Apenas había filtrado unas imágenes de él a la derecha del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado además de quienes fueron sus más cercanos colaboradores, cuando Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, informó a sus seguidores, cercanos y alguno que otro ex funcionario, que esa misma tarde del miércoles 14 de diciembre, sería designado subsecretario de Gobernación por el Ejecutivo federal.
Rápidamente los medios afines a Bonilla en Baja California hicieron eco de la “gran” noticia: el ex mandatario estatal sería ungido como número dos de la Secretaría de Gobernación, comandada por el tabasqueño Adán Augusto López Hernández. La subsecretaría más importante del gabinete, la encargada del ministerio interior del país, estaría titulada por Bonilla.
Al tijuanense no le dio siquiera para auto convertirse en el segundo secretario de Gobernación emanado de este Estado, luego que Felipe Calderón nombrara en 2011 a José Francisco Blake Mora en esa posición. Simplemente dejó correr el rumor que sería el número dos de Gobernación.
También políticos, funcionarios y ex funcionarios se volcaron en felicitaciones para el ex gobernador que no llegaría a secretario, pero que aseguraba, tenía una subsecretaría. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, emitió felicitaciones a titulo personal y a nombre del Ayuntamiento. Lo mismo hicieron Jesús Ruiz Uribe, Luis Javier Algorri Franco y otros ex colaboradores de Bonilla.
Quien esto escribe, el mismo 14 de diciembre, preguntó tanto en la vocería de la Secretaría de Gobernación, como en la de la Presidencia de la República, si tal nombramiento -anticipado por el propio Bonilla- era un hecho y a qué hora se haría la designación oficial. La respuesta en ambos departamentos fue contundente. No. No habría nombramiento, y no tenían información sobre una próxima designación en la subsecretaría.
En Presidencia de la República fueron más allá: Bonilla no sería nombrado subsecretario de Gobernación, ni en otro cargo. No había nada definido para el ex gobernador de Baja California.
Al día siguiente, el Presidente de la República confirmó que la “noticia”, dispersada también en medios nacionales, no era verídica. No tenía contemplado por el momento otorgarle esa posición a Bonilla, a quien le hizo un reconocimiento, y de quien recordó que era integrante del Senado de la República, posición a la que dijo, podía regresar. Aunque negó el nombramiento, no cerró la posibilidad de llamarlo a colaborar a su lado en el futuro.
La realidad es que Jaime Bonilla Valdez no fue, en ningún momento, considerado para la Subsecretaría de Gobernación. De suyo no lleva buena relación con el titular de la dependencia, Adán López Hernández, quien no lo ve con buenos ojos, particularmente por sus desafortunadas acciones que terminaron detenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otra realidad: no existe la Subsecretaría de Gobernación. El último en ocupar esa posición, fue otro desafortunado personaje, Ricardo Peralta, por cierto, íntimo de Jaime Bonilla. Pero a la salida de este en medio de sospechas de corrupción, siendo Olga Sánchez Cordero la secretaria titular, tal posición se eliminó de la estructura oficial en un acuerdo -de hecho- firmado por el Presidente de la República.
Ávido de atención -lo cual es evidente por los videos que suele compartir en redes sociales, similares a los que hacía cuando era gobernador-, Bonilla filtró la información que, increíblemente, llegó a la primera plana del periódico El Mexicano un día después, cuando ya se había confirmado que era falsa.
Quienes están cerca de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, explicaron a ZETA que sí hubo un ofrecimiento por parte de AMLO para Jaime Bonilla. De hecho, dos: uno, o regresaba al Senado para seguir contribuyendo con el proyecto del Presidente, o le concedían -como a los ex gobernadores priistas- una Embajada.
Pero Bonilla, dicen, no aceptó. Regresó a Baja California como llegó a Palacio Nacional, con las manos vacías y sin ostentar cargo.
Otro planteamiento del gobernador, comentaron los informados, fue que en BC se respetara el contrato que su administración firmó para la construcción de una planta fotovoltaica que suministre de energía eléctrica al acueducto San Luis Río Colorado-Tijuana.
El contratito que Bonilla defiende con mucho ahínco, es de 44.3 mil millones de pesos, con un consorcio de empresas, y endeuda a la administración de Baja California por los siguientes 30 años. Además, en caso de cancelarse, firmaron un abusivo contrato que “obliga” a la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda, a pagar unos certificados de inversión por 6 mil millones de pesos.
Ventajoso para las constructoras y dañino para la administración bajacaliforniana, el contrato sí está en la mira de la gobernadora para darle marcha atrás. A su favor tiene que algunos de los certificados de inversión que pretenden cobrar en caso de cancelación, fueron signados en la etapa de transición y sin la presencia de una persona de su equipo, como marca la Ley, entre otras irregularidades cometidas, como el hecho que el proyecto no cuente con permisos de la Secretaría de Energía, particularmente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Rocío Nahle, la titular del área, ha negado las anuencias.
Lo de Bonilla y su nombramiento en una subsecretaría que no existe, es una estrategia política que, por el momento, no funcionó. En los próximos meses se conocerá si acepta la Embajada, si se regresa al Senado, o si le dan una subsecretaría, al parecer, la aspiración del ex gobernador, aparte -claro- que no se caiga su planta fotovoltaica.
