Nueve feminicidios sin esclarecer

Feministas de BCS demandan mayor justicia y seguridad a las mujeres, están dejando de atender a este sector
Edición Impresa martes, 4 enero, 2022 12:09 PM

Aunque oficialmente las autoridades confirman cinco perpetrados en 2021, colectivos feministas exigen justicia para las mujeres de BCS

De acuerdo con diversos colectivos feministas en Baja California Sur, en 2021 hubo nueve feminicidios en La Paz y Los Cabos. Fueron mujeres brutalmente asesinadas, y en algunos de los casos, quemadas por sus victimarios.

“Llevamos contabilizados nueve feminicidios, con el ocurrido hace unos días; iniciamos con el feminicidio de Ana Luisa, que a la fecha lo siguen catalogando como homicidio doloso, no han avanzado en las investigaciones. Tenemos a inicio de año el feminicidio de Andrea, el de Maricarmen Monserrat, uno en Los Planes que ha sido clasificado como homicidio doloso, pero no tenemos el nombre; el de Annel en Cabo San Lucas, el de Ana Laura, que estos dos fueron con tres días de diferencia; también en Cabo San Lucas Nayeli y Leticia, y Rocío, que estamos viendo que les están prendiendo fuego a las casas con ellas dentro”, afirmó a ZETA Elena Estrella, representante de Colectiva Ellas Nos Faltan BCS.

Oficialmente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró cinco feminicidios hasta octubre de 2021, sin embargo, Colectivas Feministas refieren siete en ese periodo, nueve hasta diciembre.

En lo que va de administración de Víctor Castro Cosío, en casi cuatro meses se cometieron tres feminicidios, dos de ellos y con sólo unos días de separación. Las víctimas fueron quemadas dentro de su vivienda.

“Lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde en la investigación de los delitos, la procuración de justicia de las víctimas, se ha venido resolviendo prácticamente el 88 por ciento de los casos de feminicidio, están los responsables ante la autoridad judicial y prisión preventiva. En ese sentido, es lo que se viene haciendo en forma correctiva”, afirmó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado.

Para las familias de las víctimas, aparte de no recibir el tratamiento adecuado para atender la pérdida, falta que se aplique la Ley, ya que la justicia no ha llegado a los agresores.

Nayeli Guerrero, activista que fue asesinada y encontrada el 17 de octubre en San José del Cabo, su feminicidio se produjo por asfixia mecánica entre dos jóvenes

Lo peor de todo, es que algunos feminicidios ni siquiera han sido considerados como tales, por lo que las activistas han insistido -primero- para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aplique protocolos de actuación en razón de género, y -segundo- que haya justicia para los afectados.

“En el contacto que tenemos con los familiares, muestran impotencia, hay una impunidad así como lo vemos, enorme, es conocido que institucionalmente se han negado a aplicar el protocolo de investigación de delitos de feminicidio con perspectiva de género, el cual existe desde hace dos años, que establece que ante una muerte violenta, el Ministerio Público o las autoridades tienen el deber de acreditar cualquiera de estos ocho supuestos que contribuyen a las razones de género”, denunció Elena Estrella.

Las activistas lamentan que los mismos institutos fundados para defender a las mujeres y la familia, son los primeros en discriminar a las víctimas, revictimizándolas por no aplicar los protocolos adecuados.

“Hemos visto a autoridades que en entrevistas hablan, y me refiero a autoridades del Instituto de la Mujer, que no hablan de feminicidio; hablan de homicidio u homicidio doloso, cuando están iniciando las investigaciones, no están reconociendo, incluso en junio, cuando el Congreso exhortó a la procuraduría para que empezara a aplicar, no vemos resultados al respecto; también el caso de Daniela Lino sigue sin avanzar”, lamentó la representante de Colectiva Ellas Nos Faltan BCS.

Mientras el gobernador del Estado considera que el programa Tu Bienestar Nos Une reducirá la violencia y la delincuencia, la violencia en los hogares sudcalifornianos ha ido en aumento.

“Los niveles de violencia son resultado de la injusticia, esa condición local en la que vivimos, es un proceso de descomposición, no basta con que tengamos cifras y que cada vez estemos dando a conocer resultados, para nosotros también fue compartida la idea de todos, la necesidad de elaborar un programa social. Articular algo donde más delitos hay, es decir, las colonias donde más delitos hay”, expresaría el mandatario sudcaliforniano.

 

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

La justicia no ha llegado en todos los casos de feminicidio, hay algunos detenidos en espera de sentencia y otros asesinaron a la víctima y se quitaron la vida. Los datos preocupantes en los últimos casos, ambos en Los Cabos, advierten del incremento de la violencia contra las mujeres.

“Se jactan de que en el Estado y Municipio ha bajado la violencia, que es de las ciudades más seguras del país; se jactan también de la inversión que se hace en la seguridad del país, entonces, ¿dónde está? No invierten más que en muebles, en unidades móviles, pero no estamos teniendo personal realmente capacitado y certificado para que atienda nuestras demandas”, denunciaron Colectivas Feministas de Baja California Sur.

La tarde del 19 de noviembre, Leticia Espinoza, de 40 años. fue víctima del maltrato de su esposo Israel Rojas Gamiño. Hasta la calle San Charbel de la colonia Puerta Real en San José del Cabo, llegaron las unidades de emergencia, ya que sus vecinos denunciaron haber escuchado los gritos de auxilio de la mujer.

Daniela Paola Siqueiros Guevara, fue privada de su libertad el día 14 de diciembre del 2021 en la colonia Villas De Guadalupe en la ciudad de La Paz

Su pareja la roció de gasolina y le prendió fuego. En llamas, Leticia huyó de su marido y se resguardó en una habitación, mientras él se bañó en combustible y se auto incineró, falleciendo en el sitio. Leticia perdería la vida horas más tarde en el hospital, al sufrir quemaduras de segundo y tercer grado.

Una historia similar le ocurrió a Rocío en la colonia Costa Dorada, también de San José del Cabo, al mediodía del 2 de diciembre. Cuerpos de rescate acudieron a las calles Playa La Aguja entre Playa El Tambor y Playa Inocentes, donde se registraba un incendio.

Lamentablemente, dentro de la vivienda se encontró sin vida a la mujer, autoridades confirmaron que se trató de un incendio provocado, y que Ernesto “N”, pareja de la joven, trató de aparentar que se había tratado de una obra del crimen organizado, buscando eliminar toda evidencia con el siniestro.

“En Baja California Sur estamos la red de colectivos feministas manifestándonos de manera pacífica, pero exigiendo con toda la rabia y el dolor de nuestras almas por la injusticia e impunidad que hay ante los feminicidios. Baja California Sur es un Estado feminicida que, a pesar de tener tipificado el feminicidio de 2019, no quieren reconocer ni aceptar las denuncias por feminicidio y sólo las quieren ingresar como homicidio doloso. Estamos hartas, estamos indignadas, enojadas. Todas las mujeres exigimos justicia por todas y cada una las mujeres asesinadas y desaparecidas en Baja California Sur”, es el llamado de las colectivas feministas.

“Estamos en la lucha constante para que se haga justicia, exigimos que los feminicidas estén presos, que paguen por el feminicidio que hicieron”.

Las víctimas de feminicidio en 2021, así consideradas por Colectivas Feministas por la manera en que fueron asesinadas y la información recabada en medios, fueron:

Del 11 de septiembre de 2018 a la fecha, en BCS se han registrado 22 feminicidios difundidos públicamente. Pero no todas las historias han sido de impunidad:

Jesús Ernesto Chinchilla Coronado “El Chuy” y/o “El Salchicha”, feminicida de Daniela Lino Ramírez, fue capturado, revelaría la PGJE el 24 de agosto.

“Desde el proyecto Ellas Nos Faltan en BCS, acompañadas de Colectivas Feministas de BCS y ciudadanía, reconocemos la labor de la procuraduría en la detención del feminicida de Daniela Lino, sin embargo, exigimos que se imparta justicia pronta y expedita, y garanticen la no repetición de este delito a través de una sentencia condenatoria justa y ejemplar en contra de Jesús Ernesto ‘N’. No permitiremos que sigan obstruyendo el proceso y que lo vuelvan a dejar libre, exigimos justicia para Daniela Lino y todas las víctimas de delito en Baja California Sur”, reiteraron las Colectivas Feministas.

 

SIGUEN ABUSOS CONTRA MUJERES

La violencia en contra de las mujeres no cesa en Baja California Sur. A los feminicidios, se suma la desaparición forzada para causar daño. De momento, la PGJE sólo considera la desaparición como “persona no localizada”.

El 13 de diciembre quedó establecida la desaparición de Alejandra Guadalupe Jacinto Lucero, quien fuera privada de su libertad en La Paz.

De acuerdo con testigos, la joven de 31 años, complexión delgada, estatura de 1.60 metros, tez morena clara y cabello café oscuro, fue llevada a la fuerza a un rumbo desconocido. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla azul claro, tenis tipo Vans color negro y blusa del mismo color.

Como señas particulares, Alejandra tiene los siguientes tatuajes: un búho en la pierna izquierda, uno de tortuga en tobillo derecho, el nombre Sherlyn, cuatro estrellas en la nuca y la leyenda “Nadie Es Para Siempre” en brazo derecho.

Otro tipo de violencia que aqueja a las féminas, es la gubernamental. El 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, feministas convocaron a todas las mujeres que quisieran participar en la marcha del 25N.

Sin embargo, el mismo día, el Gobierno del Estado convocó a un evento “masivo” para conmemorar la fecha en el Malecón de La Paz, justo donde culminaba la marcha feminista.

El disgusto de Colectivas surgió cuando, a través de sus funcionarios, el gobernador Víctor Castro instruyó a su personal femenino que, de participar en la marcha feminista, lo hicieran con playera color naranja, vestimenta que utilizarían en su evento para conmemorar el día, y de alguna manera diluir el movimiento de mujeres.

“Repudiamos el acto de sabotaje a la protesta feminista por parte de instituciones del gobierno de Baja California Sur que ejercen violencia institucional, política y opresión a las mujeres que laboran en sus instituciones, impidiéndoles el derecho que tienen de protestar a título personal en la marcha que convoca la asamblea feminista de Baja California Sur, invisibilizando la lucha de las mujeres por la erradicación de la violencia a la mujer, convocando de manera incongruente a marchar en nombre de institutos e instituciones de gobierno. Curiosamente en los mismos puntos de encuentro que la asamblea feminista de Baja California Sur convoca, después cancela la marcha que convoca el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer y convocan a las mismas mujeres a escuchar la lectura que dará el actual gobernador respecto al día, y sí, obligando a las mujeres que laboran en su actual gobierno en total misoginia a ir en este día de lucha y liberación para todas nosotras a escucharlo a él”, detalla la denuncia de Colectivas Feministas de Baja California Sur.

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