*Afirmó que la gobernadora de Baja California se ha mostrado “muy receptiva” en materia presupuestaria.
*Anticipó que para 2022 el Poder Judicial sólo solicitará recursos necesarios para cubrir gasto corriente
El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, se dijo confiado en que la nueva administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, le entregará “un presupuesto real” al Poder Judicial para el ejercicio 2022, luego de que durante los últimos tres años se le ha otorgado la misma partida de mil millones de pesos.
“El presupuesto del Tribunal que se nos entregó el año pasado es de mil millones de pesos, son los famosos mil millones, que tenemos tres años que nos lo otorgan, pero obviamente es un presupuesto insuficiente”, indicó el magistrado este lunes 6 de diciembre.
Recordó que a mediados de año expuso ante el Congreso del Estado que “la pura nómina del Poder Judicial es de mil 003 millones de pesos”; de manera que con el monto total otorgado ni siquiera alcanzaba para pagar por ese concepto, agregó.
Según explicó, en vista de que el presupuesto del gobierno del estado es de 60 mil millones de pesos lo que le corresponde al Poder Judicial constituye 1.7 de cada peso que ejerce la administración estatal. “No puedes tener un sistema de justicia eficiente si solamente le dedicas menos de dos centavos de cada peso que gastas”, señaló.
Expuso que el gobierno del estado debe concientizar que el Poder Judicial no genera recursos. Remarcó que “si tú duplicas el costo de las copias certificadas, si tú cobras por los exhortos, hasta el mero estacionamiento, es un tema muy sensible para los abogados”.
Admitió en el órgano público se ha buscado la forma de obtener recursos incluso “con el servicio médico forense”. Actualmente se lleva a cabo “un estudio de todo ello”, informó. No obstante, “el Tribunal tampoco se debe dedicar a buscar recursos, sino que se debe dedicar a administrar justicia”, dijo.
Fragozo López saco a colación las comparecencias que emprendió ante el Congreso del Estado en un afán de solicitar ampliación presupuestal. Asentó que habiéndose logrado “unas cuatro ampliaciones durante el año”, fue posible sacar adelante “el ejercicio totalmente con servicios personales, como con el gasto operativo”.
Sin embargo, ese tampoco es “el trabajo del presidente del Tribunal”, advirtió.
De cualquier manera recalcó que puso en la mesa de discusión el tema con Ávila Olmeda. “Es muy receptiva, quiere apoyar al Poder Judicial, me lo ha mencionado en múltiples ocasiones, tenemos cerca de 30 años que no llegaba un abogado, un poco más de 30 años, que no llegaba un abogado a gobernador, entonces le entiende a esto, trabajó en un tribunal, entonces estoy convencido de que nos va a apoyar, sí me lo ha dicho, recibió el estado en condiciones muy complicadas económicamente, sí me lo ha mencionado, pero yo creo que con voluntad lo podemos hacer”, indicó.
Refirió que “una muestra de buena voluntad” de la mandataria estatal sería que le entregara al Poder Judicial presupuesto con el que se pudiera solventar el gasto corriente.
Posteriormente, “en el siguiente año, en el 23, empezar a crecer y buscar cómo llegar a la ciudadanía”, expuso.
Comentó que cuando arribó a la presidencia del TSJ Baja California no contaba con centros de convivencia familiar y las visitas supervisadas de progenitores a menores de edad tenían que llevarse en establecimientos de comida rápida con la presencia de “personal profesional o de un juzgado o psicólogos o trabajadores sociales”.
Relató que en Mexicali una diputada donó un edificio, en el que se instauró un Centro de Convivencia Familiar. “En Tecate, algo similar, lo echamos andar”.
Agregó que en la capital bajacaliforniana se está construyendo uno más, el cual “en teoría lo tienen que entregar el mes de febrero”.
Tratándose de Tijuana, estableció que el Poder Judicial había hecho un convenio con el DIF municipal, en la administración de Karla Ruiz Macfarland, pero toda vez que hubo cambio de gobierno, se deben llevar a cabo las gestiones para habilitar un Centro en este municipio.
Alejandro Fragozo López estuvo como invitado especial en sesión del Grupo 21 Tijuana. Por lo que respecta a la implementación de la reforma laboral en Baja California, afirmó a pregunta expresa de ZETA que ello incrementará el presupuesto para el Poder Judicial en 40 millones de pesos “únicamente para gasto operativo”.
Aclaró que lo estipulado para cubrirse con ese monto “no incluye instalaciones nuevas”, de modo que se dispondrá de espacios con los que ya se cuenta. “Vamos a estar al límite, al tope en cuanto a dónde los instalamos”, manifestó.
De ahí que, “si queremos crecer”, se requiere contar con “unas solas instalaciones”, remató.
