La definición de cómo se realizará la consulta popular para la revocación de mandato está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el máximo tribunal judicial llegó el tema, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara, ante esa instancia, una demanda de controversia constitucional contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
El conocido como PEF 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, y en el mismo documento, los diputados federales aplicaron un recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos al INE sobre lo solicitado por el Instituto.
En ese recorte consideraron al órgano electoral federal, dado que no hubo justificación alguna para la limitación presupuestaria, que se concentra en los 3 mil 830 millones de pesos que tiene como costo la realización de la consulta popular para la revocación de mandato.
El INE justificó tal gasto de la siguiente forma:
* Mil 471 millones de pesos para la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras, incluyendo insumos como impresión de documentos, materiales, tinta indeleble, crayones.
* Mil 212.3 millones de pesos para la contratación de 32 mil 541 capacitadores electorales; 5 mil 450 supervisores electorales, personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar a 807 mil 450 funcionarios de casilla.
* 571 millones de pesos para la operación de campo para convocar y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas receptoras.
* 502.4 millones de pesos para apoyos administrativos, arrendamiento de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos y compensaciones.
* 31.8 millones de pesos para impresión de lista nominal de electores, sistema de conteo rápido, y participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero.
* 27.2 millones de pesos en campaña de difusión para llamar a 92.4 millones de personas a participar de la consulta.
* 4.1 millones de pesos para el desarrollo de más de veinte sistemas para capacitación y organización, seguimiento a la jornada electoral y resultados electorales.
* 3.3 millones de pesos para monitoreo de propaganda y encuestas en medios impresos en las 32 entidades federativas del país.
* 3.1 millones de pesos en verificación de las firmas de apoyo a la revocación de mandato.
* 1.7 millones de pesos para la atención de visitantes extranjeros que participarán en la observación electoral.
La dimensión de la jornada de consulta popular para la revocación de mandato, equivale a una jornada electoral para elegir Presidente de la República. Las reglas fueron aprobadas por el Poder Judicial, misma entidad que determinó al INE como organizador y garante del proceso de consulta popular.
Eso no tiene nada de extraño, de hecho es lo propio que, si se quiere revocar el mandato de un Presidente, por la magnitud de la decisión, se utilice el mismo sistema usado para su elección. El problema en México es que se quiere la revocación de mandato, pero no pagar por ella.
A sabiendas de lo que este proceso significa, los legisladores federales debieron contemplarla en el PEF 2022, como lo solicitó el Instituto Nacional Electoral, pero decidieron hacer lo contrario: recortar el presupuesto solicitado, incluso más allá de lo que costaría llevar a cabo la revocación de mandato.
Esto se debe, en gran medida, a la animadversión que profesa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el INE, el mismo que fue el árbitro responsable y neutral de la elección en la cual él salió triunfante en la carrera por la Presidencia de México. No en pocas ocasiones el mandatario se ha referido al INE y a sus consejeros con comentarios despectivos, calificándolos peyorativamente de conservadores.
También ha sido una constante, sobre todo desde que se dio a conocer cuánto costaría la revocación de mandato, que López Obrador denueste el proceso, sugiriendo que se podría hacer con más participación de las comunidades y menos dinero.
Quizá el ejemplo que le llegue a la mente al Ejecutivo federal fue la consulta que, al margen de la Ley, sin rigor científico ni carácter vinculatorio, hizo, por ejemplo, para decidir si continuaba o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, si iniciaba los trabajos para levantar el Tren Maya, o en el caso de Baja California, la consulta que realizaron para ver si se permitía continuar con su inversión a la cervecera Constellations Brands o no.
En todos los casos, el recurso utilizado para el desarrollo de las “consultas” no fue transparente, como tampoco El sistema para la participación, o la forma en que fueron contabilizados los documentos y los resultados. Fueron, como se dice popularmente, consultas patito que, por estar alejadas de la Ley, los reglamentos y los órganos electorales organizadores, no pasaron de ser una referencia para que el titular del Poder Ejecutivo, a su modo, tomara una decisión que de suyo, ya se había dado.
La revocación de mandato no puede ni debe ser una consulta fuera de la Ley, debe contar con todos los instrumentos de desarrollo, participación, sistemas y garantías con las que cuenta cualquier elección constitucional, porque, se insiste, se trata de revocar un mandato que ya fue votado.
El tema no debe dejarse en manos de la Presidencia de la República, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá responder con la misma profundidad y magnitud del tema que se trata: la revocación del mandato presidencial.
Dotar de recursos al INE para materializar la encomienda que la Ley le provee sería lo conducente. Fallar a favor de continuar con la revocación sin adicionar los recursos para la misma, significará poner en riesgo la democracia.
Por lo pronto, el INE ha detenido, o postergado hasta la decisión de la Corte, todos los trabajos que signifiquen inversión de recursos que no poseen. Actualmente, en las bodegas del Instituto se validan las firmas presentadas para determinar si procede o no una revocación de mandato.
En total se requiere que 2.7 millones de personas soliciten la revocación de mandato para que esta pueda llevarse a cabo. Hasta el lunes 20 de diciembre se habían entregado, mayormente por parte de la asociación Que Siga la Democracia, 6 millones 800 mil 034 firmas, que son revisadas por unas 650 personas.
Para que, si las firmas se validan y el INE obtiene los recursos que requiere para organizar -con seriedad institucional, rigor científico y cumplir con la Ley- el 22 de abril de 2022 la revocación de mandato que, a pesar de su investidura, el Presidente Andrés Manuel López Obrador promueve con su característica insistencia.
