A partir de una resolución de la Suprema Corte y una más del Tribunal Electoral con la que se vinculó a la Secretaría de Hacienda para que atienda una posible solicitud del INE de ampliación presupuestal, el organismo acordó reanudar las tareas encaminadas a la celebración del ejercicio de participación ciudadana. Es “altamente probable” que el Instituto solicite mayores recursos, refiere a ZETA vocal ejecutivo. BC, entre los últimos lugares de recolección de firmas para efectuar la consulta
A partir de dos sentencias con las que el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a continuar con los preparativos para llevar a cabo una eventual consulta de Revocación de Mandato, el organismo público aprobó un acuerdo el 30 de diciembre de 2021, en aras de reanudar el proceso tras haberlo pospuesto bajo el argumento de enfrentar una “insuficiencia presupuestal”.
Es así que el 3 de enero de 2022, en las 32 entidades federativas, se instalaron los consejos locales integrados para organizar el ejercicio de participación ciudadana y el lunes 10 se instalarán los distritales; actividades que, entre otras, habían quedado aplazadas por disposición del Consejo General del Instituto.
El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, refirió que las dos resoluciones jurídicas “abren nuevas vías” para que el INE “pueda explorar lo que ha sido una demanda legítima, contar con los recursos por parte de las instancias competentes (Cámara de Diputados y Secretaría de Hacienda y Crédito Público) para poder realizar una Revocación de Mandato en los términos que establece la propia legislación”.
Originalmente el INE solicitó “3 mil 830 millones de pesos” para celebrar la consulta (siempre y cuando se cubra el requisito de obtener 3% de firmas de apoyo de la Lista Nominal en 17 entidades). Sin embargo, a raíz del recorte que la Cámara de Diputados impuso al Instituto para el ejercicio fiscal 2022, Córdova Vianello afirmó que “dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa”, el órgano electoral quedó imposibilitado de proceder con la jornada nacional “conforme a la Ley”.
De ahí que el 17 de diciembre, miembros del Consejo acordaron “posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del presidente de la república electo para el período constitucional 2018-2024”, pues a base de “esfuerzos de ajuste” y “metas de ahorro”, el INE concretó “una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos”, que consideró “insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia”.
A propósito del Acuerdo, que contó con seis votos a favor y cinco en contra, el INE planteó que la Cámara de Diputados, con base en el Artículo 74 constitucional, modificara o ajustara el Presupuesto de Egresos, o que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyera a la Secretaría de Hacienda a generar “al INE las ministraciones necesarias”, en el ánimo de proseguir con las tareas tendientes a desarrollar el ejercicio participativo.
Ello provocó que la Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, Sergio Gutiérrez Luna, interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que López Obrador, los partidos Morena y del Trabajo, así como ciudadanos, presentaran “juicios y recursos de apelación ante la Sala Superior del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”.
La Comisión de Receso de la SCJN, a cargo de las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yazmín Esquivel Mossa, admitió a trámite el recurso interpuesto el martes 21 de diciembre por Gutiérrez Luna, resolviendo “conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de Revocación de Mandato del presidente de la república” y estableció que el presupuesto de mil 503 millones de pesos constituía “un indicador de viabilidad financiera”; resolución de la cual dio cuenta el miércoles 22 de diciembre.
En tanto, el 29 de diciembre, el TEPJF determinó unánimemente “revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de que este Instituto explore otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de Revocación de Mandato y garantizar la participación ciudadana”.
En cuanto al recurso presentado por López Obrador, la Sala Superior desechó la demanda -a propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera-, pues “el presidente de los Estados Unidos Mexicanos no cuenta con legitimación activa que lo faculte para cuestionar el Acuerdo emitido por el Consejo General del INE”; la última instancia jurisdiccional en materia electoral dio detalle de que AMLO “no participó como autoridad responsable ni demostró en su demanda alguna supuesta afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones”.
El TEPJF informó que la Sala Superior “desechó otras impugnaciones presentadas por diversos ciudadanos por carecer de interés jurídico”, en razón de que el Acuerdo impugnado aún no surtía sus efectos jurídicos “de manera que pudiera implicar una afectación a sus derechos”.
El recurso de apelación presentado por Morena y PT sí “cumplió con los requisitos de procedencia”, habida cuenta de que “el Consejo General del INE no tiene atribuciones ni causa justificada para posponer o interrumpir el proceso de Revocación de Mandato, considerando la etapa en que se encuentra y la existencia de mecanismos para solventar una posible insuficiencia presupuestal”, estableció la Sala Superior.
En alusión a las herramientas para hacer frente a la presunta falta de presupuesto, la instancia jurisdiccional indicó que “la Constitución y la Ley (en la materia) establecieron que, para celebrar el proceso de Revocación de Mandato, (el Instituto) debe atender a la disponibilidad presupuestaria actual o subsecuente y, en su caso, realizar los ajustes necesarios”.
En congruencia con ello, instruyó al órgano electoral a que “de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones necesarias ante la SHCP para solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo de dicho proceso”.
A la par, vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “para que, en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso”.
Córdova Vianello mencionó que con ambas sentencias hay cabida para que el Instituto obtenga recursos suficientes para organizar la consulta. Recordó que, en caso de no obtenerlos, conforme a lo dispuesto por la Comisión de Receso, el organismo estaría abocándose a los preparativos correspondientes con los mil 503 millones de pesos de que dispone.
Aseguró que el INE tiene como meta “cumplir a cabalidad las características del ejercicio establecidas en la Ley”, y anticipó que, de no contarse con el presupuesto idóneo, pudieran instalarse menos casillas. De cualquier modo, “habrá Revocación de Mandato si así lo piden las y los ciudadanos”, asentó.
“ALTAMENTE PROBABLE” REQUERIR AMPLIACIÓN A SHCP: VOCAL EJECUTIVO
La vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, María Luisa Flores Huerta, mencionó que la probabilidad de que el INE solicite una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar una posible consulta de Revocación de Mandato es alta.
“Ese trabajo lo está realizando ya la propia Dirección Ejecutiva de Administración, obviamente con la determinación directa del propio Consejo General al respecto”, reveló, y dijo que “en próximos días” se estará dando a conocer a qué determinación se llegue.
“Yo creo, anticipándome a los resultados que presente la Dirección, que es altamente probable que esta solicitud se haga derivado de que hacen falta los recursos que se necesitan para la Revocación de Mandato, y evidentemente bajo el ejercicio previo que ya ha hecho el Instituto, no se vislumbra posible que se puedan obtener de los recursos que se tienen, porque hay otras responsabilidades constitucionales que cumplir”, manifestó en entrevista con ZETA.
Sobre la labor emprendida por el Instituto con anticipación, precisó que se trata de los esfuerzos de ajuste y metas de ahorro con los que se pudo consolidar una bolsa de mil 503 millones de pesos.
“Como tal el ejercicio ya fue realizado, sin embargo, cumpliendo la sentencia se está volviendo a hacer una revisión para saber en qué sentido se haría el planteamiento a la Secretaría de Hacienda”, remarcó.
“Hay que tomar en cuenta para esta solicitud, que tiene que ver con la determinación de que se cumpla el requisito del apoyo ciudadano, que todavía se está trabajando al respecto”, expuso.
En referencia a la verificación de firmas de apoyo, recordó que de las más de 11 millones que se recibieron (con plazo hasta el 25 de diciembre) se habían validado 60% (un millón 660 mil 011, de 2 millones 758 mil 227 requeridas).
También resaltó que “un poco más de 10 entidades están cumpliendo con el porcentaje” requerido. “Creo que es importante resaltarlo porque se está avanzando”, observó.
Según informó el INE: “La Dirección Ejecutiva del Registro entregará a la Secretaría Ejecutiva del Instituto el informe final de verificación del porcentaje de firmas requerido para convocar a la RM (Revocación de Mandato) a más tardar el 03 de febrero de 2022”.
María Luisa Flores Huerta puntualizó: “Si sucede que se llega al porcentaje sin haber abarcado la revisión de los 11 millones, no es necesario llegar a más, y en ese momento se puede anunciar que se ha cumplido este porcentaje y se trabajaría en la convocatoria”. De convocarse a la consulta, esta tendría lugar el 10 de abril.
El 3 de enero, Flores Huerta rindió protesta como presidenta del Consejo local del INE integrado para llevar a cabo las tareas encaminadas al ejercicio de participación.
La entrevistada destacó que, con la instalación de los consejos locales y distritales, “inician todas las facultades que (esos grupos de trabajo) tienen de estar cerca y de manera directa viendo la ejecución de las actividades, como será la examinación a los lugares donde se ubicarán las mesas directivas de casilla, como será dar conocer todas y cada una de las cosas que tengan que ver con la integración”. Ello siempre y cuando la concentración de firmas obligatoria se logre.
“Por lo demás estamos ya como en un proceso electoral, es decir, dando seguimiento a todas las actividades, ya la Junta presentará la propuesta de listado de ubicación de casillas que se tiene y el seguimiento a todos los trabajos del reclutamiento de las personas que capacitarán a las y los funcionarios que integrarán la mesa”, afirmó.
“De aquí en adelante, de concretarse que el apoyo ciudadano precisamente se cumplió y emitirse la convocatoria, implicará el seguimiento a la documentación, a los materiales electorales y a todo lo que tenga que ver con el proceso de Revocación”, remataría la funcionaria del INE.
BC, EN ÚLTIMOS LUGARES DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS
Conforme al Estadístico General de Dispersión por Estado para la Revocación de Mandato 2021-2022, para el 4 de enero, Baja California se encontraba en 10.83% de firmas de apoyo recabadas en el ánimo de que proceda organizar el ejercicio de participación ciudadana, siendo que se requieren 85 mil 876 (lo cual constituye el 3% de la Lista Nominal, compuesta de 2 millones 862 mil 543 ciudadanos).
Sólo por debajo de esta entidad se encontraban Michoacán (9.31%), Oaxaca (9.25%), Chihuahua (8.48%), Sinaloa (8.46%) y Jalisco (8.31%).
En cambio, como entidades con mayor número de apoyos recabados y con “porcentaje alcanzado respecto del requerido”, se ubicaron Aguascalientes (111.90%), Baja California Sur (113.99%), Campeche (165.20%), Colima (103.87%), Ciudad de México (225.70%), Hidalgo (123.53%), Morelos (113.01%), Nayarit (108.02%), San Luis Potosí (128.64%), Tabasco (249.60%), Tlaxcala (132.32%) y Zacatecas (125.44%).
