Adela Navarro Bello. Twitter @adelanavarro
Lo primero es la incertidumbre. Después, la negativa, la sorpresa, el dolor, y al final, el coraje. ¿Por qué siguen matando periodistas en México? Aunque la interrogante debería ser: ¿Por qué no se contienen los homicidios en México? Y yendo más allá: ¿Por qué no hay justicia en este país?
En los últimos tres años, el promedio anual de homicidios dolosos en México supera las 30 mil ejecuciones. Es increíble lo que sucede en este país, donde impera la ley de las armas, la de la impunidad y la corrupción, que mantienen intactas a las estructuras criminales de los cárteles de las drogas.
No hay en el Gobierno de la República, una estrategia integral, pública, conocida, para contener a los cárteles de las drogas, aprehender a sus cabezas criminales, a los asesinos o a los traficantes. Cosa contraria, el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que fuese puesto en libertad un capo, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando la Policía Federal lo había capturado en Culiacán, Sinaloa en octubre de 2019.
Esa política de “abrazos, no balazos”, está llevando a México y a ciertas ciudades, a catalogarse entre las más violentas.
En el tema de los periodistas, la República Mexicana es de suyo, una de las naciones más riesgosas para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En los mismos tres años que han transcurrido de la administración de López Obrador, la Secretaría de Gobernación ha contabilizado 51 periodistas asesinados. Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista bajacaliforniano, fue el último.
Lo mataron por la espalda. Tres disparos a la cabeza acabaron con su productiva y comprometida vida. Deja en la orfandad a dos hijos, porque a un tercero se lo arrebataron violentamente hace algunos años.
Margarito era fotógrafo de nota policiaca. Llegaba antes que nadie a las escenas del crimen, y compartía sus oportunas imágenes con hartos medios de comunicación, con impresos, digitales, televisivos, nacionales e internacionales. Colaboró con producciones de la BBC, de Netflix, y también colaboraba con ZETA.
Un compañero como pocos, querido por muchos, generoso, sencillo, amable, cálido y siempre de buen humor. También siempre acompañado de su familia, testigos orgullosos de su trabajo, y también amigos de la mayoría de los periodistas bajacalifornianos, particularmente tijuanenses.
Quizá por eso, indigna más su asesinato.
La Fiscalía General del Estado, que está estrenando titular en la persona del joven Ricardo Iván Carpio, tiene una enorme responsabilidad: acabar con la impunidad, acceder a la justicia y disminuir los asesinatos en el Estado. Los periodistas, todos los que tuvimos el honor de trabajar, de convivir con Margarito, exigiremos al fiscal justicia.
No puede ser que otro asesinato de un periodista queden en la impunidad. Ya son muchos los que en esa condición cargamos en México y en Tijuana. Tan sólo en ZETA, tres que continúan en la impunidad. El asesinato de Héctor Félix en 1988, con autor intelectual impune. El atentado a Jesús Blancornelas y el homicidio de Luis Valero en 1997, en la impunidad total para el asesino intelectual y los asesinos materiales. Condición en la que también se encuentra el homicidio del licenciado Francisco Javier Ortiz Franco, hecho criminal que tuvo lugar en 2004.
Ninguno debería estar en la impunidad. En el caso de Félix, fue conocido, público y juzgado, que los empleados de Jorge Hank Rhon mataron al periodista y por ese crimen fueron sentenciados, y hoy en libertad, de nueva cuenta trabajan con el ex reo del penal El Hongo y no fue investigado como el autor intelectual del crimen.
En el caso de Blancornelas y Valero, fueron nueve sicarios del Cártel Arellano Félix los matones, que por entonces, estaban bajo las órdenes de Benjamín y Ramón Arellano Félix. El primero, preso por otros delitos, nunca juzgado por el atentado al periodista, al igual que los nueve asesinos; y el segundo, muerto en 2002 por balas oficiales.
Del mismo cártel, pero encabezado criminalmente por Francisco Javier Arellano Félix, salió la orden para asesinar a Ortiz Franco. Sin embargo, aunque este fue un hecho relevante parala Fiscalía del Distrito Sur de San Diego, California, en México no se le sigue un proceso al menor de los Arellano por ese homicidio, mientras los asesinos materiales permanecen también en la impunidad.
En el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, el arma utilizada perteneció a una célula asesina del Cártel Jalisco Nueva Generación y fue usada para matar a cinco personas en 2020. En la FGE tienen la información y en custodia a los asesinos de esas personas. Cuentan, pues, con materia para investigar y encontrar al o los asesinos del periodista bajacaliforniano. Se les exigirá justicia.
Nosotros, los periodistas de Baja California, estamos de luto, y la sociedad bajacaliforniana, tendrá menos visión de lo que sucede en términos de inseguridad en la ciudad. Margarito Martínez ya no retratará con su lente, la cruenta y sangrienta realidad que se vive en Tijuana, particularmente en la colonia donde vivía y hasta donde fue a seguirle, a acecharle, su o sus asesinos.
Cuando un periodista es asesinado, perdemos todos. Su familia a un ser amado, sus compañeros a un fotoperiodista comprometido, la sociedad a un observador y propagador del contexto en que vivimos.
Estos días han sido de muchos sentimientos, de mucho dolor y coraje, de ver una vida arrebatada; unos jóvenes que ya no serán formados por su padre; una mujer, María Elena, que vivirá sin su otra mitad. Y una autoridad, que, al pasar de los días, sigue sin informar quién o quiénes, son los asesinos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, que en paz descanse.
