De Presidente a MP y juez (O el pacto de impunidad de Bonilla)

Foto: Jorge Dueñes
Columnaz viernes, 18 febrero, 2022 8:00 AM

En su paso por Tijuana, durante su conferencia matutina desde instalaciones militares, sin reparos, directo y erigiéndose en Ministerio Público y juez local, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente exoneró a Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California.

Efectivamente, el primer mandatario emanado de Morena en el país, se ha mantenido impune, incluso en las denuncias que le fueron presentadas por los excesos y abusos cometidos durante su corta administración.

Bonilla, quien recientemente fue desmentido por la Universidad Nacional Autónoma de México de haber cursado estudios profesionales en esa Máxima Casa de Estudio, o de haberle emitido un título de Ingeniero Industrial, es parte de una investigación en proceso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado López.

En una mañanera como la que llevó a cabo en Tijuana el Ejecutivo federal, pero en 2019 y en Ciudad de México, Lourdes Maldonado en persona acusó el tráfico de influencias de Jaime Bonilla, por ese entonces súper delegado del Gobierno Federal, senador con licencia y aspirante al gobierno de Baja California, con la intención de avasallarla en un juicio laboral que desde hacía seis años la comunicadora sostenía con el político morenista por despido injustificado.

Con todas sus letras, Maldonado le dijo a López Obrador que temía por su vida. Tres años después de aquella participación en la mañanera en Palacio Nacional, Lourdes ganó, finalmente, un round judicial al tijuanense, logrando, de acuerdo con las declaraciones de la periodista, embargar las cuentas del medio de comunicación del morenista, incluida una cuenta a nombre del propio Jaime Bonilla. El litigio significaba poco más de millón y medio de pesos.

Pero apenas estaba festejando su triunfo jurídico Lourdes Maldonado, después de nueve años en los cuales la justicia le fue negada, cuando la asesinaron. Tres hombres, a decir de la Fiscalía General del Estado, se organizaron para acabar con su vida a pedido de uno o varios terceros interesados que les pagaron, por cometer el crimen, 5 mil dólares a cada uno.

Por lo público y por la propia denuncia de la periodista, Jaime Bonilla es protagonista en una línea de investigación oficial. En una de tres hipótesis está el pleito jurídico y la declaración de Maldonado de temer por su vida, como eje central del crimen.

El fiscal Ricardo Iván Carpio no descarta la probabilidad de llamar a declarar al ex gobernador para responder en la investigación. No lo ha hecho, comentan en las oficinas de la FGE, porque quiere tener todos los elementos para dar un paso certero, pero está latente esa acción.

Ministerios Públicos, e incluso por un tiempo personal de la Sedena, la Marina, el ex CISEN, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, enviados por el Presidente, contribuyeron a la investigación que está en proceso, y que tuvo un importante avance cuando fueron detenidos tres hombres, señalados de ser los presuntos asesinos materiales de la periodista, quedando pendiente investigar la autoría intelectual, la persona o personas detrás del pago de los 15 mil dólares para cometer el homicidio.

Sin embargo, con la investigación pendiente, en un escenario enrarecido por los recientes y constantes ataques del Presidente de México hacia periodistas y medios de comunicación, y en una mañanera como aquella en la que Maldonado temió por su vida, AMLO exoneró a su amigo Bonilla.

A pregunta expresa, respondió el mandatario nacional: “No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno, sino de empresa, era una denuncia que ya había ganado, un laudo a favor de Lourdes”.

Para complementar, en un intento por respetar el orden legal, que “se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso. Lo que sí, yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política”.

Y procedió, una vez más, con la diatriba de buenos contra malos, o presente y pasado en la política mexicana: “El ex gobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio, entonces se da esta situación y quieren sacar raja. Eso no significa que haya impunidad, nada más es que no adelantemos juicios, no hagamos juicios sumarios. No puede haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras. Hay que esperar que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie”.

Entonces arremetió contra medios de Baja California:

“Y digo esto porque aquí, en Baja California, como dominó tanto tiempo el conservadurismo corrupto que me consta cómo saquearon Baja California, tienen la misma escuela algunos medios de información que el Reforma”.

Así, llanamente, quitado de la pena, el Presidente aseguró que “no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral”.

El mensaje de protección a Bonilla que envió López Obrador el jueves 17 de febrero desde Tijuana, lo escuchó en el estrado Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, quien propuso a Ricardo Iván Carpio para fiscal del Estado, cuando no le permitieron nombrarlo secretario de Seguridad local.

Lo grave es que los dichos del Presidente lleguen a influir en el equipo bajacaliforniano, y efectivamente, Bonilla no sea investigado, como sucedía antes. Gravísimo.

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