Transporte masivo en Ensenada: denunciado y en crisis

Fotos: Enrique Botello
Edición Impresa lunes, 20 diciembre, 2021 12:00 PM

Concesionarios no han podido cumplir a cabalidad el convenio firmado hace más de una década con el gobierno municipal; consideran el incremento a la tarifa, argumentando que la pandemia por COVID-19 los ha dejado en números rojos

 

En 2016, un grupo ciudadano interpuso una demanda colectiva en contra de tres empresas concesionarias de transporte masivo en Ensenada, reclamando el reembolso del 20 por ciento de las tarifas pagadas en el periodo de tres años.

En febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo directo 1/2021, en el cual la parte afectada alega que al utilizar unidades que exceden la vida útil de las mismas, se genera un daño a la colectividad.

“La parte demandada vulneró y afectó los derechos de la colectividad, al estar acreditado que presta el servicio público de transporte con más de trece años de antigüedad”, justifican los presuntos afectados.

El asunto legal escaló a la sede de ministros en un momento complejo para el sector de transportistas de Ensenada, que se ha declarado a punto de la quiebra tras dos años de pandemia por COVID-19.

Armando Gutiérrez Guerra, presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (UTIME), informó que los directivos denunciados son los de las líneas Rojo y Blanco, Amarillo y Blanco, así como Vigía.

Si bien, hay un trato de renovar el parque vehicular desde hace más de 15 años, también es verdad que han sufrido una fuerte crisis económica y, por lo tanto, en Ensenada las empresas operan al 53% de su capacidad total.

Incluso, los concesionarios tuvieron que dejar de pagar las letras de los contratos por las unidades tipo Sprinter, adquiridas a través de la agencia Mercedes Benz. Se atrasaron 14 meses y fue necesario realizar una reestructura del crédito donde los pagos mensuales bajaron, pero el monto por interés y los plazos aumentaron.

“Con todas las inversiones que teníamos proyectadas, tras la pandemia cayeron en una situación de impago abrupta”, calificó Gutiérrez Guerra.

De 19 mil pesos que pagaban en promedio por la mensualidad, les aumentó hasta 26 mil pesos.

Además de la depresión por la pandemia, añadió Gutiérrez Guerra, “no hemos logrado recuperar el abordaje, y bajo estas circunstancias es como trabajar un día sí y un día no, sin duda estamos en números rojos”, se precipitó.

No obstante, tiene esperanza de que el nuevo organismo estatal, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), mantenga las mismas políticas de acercamiento que el anterior administrador.

 

ANALIZAN AUMENTO DE TARIFA

Para hacer frente a la crisis económica, el 85% de las empresas transportistas en Baja California están en proceso legal para constituirse en una asociación civil.

“En el transporte masivo no somos permisionarios, sino concesionarios, queremos dejar claro que tenemos un horario establecido con rutas obligatorias, nuestras unidades dan vueltas por la ciudad haya o no gente”, explicó el presidente de la UTIME.

A través de la asociación, buscarán atraer beneficios económicos y así cumplir con los proyectos de la nueva administración estatal.

Algunas rutas tuvieron que desaparecer del mapa porque resultan incosteables para las empresas, como Piedras Negras, Once y Reforma, Granjas del Gallo y Bronce-Margaritas.

Otro de los problemas económicos que esperan resolver, es el de las refacciones, las cuales tienen un costo elevado por ser de agencia, además del diésel.

A la par, un grupo de transportistas informó que la Ley de Ingresos se aprobó de una manera agresiva, recaudatoria y fuera de todo contexto a la realidad económica que se vive.

En su opinión, los diputados no tomaron en cuenta lo que acaban de enfrentar con la pandemia.

La Ley de Ingresos clasifica las infracciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA). En Ensenada, este año se registraron tres casos de infracción cuyo costo fue de entre 32 mil y 33 mil pesos. En todos, los concesionarios alegaron y, por consiguiente, las multas fueron reclasificadas.

Se estima que en Ensenada hay 380 unidades en operación, cuando el total del parque vehicular es de poco más de 800 carros.

El dirigente indicó a ZETA que el aumento a la tarifa se determinaría a partir de enero, ya que “en diciembre comenzó a repuntar el tema del diésel y las refracciones debido al costo del dólar, y no sólo es eso; se cree que habrá una inflación a finales de enero, y aunque no podemos anticiparnos, ya estamos en una situación crítica por la pandemia y poca captación de usuarios”.

 

LEY DE MOVILIDAD CON “DEFICIENCIAS”

En la administración de Jaime Bonilla Valdez, las facultades del transporte masivo pasaron del Ayuntamiento al Gobierno del Estado, desde entonces se iniciaron las mesas de trabajo para la elaboración de la nueva Ley de Movilidad que, acorde con Armando Gutiérrez, exhibe “deficiencias”.

Afirmó que la transferencia administrativa al Estado ha sido muy difícil, “teníamos años de acuerdos de Cabildo y reglamentos municipales, desde Enrique Pelayo Torres, con Gilberto Hirata Chico, Marco Antonio Novelo Osuna, por el tema de la adquisición de unidades nuevas, y ahora seguimos con el gobierno de Armando Ayala Robles”, dijo.

“Vamos a ser incluidos, para hacerlo funcionar estamos nosotros con autoridades del IMOS, enlace con diputados, porque necesitamos que haya una modificación de la Ley de Ingresos.

No hay reglamentos municipales, aunque hay una Ley estatal no apegada a la realidad de Ensenada, agregó el dirigente de la Unión de Transportistas Independientes.

“No pueden visualizar a Ensenada como una ciudad de primer mundo cuando tenemos condiciones de tercer mundo, no hay infraestructura para las unidades, las calles tienen de 12 a 15 años de atraso en inversión”, especificó.

Durante un recorrido por la Zona Centro, usuarios del transporte fueron entrevistados por este Semanario sobre las condiciones de las unidades. Respondieron que sólo la línea Rojo con Blanco y Amarillo con Blanco, tienen camiones con modelos nuevos.

“Los camiones que no son de los nuevos –Mercedes Benz– se descomponen, tienen asientos rotos, y son la mayoría de los viajes que yo tomo del centro a la calle Cortez”, indicó el señor José.

Otros usuarios refirieron el riesgo de contraer COVID-19, al no tener los vehículos las condiciones de seguridad y los choferes el cuidado de la prevención, ya que algunas personas suben sin portar cubre bocas y no se ofrece gel antibacterial.

DENUNCIAN PERJUICIOS Y DAÑOS MATERIALES

El juicio colectivo inició el 15 de junio de 2016, ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California. La demanda se admitió y el juicio siguió sus cauces procesales.

En una de las instancias, se desechó el procedimiento porque, aun cuando las unidades se usaron sin cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos, los denunciantes no demostraron el daño material causado a la colectividad, lo cual no sucedió.

La ministra Margarita Ríos Farjat tiene a su cargo la denuncia colectiva por perjuicios derivados de la deficiente prestación del servicio de transporte público en Ensenada, los cuales se cuantifican en ejecución de sentencia del 20% de las cantidades pagadas por cada uno de los usuarios que forman parte de la denuncia, durante los tres años y medio anteriores a la presentación de la demanda hasta la fecha en que se retiren las unidades que no cumplen con los requisitos de antigüedad, dejando tal liquidación para la ejecución de sentencia.

La demanda tiene años, y aunque hay amparos que han resuelto en contra de la petición de los usuarios, estos han apelado las sentencias hasta llegar a ese nivel.

Desde el 15 de marzo de 2006, el gobierno municipal y los transportistas celebraron un acuerdo para la modernización del servicio público y fijación de tarifa. La intención fue brindar un mejor servicio con la antigüedad máxima de las unidades destinadas al servicio de transporte público, que podía ser de trece años para microbuses y quince años para autobuses.

Sin embargo, los vehículos utilizados se encuentran en mal estado y presentan fallas mecánicas que evidencian una falta de mantenimiento adecuado, aunado a que no cumplen con el parámetro de antigüedad establecido en el acuerdo referido, como indican los testimonios.

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