenga planeado llegar a Islas Marías o a un supuesto e imaginario “nuevo Cancún” en Riviera Nayarit, y se dijo agradecido con “la oportunidad de haber comprado 400 mil cachitos” de la rifa del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”.
En su comunicado, el empresario señaló que mantendrá a salvo su derecho de denunciar por la vía legal “a aquellas personas cuyas falsas suposiciones o mentiras, causen un daño moral o económico a nuestras personas o empresas”.
