La Suprema Corte resolvió que la protección del producto de la gestación no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, sin embargo, por atrasos en el Congreso local, las autoridades judiciales continúan abriendo carpetas de investigación por el delito de aborto
El 7 de septiembre, por unanimidad con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. No obstante, a pesar del fallo, por rezagos en materia legislativa, en Baja California Sur ha continuado la persecución de mujeres que deciden recurrir a la interrupción del embarazo.
Ese día, por primera vez, el máximo tribunal se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tras el fallo de la Corte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió dos carpetas de investigación.
En total, suman 10 los casos de aborto que llevan las autoridades judiciales de la entidad entre enero y octubre, y 20 sumando las cifras de 2020 y lo que va de 2021.
El titular de la PGJE, Daniel de la Rosa Anaya, aseguró que en este tema específico es necesario que el Poder Legislativo lleve a cabo las reformas y adecuaciones correspondientes al Código Penal, para bajar la determinación de la SCJN al plano estatal.
Si la resolución no entra en la cancha del Congreso local, no repercute en la aplicación de los procedimientos en seguimiento.
“Aquí lo hay que ver bien son los alcances jurídicos que se están estableciendo con esa resolución, todo ello primero se tendría que legislar. El que tiene que decir la última palabra aquí, es el Poder Legislativo de nuestro Estado”, reiteró.
Anteriormente en entrevista, el funcionario precisó que este año no se han encarcelado mujeres por interrupción del embarazo. Los casos se han iniciado en fase de investigación inicial, sin embargo, el plan de persecución penal y en la política de priorización de casos se enfoca más en otro tipo de delitos.
“Como instancia de procuración de justicia, estamos obligados a cumplir con lo que establece la Ley, y lo que está como Ley vigente en nuestro Estado. Si hay un cambio, lo estaremos cumpliendo tal y como lo marque el Poder Legislativo o la iniciativa correspondiente, también, que puede proceder el titular del Poder Ejecutivo para homologar las resoluciones de la SCJN”, recalcó.
TEMA YA ESTÁ EN LA AGENDA: JUGOCOPO
Cuestionado sobre este tema, partiendo de la resolución de la SCJN, el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, José María Avilés Castro, señaló que en estos momentos ningún juez debe actuar y encarcelar por aborto a ninguna mujer.
En el caso de la fracción de Morena, antes de terminar el primer periodo ordinario de la XVI Legislatura, el 15 de diciembre, presentarán la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, donde ya se considera armonizar la decisión de la SJCN para descriminalizar la interrupción del embarazo en Baja California Sur.
El tema puede subirse a tribuna por medio de la Comisión de Igualdad de Género, de la Comisión de Puntos Constitucionales o como parte de una propuesta de la fracción de Morena.
“Me parece que es una decisión sumamente importante la de la Corte, es también una posición de Morena. Vamos a armonizar la decisión de la Corte, de no criminalizar a quienes decidan de manera voluntaria en los primeros tres meses interrumpir el embarazo”, expresó.
Para Avilés Castro, el pendiente radica en modificaciones al Código Civil y Penal del Estado, no sólo para evitar la criminalización, sino para convertir en una obligatoriedad de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, brindar servicio gratuito y seguro a cualquier mujer que decida abortar.
Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío se manifestó en contra de la judicialización de lo que es un derecho reproductivo: “Mi posición ha sido muy clara: estoy en contra de criminalizar el aborto. Creo que este es un derecho pleno de las mujeres, y quien debe determinar su condición es la mujer. Creo que la Ley, poco a poco, va a ir haciendo eco en Baja California Sur”.
En su opinión, se trata de un tema difícil porque nadie está a favor del aborto, ya que “ninguna persona sensata va a estar a favor”, más bien, en contra de la criminalización.
“Es una temática que va a ir abordando el Congreso con la mesura, con el respeto a todas las formas de creer y ver el problema como un asunto que se tiene que evitar”, finalizó.
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES, EN AUMENTO
El 25 de noviembre, feministas de los municipios de La Paz y Los Cabos realizaron marchas en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En cada uno de los puntos de congregación, recalcaron que los índices de delitos relacionados con las agresiones de género han ido en incremento.
Específicamente, los delitos sexuales de los que son víctimas mujeres, adolescentes y niñas, han tenido un repunte en los últimos años en Baja California Sur.
A través de pronunciamientos, enfatizan que la violencia a la libertad sexual posteriormente se relaciona con una persecución de la que son víctimas quienes deciden abortar.
De acuerdo con el SESNSP, entre enero y octubre de 2021 se registraron 674 denuncias ante la PGJE por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en la entidad, lo cual representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2019 (563) y de casi el 10% respecto a 2020 (623).
Asimismo, en los primeros diez meses de este año, el delito de violación simple y equiparada reporta un aumento del 17% entre 2019 y 2021 pasando de 193 a 226 denuncias.
Cabe mencionar que organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano, refieren que el número de denuncias ante instituciones de justicia cayó en 2020 debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2.
Los últimos datos proporcionados por las colectivas feministas indican que en 2020, la Secretaría de Salud practicó seis abortos voluntarios a mujeres de entre 14 y 44 años de edad. Todas, aseguran, fueron víctimas de violación.
Recalcan que debe haber más casos de mujeres con embarazos no deseados por atropellos a la libertad sexual, sin embargo, mientras las despenalización y descriminalización no sean una realidad en BCS, será imposible tener un panorama exacto de cuántas han sido violentadas.
FEMINISTAS EXIGEN DESPENALIZACIÓN
De negro, morado y verde se vistió el 25 de noviembre el Malecón de La Paz. Feministas lanzaron cantos en otra protesta que sirve como recordatorio para las autoridades de que la lucha aún no acaba.
Desde el Parque Cuauhtémoc de la Capital, partieron hacia las emblemáticas letras del paseo costero. Con pintas, dejaron claro que aún no hay resultados satisfactorios en los casos de femincidio que investiga la PGJE sudcaliforniana.
Asimismo, denunciaron la persecución del Estado en contra de las mujeres que hacen uso de sus derechos reproductivos y exigieron a las autoridades terminar la cacería, y que los esfuerzos judiciales se concentren en brindar espacios seguros.
Este año se han sumado cinco feminicidios a la lista de pendientes en materia de procuración de justicia, sin embargo, las activistas aseguran que ellas contabilizan más de 20 y, simplemente, falta perspectiva de género al momento de investigar.
Hicieron hincapié en que la pandemia ha traído también un incremento del 7% en los feminicidios en general en México. Durante el último año, exponen, 423 mujeres fueron asesinadas por razón de su género en el país.
“La violencia hacia las niñas, adolescentes, mujeres, personas gestantes y trans, es un fenómeno que tiene un soporte social con raíces fuertes y profundas. Las mujeres, históricamente, hemos sido tratadas como monedas de cambio, rehenes políticos, objetos de placer, reproductoras de estructuras sociales”, reclamaron en el pronunciamiento del 25 de noviembre.
Demandaron justicia pronta y expedita, así como un alto a la criminalización del aborto, enfatizando que el Congreso del Estado tiene un gran pendiente en el derecho de las mujeres a decidir.
En junio 2019, la XV Legislatura presentó por primera vez la posibilidad de despenalizar el aborto hasta la semana número 12 de gestación, sin embargo, se desechó con ocho votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Ese día, cinco diputados de la Cuarta Transformación abandonaron el Congreso ante de la votación.
Por ahora, seguirán las manifestaciones por aquellas que ni siquiera pueden llegar a formar parte de las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
