En relación con la nota publicada en la sección “Hechoz” en la edición del pasado 26 de noviembre del año en curso, me permito precisar en vía de aclaración, lo siguiente:
1.- Cuando sucedió mi detención por autoridades norteamericanas, en julio de 2010, no fue al cruzar la garita, sino al concluir una reunión que como director de Enlace Internacional de la entonces PGJE, de la que era titular Rommel Moreno, fui convocado en las oficinas de la Policía de San Diego con personal de esta dependencia y de otras entidades policíacas.
2.- Posterior a mi arresto, al ser presentado ante el Juez, en todo momento sostuve mi inocencia de los delitos imputados que eran específicamente dos cuando me desempeñaba como titular de la Unidad Orgánica contra Homicidios Dolosos (UOHD) en la zona costa: a) presunta conspiración por intento de lavado de dinero, y b) proporcionar información a un cártel delictivo “que tal vez” habría podido ser de su utilidad.
Al respecto, preciso: nunca se acreditó la existencia de dinero alguno del que hubiera la intención de “lavar”, como tampoco se acreditó -como tendenciosamente se asienta en la nota que aclaro- que hubiera proporcionado información que tal vez podría haber ayudado a miembros de un grupo delincuencial “para que evadieran un arresto por un doble asesinato”, puesto que como obra en el expediente de culpabilidad, esa información derivó de una mala traducción de conversaciones interceptadas que por lo mismo fueron tergiversadas.
Reitero e insisto: en todo momento sostuve mi inocencia, consciente de que nunca cometí delito alguno durante los 14 años que llevaba trabajando en dicha dependencia hasta ese momento.
3.- Dentro del material probatorio que la Fiscalía de EE.UU. aportó para sostener la acusación en mi contra, estaban diversas llamadas realizadas vía Nextel de mi número particular a un número en específico, que pertenecía a un integrante de un grupo delincuencial que realizaba sus actividades en la ciudad de Tijuana. En todo momento sostuve que, efectivamente, yo tenía comunicación con dicha persona a quién tenía catalogado como informante de la PGJE por mi conducto, puesto que me proporcionaba de motu proprio -o a petición del suscrito- información relacionada con actividades delictivas realizadas en esas fechas.
De esta situación tenía conocimiento pleno el entonces titular de la PGJE, Rommel Moreno, puesto que mi dependencia jerárquica era directa y exclusivamente con él, y a quien siempre mantuve informado a detalle. Al respecto, comentaré dos asuntos de los diversos que hubo:
- a) En ocasión de la detención de cuatro integrantes de delincuencia organizada por el delito de secuestro, recluidos en las celdas de la UOHD en diciembre de 2008, recibí del informante el dato de que integrantes de la banda a la que pertenecían los secuestradores intentarían rescatarlos de las celdas ministeriales. Al tener dicha información y ante la gravedad del asunto (tanto por la peligrosidad de los detenidos como de la noticia del rescate), y a sabiendas de que la capacidad de respuesta policíaca de la UOHD era limitada en comparación con la capacidad de fuego de la delincuencia organizada, vía telefónica me comuniqué con el procurador Rommel Moreno para hacer de su conocimiento lo anterior, solicitando se comunicara con el Comandante de la Policía Ministerial en Tijuana, Gral. Florencio Cuevas, para que éste enviara con carácter de urgente apoyo de las diversas unidades de investigación para custodiar las instalaciones y al personal ministerial.
Minutos después el titular me regresó la llamada, haciéndome del conocimiento que el Gral. Cuevas le había dicho “dígales a los agentes de homicidios que no sean niñas y que hagan frente”. Pocos minutos después, como fue del dominio público entonces, las oficinas de la UOHD fueron rafagueadas con armas de grueso calibre, resultando heridos 4 elementos al haberse repelido la agresión, sin que los secuestradores lograran ser rescatados, lo que de inmediato hice del conocimiento del procurador. La información dada por el informante había resultado veraz.
- b) En ocasión del homicidio del empresario Rafael Fimbres en el mes de enero de 2009, y ya laborando en el área de Enlace Internacional, el procurador Rommel Moreno se comunicó con el suscrito, diciéndome que tenía al gobernador y a los empresarios “encima” por dicho homicidio, urgiéndole su pronto esclarecimiento y que contactara al informante para obtener información, lo cual hice inmediatamente después.
Este mismo me dio datos de quiénes habían realizado el homicidio -integrantes de su grupo delictivo quienes actuaron por cuenta propia para el robo del vehículo de la víctima y sus pertenencias-, pactándose la entrega de los homicidas (dos mozalbetes de 23 y 20 años) y el arma homicida (que además resultó vinculada a cinco homicidios más) a la PGJE vía la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Posteriormente fueron consignados y sentenciados, lo cual es del dominio público. Otra vez, la información dada por el informante resultó veraz.
Esta es la verdad de los hechos. Y a las pruebas me remito.
4.- Me vuelvo a centrar en la imputación del gobierno de EEUU: presunta conspiración de intento de lavado de dinero, y proporcionar información a un cartel delictivo “que tal vez” habría podido ser de su utilidad.
Respecto del lavado de dinero, en el caudal probatorio nunca hubo indicio o prueba suficiente que acreditara la existencia de dinero alguno por “lavar”; y en cuanto a proporcionar información que habría podido ser de utilidad para un cártel delictivo siempre sostuve que mi relación con un integrante de ellos fue -siempre y en todo momento- en su calidad de informante de la PGJE de lo que tenía conocimiento pleno y absoluto el titular Rommel Moreno.
Así las cosas, tenía la necesidad legal de que el procurador rindiera testimonio judicial en EEUU -primero escrito y luego oral- y jamás accedió a ello, no obstante que en múltiples ocasiones se insistió para lograrlo tanto por mi abogado defensor en EE.UU., Patrick Q. Hall como diversas personas que eran conocidas tanto por el suscrito como por Rommel Moreno.
Mi defensor nunca fue recibido por el procurador, ni en persona ni en llamada telefónica, y una de mis amistades que pudieron entrevistarse con él (de quien solo proporcionaré las iniciales de su nombre: PRLP) pudo hablar con Rommel Moreno de manera personal dentro de una oficina de las instalaciones de la CANACO Tijuana, en donde el procurador había concluido un evento, y le dijo en tono casi suplicante para justificar su negativa: “es verdad lo del informante, pero no, no puedo testificar porque me tienen con las manos amarradas”, precisando que así lo tenían tanto el entonces gobernador Osuna Millán como Blake Mora, secretario de Gobernación.
5.- Así las cosas: ante la negativa de Rommel Moreno a testificar la verdad en relación con el informante, lo que era absolutamente necesario e imprescindible para comprobar mi inocencia, mi abogado Patrick Q. Hall me planteó el siguiente escenario:
El lavado de dinero no se acredita, pero si tu superior (Rommel Moreno) no testifica y acredita la calidad de informante del delincuente, es muy probable que el jurado te declare culpable, pues estás siendo juzgado en San Diego en donde todos tienen conocimiento de los cárteles mexicanos de droga y en donde los jurados son ciertamente influenciables por las propias autoridades. Y me puso un ejemplo. Literal es como apostar todo tu dinero en una sola mano en Las Vegas: o ganas mucho o pierdes todo. Solo que aquí, si pierdes, la condena puede ser por 30 años sin libertad anticipada.
En contraposición, me presentó la posibilidad de negociar con la fiscalía una declaración de culpabilidad con prisión de siete años. Y no podía correr el riesgo de estar 30 años separado de mi familia por un delito que no había cometido. Fue así que me declaré culpable, aun estando plenamente consciente de que no había cometido delito alguno.
6.- La nota que aclaro en esta vía también señala que nunca fui procesado en México y que estoy impune “en el país en que cometió los delitos”, y aquí preciso tan calumniosa y difamatoria afirmación editorial: nunca he sido juzgado en territorio nacional por la simple y sencilla razón de que nunca he cometido delito alguno; y si fuera sujeto de investigación ministerial alguna colaboraría con la autoridad plenamente a sabiendas que, a diferencia del proceso judicial seguido en mi contra en EE.UU., aquí sí tendrían el deber de declarar todos aquéllos que se vieron involucrados en los hechos que he narrado con antelación.
Entonces, al haberme declarado culpable en EE.UU. (en una decisión personalísima que previamente he explicado), al no haber estado y al no estar sujeto a procedimiento de investigación alguno por parte de autoridades mexicanas, no existe ningún impedimento legal para el ejercicio de mi profesión, la abogacía, tanto en la práctica privada o en el servicio público.
No obstante, a raíz de la tendenciosa publicación que hoy aclaro, me fue solicitada la renuncia en la responsabilidad que tenía en una dependencia estatal, por lo que ahora me dedico al ejercicio libre de mi profesión con la frente en alto, las manos limpias y la conciencia tranquila; en comunión con mi familia, quien en todo momento ha estado conmigo de manera inquebrantable.
Si el procurador Rommel Moreno no hubiera sido tan pusilánime (falto de valor para tomar decisiones y para afrontar situaciones comprometidas) en estos hechos, y hubiera declarado la verdad que aquí expongo, no habría sacrificado siete años de mi vida admitiendo un hecho delictivo del que jamás fui parte.
Esta es la verdad de los hechos. Y a las pruebas me remito.
Atentamente,
Lic. Jesús Quiñonez Márquez.
Tijuana, B.C.
