El equipo Antisecuestros de Baja California fue considerado el mejor del país por mucho tiempo. Presentó resultados importantes y era el grupo élite del gobierno estatal, puesto que además de controlar la alta incidencia de secuestros que se tuvo en los peores años de violencia -sobre todo en Tijuana-, atendió también incidentes ajenos a sus facultades.
Desde hace varios años, “Los Deltas”, como son identificados, han sido dirigidos por quien ha sido anunciado como próximo secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Iván Carpio, y eran considerados un grupo élite que se movía, operaba y elegía a su personal de forma muy estricta.
El problema se generó con el arribo de la Cuarta Transformación y algunas de sus “recomendaciones” para determinados cargos de seguridad y procuración de justicia.
Entre estos “acomodados”, se encuentra el ex coordinador antisecuestros en Mexicali, Ludwing Guillermo Pérez Rubio fue impuesto en este equipo por el fiscal encargado de despacho, Hiram Sánchez Zamora, al grado de identificarse como su “ahijado”. Es uno de los perfiles más negros dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la actual administración y, aprovechando su bajo perfil mediático, se ha visto implicado en varios hechos cuestionables.
El lunes 20 de diciembre, Pérez Rubio fue removido de la coordinación Antisecuestros, y ahora presume que será nombrado vicefiscal regional en alguno de los municipios, o hasta fiscal Antisecuestros en toda la entidad.
Con el respaldo de Sánchez Zamora, no es descabellado pensarlo, pero no se deben olvidar los abusos Ludwing ha cometido durante sus dos años de gestión, siendo el más destacado, el caso que -literalmente- “armó” en contra de cuatro agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) en agosto de 2020. Acusaciones por las que tres de ellos permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, y uno más prófugo de la justicia, peleando por medio de amparos.
Los agentes presos son Jesús Alberto Castañeda Noria, Leonardo Ornelas y Salvador Zepeda Solano, además de Saúl Cruz Rodríguez -actualmente luchando por su libertad en tribunales federales-, los cuales fueron implicados por el simple hecho de que su nombre apareció en una nota anónima, pero ni el reconocimiento cara a cara, ni las llamadas telefónicas, ni la ubicación de los uniformados, han podido ser remotamente demostrada en la escena; de hecho, uno de los agentes estaba comisionado a Ensenada cuando ocurrió el crimen, pero aun así, el funcionario ha mantenido el dedo en el renglón y los acusa de cometer un secuestro contra un empresario que radica en Mexicali.
Su insistencia ha evitado -incluso- que se pueda llevar a cabo la audiencia de sobreseimiento en más de tres ocasiones, con el argumento de que no logran identificar a la víctima.
Más allá de demostrar si son o no responsables, en la robusta carpeta de investigación que el autor de estas páginas tuvo la oportunidad de revisar, no tienen un sólo señalamiento directo en contra de estos agentes; aun así, optaron por imputarlos.
Pero no es el único caso. Según fuentes de la misma FGE, Pérez Rubio -presuntamente- también intentó impedir que se girara orden de aprehensión contra uno de los hoy imputados por el secuestro de un militar en junio de este año, ocurrido en el fraccionamiento Paseos del Sol de Mexicali, con el cual -aparentemente- había sostenido una comunicación previa.
Aunque el equipo Antisecuestros intervino a los implicados, durante el proceso para armar el expediente se intentó deslindar a uno de ellos, pero al final no ocurrió, por la propia intervención de su superior directo, Ricardo Carpio.
En las páginas de ZETA, el nombre de Ludwing Guillermo Pérez Rubio apareció implicado en un incidente que fuentes estatales identificaron como un posible baje de drogas.
Aunque de forma oficial nunca se confirmó el robo de la droga, un policía municipal logró documentar el momento en que atendió un presunto robo de 3 mil dólares en el Ejido Islas Agrarias, en el Valle de Mexicali, en agravio de una persona que circulaba a bordo de un pick-up y fue intervenido por varios sujetos con equipo táctico.
Pese a que -oficialmente- se trataba de un robo, Pérez Rubio apareció en la escena junto con otros presuntos agentes federales, los cuales intentaron correr al uniformado, pero la pericia del mismo lo motivó a fotografiar a los implicados y pedir refuerzos.
Pérez Rubio fue exhibido en imágenes intentando intimidar al oficial que atendió la emergencia, lo cual llama la atención, ya que un fiscal de Secuestros nada tendría que estar haciendo en un asalto a mano armada.
Ahora, tras el negro pasado que le precede y con el apoyo de Hiram Sánchez, el ex fiscal de Secuestros se mantendrá dentro de la FGE y pretende una Vicefiscalía Regional o la Fiscalía de Secuestros, cuando Carpio se retire del encargo.
