El secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, refirió que de entrada la propuesta enviada por el Presidente López Obrador al Congreso en 2021 atenta contra las energías limpias, los tratados internacionales y contratos vigentes. Aseguró que, de no llegarse a una ruta común con Morena, para que haya libre competencia en el mercado eléctrico, el PRI no estaría dispuesto a ceder los votos decisivos para lograr mayoría calificada
Si lo que se busca con la reforma eléctrica es incrementar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía, desconocer los contratos del sector privado, tener el control de los órganos reguladores y priorizar el uso de energías sucias, la iniciativa “no va a pasar”, afirmó el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Armentía López, cuya fracción parlamentaria concentra votos suficientes como para que la enmienda impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador prospere.
Armentía López, quien funge como secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, reconoció en entrevista con ZETA que la bancada del PRI no necesariamente se opone a legislar en materia energética. Expuso que los priistas están a favor de que se debata la iniciativa, de manera que los actores involucrados en el cometido de aprobarla “expliquen” los vicios que dicen ver en el sistema actual y así se pueda hacer una “contrapropuesta”, en el ánimo de no afectar la economía de los mexicanos o la certeza de contar con energías renovables a precios justos.
“Hay que ser muy claros, como está planteada, si sigue atentando contra las energías limpias, si sigue atentando contra los tratados internacionales, si no hay una claridad de cómo van a hacer la transición energética, si no hay una claridad de qué va a pasar con los contratos vigentes, de cómo va a regular ahora la Comisión Federal de Electricidad, qué va a pasar con el Cenace, qué va a pasar con la Comisión Reguladora de Energía, nosotros no vamos a votar a favor de esta reforma”, advirtió.
Y reconocería que “regresar a la CFE todo el poder” en el manejo del servicio eléctrico, “a final de cuentas es generar un monopolio”. De ahí que se pronunciara por la libre competencia y una oferta que brinde a los usuarios precios razonables.
De acuerdo con el proyecto legislativo y tal como el propio López Obrador ha enunciado, se pretende “que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares”, toda vez que “como está la Ley (promulgada en 2013, por Enrique Peña Nieto), a la Comisión no se le permite subir energía eléctrica a la red”, con todo y tener “capacidad de generación”.
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En este caso, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) da preferencia a las tarifas más bajas, lo que no significa que la energía generada por la CFE no suba a la Red Nacional de Transmisión.
En opinión del diputado Armentía López, “es muy delicado pensar que con ese 54% que hablan van a poder satisfacer la demanda en el sistema eléctrico mexicano, porque la CFE en sus unidades de negocio, por hablar de transmisión, suministro y generación, en las únicas dos que gana es en transmisión y en suministro, no gana en generación”.
A decir del legislador del partido de oposición, “la Secretaría de Hacienda a finales de año tiene que hacer una aportación patrimonial para poder subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad, porque pierde en la unidad de generación”.
El priista sugirió que resulta ilógico decir que se puede cubrir la demanda, cuando para generar electricidad en un 54%, el Gobierno Federal dispone de “plantas de hace más de 30 años” y de “un sistema eléctrico nacional obsoleto”.
En cuestión de contratos, sostuvo que tratándose de aquellos que cumplen con la normatividad y que se encuentran vigentes, los priistas no están de acuerdo con que se pretenda desconocerlos. “Atenta contra los tratados internacionales, atenta contra la Ley de la retroactividad, o sea, no es posible que de un porrazo se quiera acabar con un marco jurídico y regulatorio que hoy existe”, arguyó, para posteriormente plantear:
“Qué va pasar con todas esas empresas que tienen contratos hoy vigentes, que están apalancadas por la banca mexicana. Te puedo decir que el 70% de esos contratos tienen un financiamiento por Bancomext, Banobras y Nacional Financiera, si les quitan los contratos, si hay un incumplimiento y no pueden parar esos privados ese financiamiento lo que me queda en duda aquí, sería una expropiación disfrazada porque entraría la banca en una administración controlada y a quedarse con esa inversión”.
El diputado abundaría que “no nada más es quitar contratos, es revisarlos y ver si cumplen y están en lineamientos, darle continuidad a un mercado que se abrió parcialmente en el 92 y que en 2013 se vino a la libre competencia para evitar un monopolio”.
Por lo que respecta a los “vicios” que según el legislador señalan quienes promueven la iniciativa enviada por AMLO en 2021 (para reformar los artículos constitucionales 25, 27 y 28), Armentía López aludió a uno de los debates inscritos en el Parlamento abierto (celebrado a partir del 17 de enero de 2022 para disertar sobre la propuesta).
En referencia al encuentro, en el cual participaron el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, sostuvo que en esa sesión quedó establecido que la postura del gobierno apunta a que “no pagan los empresarios” en el negocio de la producción energética, en tanto que desde la iniciativa privada se estableció que sí cumplen en términos de pago e “incluso le hacen ganar dinero (a la administración pública)” en su unidad de negocios de transmisión de energía.
En ese foro, Bartlett Díaz asentó que la iniciativa privada ha invertido 44 mil millones de dólares en la industria eléctrica, con el pormenor de que únicamente 11 mil millones de dólares equivalieron a capital propio, pues igualmente utilizaron créditos bancarios y Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores).
Armentía López expresó que “si hay, como ellos han dicho y explicado y tratado de hacer ver, de que hay vicios en los contratos legados o en el sistema actual, pues que lo digan, que lo esclarezcan; y si hay vicios y si hay cosas que sí hay que regular, para eso están los órganos reguladores”.
Desde la óptica del gobierno, los contratos legados se otorgan a sociedades de autoconsumo que (en razón de las alternativas de generación que emplean) prestan el servicio a bajo costo a presuntos socios que no son otra cosa que clientes y quienes optan por comprar la energía por su baja tarifa.
“Ellos la entregan” a supermercados y tiendas, “alegando que son sus socios cuando en realidad son sus clientes, pero les dan una tarifa que es como 200% más barata”, argumentó en su momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Armentía López aseveró que si aquellos afines a la enmienda constitucional acusan “un mercado paralelo en el método de auto abasto” y “sobreprecios en productores independientes de energía”, en tal caso “que se explique” y “se aclare” esa situación.
“Hay 434 contratos de auto abasto y 34 contratos de productores independientes de energía, ellos hacen una falacia, una falsa generalización de decir que todos están en la ilegalidad, que todos están delinquiendo, que todos están faltándole al país y no es así; yo creo que hay que darse la oportunidad de revisar los órganos reguladores, y si hay alguien que esté por encima de la Ley, que no esté cumpliendo los lineamientos, pues que se le castigue”, antepuso.
Agregó que para proceder en contra de alguien por una presunta irregularidad en la prestación del servicio, no se necesita una reforma constitucional.
“En las mismas leyes secundarias podemos regular y controlar lo que ellos hoy dicen que está pasando”, profirió.
La postura es coincidente con la del Partido Acción Nacional, cuyo dirigente, Marko Cortés Mendoza, se pronunció por modificar sólo las leyes secundarias en materia eléctrica. “No es necesario un cambio en la Constitución”, indicó en el marco de inauguración de la segunda reunión plenaria de los diputados federales del PAN, celebrada el 27 de enero.
Sobre la relación del PRI con el PAN como partidos opositores y en este caso renuentes a avalar la reforma, Armentía López se limitó a decir que ambos partidos cuentan con participación en los foros.
“El acuerdo que tenemos dentro del Parlamento Abierto es la libre participación y libre debate, que sean los partidos políticos cada quien con sus ideales, con sus posturas, quien lleguemos al debate”, indicó.
VOTOS DECISIVOS
Con datos al 12 de enero de 2022, publicados en la página oficial de la Cámara de Diputados, Morena cuenta con 202 legisladores en ese organismo, en tanto que sus fuerzas aliadas, con 75, de los cuales 42 pertenecen al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 33 al del Trabajo (PT).
Para sacar adelante la reforma eléctrica se requiere de mayoría calificada, consistente en dos terceras partes del número total de votantes en la Cámara baja. Proporción equivalente a 334 sufragios de los 500 que pueden emitirse (aunque en el caso de ese formato de votación la cantidad puede ser menor, pues se podría alcanzar en razón de cuántos diputados acudan a la sesión correspondiente).
Siendo que Morena, PVEM y PT únicamente suman mayoría absoluta (en este caso de 277 votos), necesitan 57 sufragios adicionales. En la LXV Legislatura, el PRI cuenta con 71 diputados.
Sobre la opción de que el tricolor le otorgara votos a los partidos oficialistas para privilegiar la iniciativa impulsada por el Presidente, Armentía López estableció: “El PRI no va a hacer nada que atente contra los mexicanos. Si después de estos debates, de estos foros, quitando las cargas ideológicas, las cargas políticas y pasando después toda la complejidad, que también hay elecciones (el 5 de junio) y que no se vea como un tema electorero, hay un consenso, una conciliación y llegamos a una construcción de una Ley que permita tener un marco jurídico que le dé a los mexicanos energía limpia, barata, y que CFE no pierda la hegemonía y la rectoría del Estado”.
Y sentenció:
“Nosotros estaríamos encantados de poder llegar a ese punto, pero hoy en día, quiero ser muy claro, no vemos ese camino, no vemos ese rumbo, y como Partido Revolucionario Institucional, seguiremos pujando a que no se atente contra los mexicanos”.
A mediados de enero, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía e integrante de la fracción de Morena, declaró que el partido en el poder se encontraba en disposición establecer negociaciones con los partidos opositores en un afán de concretar la reforma eléctrica.
En tal caso, de acuerdo con el diputado Pedro Armentía López, lo que harán los priistas será “exhibir, contrastar y llevar el debate profundo”, con miras a “tener una misma ruta”. Subrayó que se mantienen en el planteamiento “de que haya libre competencia, competitividad sana, que se abra el mercado, que no se monopolice la situación de la energía” en la República Mexicana.
“Ojalá podamos todos los mexicanos tener una Comisión Federal de Electricidad que le baje las tarifas a los mexicanos, que tengamos certeza en la energía que se genera en este país y tengamos también una soberanía energética en los próximos años, que es lo que nosotros queremos”, remató.
