Jaime Bonilla Valdez no había cumplido un mes al frente del gobierno de Baja California, cuando a finales de noviembre de 2019, se destapó el caso que definió su administración. Tres de sus secretarios y colaboradores del primer círculo, estaban inmiscuidos en una trama de corrupción que implicaba solicitar moches a empresarios, con la promesa de entregarles contratos una vez en el gobierno.
De dos de los implicados, y posteriormente mínimamente investigados, se deshizo el gobernador en los siguientes tres días: de quien fue la secretaria de Bienestar, y de quien había ocupado durante semanas la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en cuyas oficinas personales había dado lugar la corrupción.
Al tercero, Bonilla lo protegió hasta el final. Se trata de Amador Rodríguez Lozano, quien ya tiene programa en la televisora del ex gobernador y fue señalado, junto a los otros dos, de haber recibido más de 25 millones de pesos a cambio de los contratos.
Por obvias razones, porque el gobierno apenas iniciaba y la Fiscalía General del Estado estaba -y está aún- en manos del compadre de Bonilla, los empresarios que contribuyeron con el moche se quedaron callados. No aportaron información a la investigación, si participaron en la licitación por los contratos, pero ya no se los dieron, hubiera sido mucha desvergüenza del gobierno.
A la fecha, el expediente está congelado en la FGE y los tres ex funcionarios permanecen en la impunidad, a pesar que el caso se develó cuando un colaborador de uno de ellos transportaba millones de pesos en efectivo de Mexicali a Tijuana, y fue descubierto por elementos del Ejército Mexicano que luego del incidente fueron cambiados de adscripción.
Por alguna razón, Bonilla protegió a Rodríguez Lozano, a quien ahora alberga en sus oficinas privadas, las cuales -por cierto- amplió la constructora del gobierno, Makro, sin que a la fecha se haya investigado de manera apropiada ese conflicto de intereses entre ex mandatario y desarrolladora.
Hace unos días, un hombre de las confianzas de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y de su secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Jorge Salazar, fue detenido por agentes estatales que cuando lo revisaron, le descubrieron más de 200 mil pesos en efectivo y mil dólares en billetes verdes. No pudo en ese momento, acreditar la procedencia lícita del efectivo, además, manejaba una camioneta balizada, con torreta de policía y encendida.
Ambos hechos, la portación de efectivo sobre el cual no puede comprobar la licitud de su procedencia y conducir un vehículo balizado, constituyen delitos del orden federal. Por ello, el caso está en la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en Tijuana.
Al momento de su detención, el funcionario Jesús Gabriel Sánchez Farfán, con cargo de base en el Congreso del Estado, pero laborando como secretario particular de Salazar, mintió por lo menos en una ocasión, al asegurar a los elementos del Estado, ser familiar de Fernando Sánchez González, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, con la intención que los oficiales lo dejaran ir libre, con su efectivo y su camioneta modificada para aparentar pertenecer a una corporación policíaca.
También intentó salir del brete en el que se metió, presentando la credencial de su jefe, para charolear a los agentes estatales y le dejaran ir. Al final, lo intentó con su cargo de secretario particular, pero nada funcionó. Sólo le faltó decir que era persona de confianza de la alcaldesa, pero no se atrevió.
En la revisión del resto de sus pertenencias, en el teléfono celular le fueron encontrados mensajes que implicaban otro tipo de transa. Como ser contactado para ser facilitador entre un proveedor “de lo que sea” y el secretario general del Ayuntamiento, a cambio de un moche. Quizá por ello, entre otras declaraciones que dio a los agentes para intentar que fuese dejado ir, también les justificó que el efectivo que cargaba era de él y de su jefe, o sea de Jorge Salazar, producto de “unas transillas”.
El dinero en efectivo y la unidad balizada, permanecen en posesión de la FGR Delegación Baja California, y las investigaciones han iniciado. Sánchez deberá acreditar el origen lícito del dinero, pero no puede justificar el vehículo balizado. Por lo menos, un delito sí cometió.
Pero aun en este entorno, la alcaldesa de Tijuana ha protegido a Sánchez Farfán. Le ha permitido regresar a su puesto de secretario particular, le mantiene en la nómina, al tiempo que en Sindicatura Municipal no hay investigación contra él, evidentemente, consentido funcionario del poder municipal.
En una de las pocas declaraciones que la alcaldesa hizo al respecto, pues ha intentado no hablar del tema, justificó que el efectivo que transportaba Sánchez era acorde a su nivel de ingresos. Desde el 30 de septiembre, cuando tomó posesión Caballero, y Jorge Salazar y Gabriel Sánchez Farfán se integraron a la nómina, han transcurrido seis quincenas, tres meses.
De acuerdo con la página de Transparencia, Sánchez Farfán tiene un sueldo de 37 mil pesos mensuales, considerando que le pagaron desde el primer día, a la fecha habría cobrado 111 mil pesos, es decir, ni siquiera ahorrando la totalidad de su sueldo, sin pagar alimentos, ni vestido, ni renta (pues no tiene ningún bien inmueble, según el Registro Público de la Propiedad), ni gasolina para su camioneta balizada, Sánchez Farfán habría logrado percibir los más 200 mil pesos y los mil dólares que le fueron incautados, cuando de momento, no pudo acreditar la legal procedencia del dinero.
Llama la atención la benevolencia que la alcaldesa Caballero está teniendo para con el secretario particular de su secretario del Ayuntamiento, pues la probable comisión de dos delitos (transportar dinero del cual no puede acreditar su lícita procedencia y conducir una unidad balizada) sería suficiente sospecha no sólo para ordenar que se abriera una investigación en el ámbito municipal y Sindicatura, sino para retirarlo del cargo en tanto se deslindan responsabilidades.
Pero Montserrat Caballero, como en su momento Jaime Bonilla (aunque en su caso eran secretarios, no asistentes de secretarios), está protegiendo a quien se descubrió violentando la Ley y con la sospecha de corrupción. Además, con ello está permitiendo que la acción de un tercero perjudique la percepción que se tiene de su gobierno municipal.
Ahora sí que la protección de uno, a cambio del prestigio de la institución que encabeza. ¿Por qué?
