La senadora del PAN Minerva Hernández indicó que en la Legislatura anterior se desaprovechó la oportunidad de aprobar una reforma fiscal de gran calado; señaló que tras las modificaciones emprendidas en la materia durante la administración de López Obrador los derechos de los contribuyentes se han mermado
La senadora del Partido Acción Nacional Minerva Hernández Ramos refirió que tomando en cuenta un estudio de la OCDE dado a conocer el 21 de febrero, los pronósticos para México “son muy reservados” con todo y encontrarse “en una ruta de recuperación económica”, pues existen “condiciones estructurales que requerirían cambiarse”.
El análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “muestra que contrario a los discursos oficialistas de triunfo, México todavía presenta grandes retos en materia económica”, asentó la legisladora este lunes 28 de febrero, ante integrantes del Grupo 21 de Tijuana, a quienes les habló de “temas hacendarios pendientes para 2024”.
De entrada, remarcó que conforme al estudio, la producción de bienes y servicios registra un declive y la expectativa de crecimiento del producto interno bruto se ha recortado de 3.3 a 2.3.
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Agregó que para la OCDE la economía mexicana enfrenta cuatro “áreas de debilidad”: un rendimiento por debajo de lo esperado en comparación con economías similares (India, Indonesia, Malasia, Filipinas o Costa Rica, entre otras); un bajísimo nivel de inversión, el cual no llega a los que se observaban en 2015; baja productividad e incremento de la informalidad.
Estimó que “con el triunfo del presidente López Obrador se esperaba una reforma fiscal de gran calado”, la cual “fuera acorde a los principios de justicia social que habían sido enarbolados en el periodo electoral”.
En razón de “la sobrerrepresentación que la coalición del partido en el poder tuvo al menos en la Cámara de Diputados durante la Legislatura anterior, la LXIV, era en ese momento innecesario hacer consensos con otras fuerzas políticas”, detalló la legisladora y añadió que en ese entonces se contaba con “la combinación perfecta para poder hacer una reforma fiscal que modificara tasas y tarifas de los principales impuestos o que incrementara las bases de los mismos”.
Acentuó que las reformas fiscales que se aprobaron se fundamentaron en “el establecimiento de medidas de control para cerrar los espacios a la elusión fiscal o a la mal llamada por la autoridad, planeación fiscal agresiva, el supuesto combate a la corrupción y aumentar la eficiencia en la recaudación”.
Todo ello derivó en “mayores facultades de gestión” para el Sistema de Administración Tributaria “y un incremento significativo en la recaudación secundaria”, dijo.
“Algunos fiscalistas suelen referirse a esto como el terrorismo fiscal, muchos dientes a la autoridad, cada vez una merma de derechos a los contribuyentes, lo cual nada hacia una relación ni equilibrada ni equitativa”, indicó.
Hernández Ramos sostuvo que bajo tales circunstancias “no hay un incentivo para que el gobierno presente una propuesta integral de reforma fiscal, en la que se aborden las deficiencias estructurales, los esquemas de tributación vigentes”.
La senadora del PAN también habló de “la otra cara de la moneda” en lo referente al tema hacendario: “el gasto público”.
Advirtió que en México “gastamos mucho, pero además lo gastamos mal”.
No tiene caso que la OCDE haga la recomendación de “incrementar el gasto público si su ejercicio no se va a traducir en una mejoría de las condiciones de vida de los mexicanos, ni tampoco si no se establecen controles efectivos para que no haya gastos innecesarios”, aseveró.
Cuestionó el “voluntarismo político de nuestros dirigentes”, de quienes generalizó que sin recurrir a “una adecuada planeación”, simplemente se comprometen a desarrollar obras o generar supuestos beneficios “para mantener contentas a las bases del movimiento”.
Atendiendo a “los datos de cierre del ejercicio que publica la Secretaría de Hacienda se aprecia que el gasto neto pagado de cada ejercicio es invariablemente mayor del anterior, en 2020 y 2021 este gasto superó los 6 billones de pesos y considero que de cara al 24 necesariamente debemos plantearnos si el ejercicio de este gasto público mejoró o no las condiciones de vida de los mexicanos, si a través de este gasto se establecieron las bases y la infraestructura necesaria para el desarrollo económico”, expuso.
“Quizá vale hacer la reflexión de si esos miles de millones de pesos que se están invirtiendo en diversos programas sociales que desde mi punto de vista tienen un enfoque más clientelar que de mejorar las condiciones de vida de la gente, están realmente cambiando al cierre de esta administración la vida de los mexicanos que son beneficiarios de estos programas”, remató.
