Sólo en diciembre de 2021, 14 bajacalifornianas solicitaron la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en instituciones públicas de salud estatal. Sin embargo, aún hay instancias como el IMSS -comentó la diputada Michel Sánchez Allende- donde se han documentado rechazos a aquellas que solicitan el procedimiento médico
La tarde del 31 de octubre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda acudió a las instalaciones del Centro Estatal de las Artes (CEART) en Mexicali para asumir formalmente como gobernadora de Baja California, después de un accidentado bienio encabezado por su antecesor y compañero de partido, Jaime Bonilla Valdez.
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El repudio al político y empresario tijuanense, provocó que la mayoría de los representantes de los sectores organizados acudieran a la toma de protesta o buscaran una relación más tersa con el nuevo gobierno. Sin embargo, un sector de la población intentó causar escozor y hostigar a la flamante mandataria en su primer día.
Mientras todo era festejo dentro del CEART, a las afueras del inmueble se plantó un enorme dispositivo de seguridad con cercos perimetrales y un gran número de policías, para evitar el embate de colectivos autoproclamados pro vida o celestes, cuya molestia derivó de que, días atrás, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Penal de Baja California, que básicamente despenalizaban la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y ampliaban el margen en caso de un problema de salud o de una violación.
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Desde el 13 de noviembre, fecha en que entró en vigor la reforma, en BC se han practicado 14 abortos voluntarios, según la contabilidad emitida por la Secretaría de Salud, los cuales ocurrieron todos en el mes de diciembre, la mayoría -según el titular de la institución, Adrián Medina Amarillas- en el Hospital Materno Infantil de Tijuana.
Sin embargo, otros ocho se han documentado por actividades derivadas de juicios de amparo, o bien, por las causales ya establecidas en el Código Penal, como en caso de una violación o una malformación del producto.
A casi tres meses de implementada la reforma, la Secretaría de Salud no ha lanzado campañas de concientización o información a la población en general, por lo que los propios colectivos y asociaciones civiles se han encargado de promover este derecho adquirido, por medio de espectaculares y otros esquemas publicitarios.
Contrario a ello, colectivos celestes arrancaron una intensa jornada de recolección de 38 mil firmas, cuyo objetivo, según su abogado Armando Salinas, es que el Instituto Estatal Electoral (IEE) organice un referéndum constitucional que dé marcha atrás a la modificación publicada el 12 de noviembre de 2021 por el Congreso del Estado.
Según el último informe de Salud Reproductiva de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hasta antes de la reforma, Baja California contabilizaba 375 denuncias por aborto en una década (2010 a 2020), ubicándolo en el segundo puesto a nivel nacional y en alerta Naranja como una de las seis entidades federativas con mayores restricciones para la solicitud de este derecho.
SALUD AÚN NO MODIFICA REGLAMENTOS
Durante su primera aparición pública en noviembre, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, se autoproclamó pro vida y, por ende, en contra de la interrupción del embarazo. Pese a ello -aseguró-, cumpliría los nuevos ordenamientos establecidos en el Código Penal.
Durante diciembre, además de las 14 interrupciones del embarazo realizadas en instituciones de salud de manera gratuita, se ha atendido a cinco mujeres que tras la explicación del procedimiento, decidieron continuar con su proceso de gestación.
Según lo establecido en el Decreto 38, en su Artículo Segundo Transitorio, las instituciones de salud cuentan con 90 días para adecuar la reglamentación y llevar a cabo la práctica.
in embargo, durante ese lapso no ha destinado recursos ni tiempo en dar a conocer los alcances y explicar a la ciudadanía el procedimiento que se lleva a cabo, por lo que integrantes de asociaciones civiles han decidido tomar acciones y pagar espacios para promoverlo.
Vehículos con espacios publicitarios y hasta espectaculares han sido costeados por las agrupaciones -que solicitaron anonimato para evitar represalias- y se promueve el número de teléfono 686-559-5800, extensión 4161, que enlaza a la institución pública del sector salud que brinda asesorías sobre el tema. El automóvil recorre las principales vialidades de Mexicali, en busca de ofrecer información a la ciudadanía.
En entrevista para ZETA, la diputada Michel Sánchez Allende comentó que los protocolos de atención no se encuentran actualizados, pero se está trabajando para que a partir de febrero se pueda tener toda la información en las instituciones de salud y confirmar que se cumple con todos los requisitos en la materia.
Sí bien las instituciones de salud local ya están cumpliendo con la reforma, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en las instituciones privadas, existe incertidumbre y falta de trabajo en los temas. De hecho, en instituciones como el ISSSTE, GIRE documentó casos de violencia obstétrica y ha tenido que acompañar a víctimas para solicitar reparación del daño.
Medina Amarillas consideró que la justificación del IMSS es que cuenta con un sistema totalmente saturado debido a la atención de pacientes por COVID-19 y personas que desean realizarse pruebas por la misma enfermedad. Sin embargo, tampoco se ha emprendido una campaña para concientizar a las instituciones privadas a cumplir con los lineamientos en caso de llevar a cabo dichas prácticas.
Sánchez Allende indicó que documentaron dos casos de mujeres a las que se les negó el servicio en las instalaciones del IMSS, lo que a su juicio podría generar una intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por obstruir el derecho de una mujer sobre su salud reproductiva. A raíz de ello, buscarán que la delegación informe sobre los trabajos y avances que realiza en la materia.
ZETA solicitó una versión a la delegación del IMSS, pero decidieron no emitir una postura ni desmentir los señalamientos.
REFERÉNDUM, UN ASUNTO DISCURSIVO: GIRE
Para Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia de GIRE, la propuesta del referéndum constitucional para dar marcha atrás a las reformas al Código Penal de Baja California, es un movimiento más discursivo de ideológico que un verdadero intento por dar marcha atrás a una reforma pues -como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación- la interrupción del embarazo es un derecho humano de salud reproductiva y no puede someterse a consulta.
El jueves 13 de enero, la Coalición de Grupos en Favor de la Vida y la Familia y otras organizaciones civiles, presentaron el comprobante de 38 mil firmas recabadas para solicitar un referéndum constitucional ante el IEE y así intentar revertir la despenalización antes de las 12 semanas.
En conferencia de prensa realizada a las afueras del edificio del IEE, Marcela Vaquera y Armando Salinas afirmaron que actualmente se vive un conflicto legal entre la Constitución de Baja California y el Código Penal, donde se puso por encima una Ley secundaria de la Carta Magna local.
Aseguran que el Artículo 7 constitucional protege la vida desde la concepción y este elemento debe respetarse en la entidad, por lo que presentarán denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para sancionar a personal de instituciones de salud y personas que lleven a cabo este tipo de procedimientos.
Ante la afirmación, la representante de GIRE aseveró que lo único que se intenta es mantener restricciones partiendo de mecanismos discursivos, cuando la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido claras al respecto.
“Lo más lógico es que todas estas constituciones locales no tienen implicación para el tema del aborto porque pueden convivir. Sí hay un interés jurídico por proteger la vida prenatal, no sólo trabajamos el tema del aborto, sino también su acompañamiento; es un bien jurídico el bien en gestación, que vale proteger, pero sólo puede pasar por el derecho de las mujeres embarazadas, no hay forma de proteger una vida en abstracto, si no es a través de los derechos de las mujeres”, refirió Lorea, quien agregó que en 2007, se implementó esta restricción de proteger “la vida desde la concepción” por parte de grupos conservadores como una medida para “frenar” el aborto en todas las entidades del país.
Tanto Sánchez Allende como Rebeca Lorea, coincidieron en que existen redes de acompañamiento para personas gestantes que ayudan a decidir, ya sea por concretar el embarazo, como por la interrupción del mismo, independientemente de las posturas y debates ideológicos que se lleven a cabo en los congresos o colectivos ciudadanos.
“Ya había retos y es una estrategia con avance, irse por el discurso y la narrativa para que este logro de despenalización se siga atorando en los hechos, porque la gente siga pensando que no se garantiza el servicio”, refirió la representante de GIRE, quien agregó que de consultar los Derechos Humanos, muy pocas personas gozarían de ellos.
Por su parte, la diputada panista Amintha Briceño Cinco presentó una iniciativa que tiene como objetivo proteger a los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos en instituciones públicas.
El comunicado de prensa hecho público por la bancada del Partido Acción Nacional, refiere que se debe proteger a “aquellos que se nieguen a practicar un asesinato, como ustedes lo llaman al aborto”, pues practicarles o no un procedimiento administrativo o penal, es de buena fe por parte de las autoridades, pero los deja en un estado de indefensión ante una denuncia de un superior o un ciudadano.
Ante ello, la regidora Michel Sánchez Allende aseveró que el discurso es meramente político, toda vez que dentro de la reforma publicada el 12 de noviembre, no existe un sólo apartado relacionado con sanciones a médicos, enfermeros o auxiliares que rechacen practicar abortos, pese a que la SCJN estableció que es una obligación del sector brindar los mecanismos para garantizar el acceso a la salud reproductiva mediante dicha práctica.
