Mientras Morena se erige como partido en el poder, en Baja California se ha pretendido anular algunos de los cambios que impulsó Jaime Bonilla Valdez durante su periodo como gobernador de Baja California (2019-2021) en materia de seguridad, gestión pública, régimen municipal. En enero próximo podría discutirse una iniciativa sobre revocación de mandato distinta de la que envío el político tijuanense y una más para devolver autonomía a los ayuntamientos
Durante la XXIV Legislatura de Baja California han surgido distintas iniciativas encaminadas a revertir parte de los temas que se presentaron en el anterior período de mandato y que caracterizaron la gestión de Jaime Bonilla Valdez.
De esta manera, el 18 de noviembre se aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la que la Fiscalía General del Estado, instaurada en el gobierno de Bonilla Valdez, perderá facultades; ello a raíz de una iniciativa de la mandataria en turno, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Pero hay otros proyectos al interior del Congreso local con los que demás propuestas impulsadas a lo largo de la XXIII Legislatura, en dado caso, podrían venirse abajo.
Uno es la iniciativa presentada por el diputado morenista Juan Manuel Molina García para poder celebrar consultas sobre revocación de mandato en Baja California a petición de la ciudadanía y en un sentido distinto a lo que a ese respecto había propuesto Bonilla Valdez.
Otro es el de la fracción del Partido Acción Nacional, referente a modificar el Artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en el ánimo de infundir de autonomía a los municipios cuando de suplir ausencias temporales o definitivas de un munícipe se trate, toda vez que la anterior Legislatura aprobó una modificación impulsada por Bonilla Valdez con la que se despojó a los ayuntamientos de la facultad de resolver las suplencias.
Tratándose de revocación de mandato como de Ley de Régimen Municipal, las propuestas de Bonilla Valdez apuntaron a dotar de injerencia en ambos temas al Poder Ejecutivo, lo mismo que al Legislativo.
En opinión del diputado Molina García, otorgar a un munícipe, gobernador o legislador semejantes facultades pudiera prestarse para hacer uso de la Ley con fines políticos, incluso revanchistas.
En tanto, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien en conjunto con Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Juan Diego Echevarría Ibarra, integra la fracción del Partido Acción Nacional (PAN)en el Congreso de Baja California, opinó que los cambios que se han venido procurando en la actual Legislatura sugieren que las modificaciones que impulsó el senador con licencia no estaban destinadas a dar buenos resultados y, en la actualidad, simplemente se pretende reponer prácticas que en su momento funcionaron.
REVOCACIÓN: INICIATIVA ANTERIOR CONSTITUÍA “UN ESQUEMA DE RIESGO”
Juan Manuel Molina García recordó que, tal como la formuló el ex mandatario estatal, la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato apuntaba a que diputados, munícipes o gobernadores pudieran solicitar someter a consulta la posibilidad de que un representante popular renunciara a su cargo.
“Entonces, básicamente, en este caso no se ocupaba el respaldo de firmas de los ciudadanos”, refirió en entrevista con ZETA el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
De ahí que, en un nuevo proyecto, él se pronunciara por instaurar la revocación de mandato como un ejercicio de participación ciudadana, con base en la reforma federal en la materia.
Detalló que, de ser así, los estados deben “establecer la figura de Revocación de Mandato de los titulares del Poder Ejecutivo”, tomando en cuenta que para proceder a la consulta se debe contar con “10% de firmas del padrón” y, para que el ejercicio sea vinculatorio, con “40%”.
Eso debe proceder “después de la mitad del ejercicio del encargo, o sea, no en cualquier momento y el procedimiento (ha de estar) a cargo del Instituto Estatal Electoral”, añadió.
“En el caso de los regidores, alcaldes y diputados, al existir la elección consecutiva, ese es el momento en que la ciudadanía puede pedir que siga o pedir se vaya”. De otra manera, señaló, “estaríamos viviendo procesos de revocación de mandato ahora sí que incontables, porque podrían generarse, de acuerdo a la iniciativa del ex gobernador, de manera indiscriminada, porque no se necesitaba casi ni siquiera plantear la razón de iniciar el procedimiento y podría generarse una serie de vendettas políticas entre funcionarios de diversos niveles, pertenecientes al partido que sea”.
Molina admitió que la propuesta de Bonilla Valdez “sí contenía el supuesto de que la ciudadanía pudiera solicitarlo (el procedimiento)”. Sin embargo, “también estaba dando la posibilidad a gobernador, diputados y alcaldes, que pudieran iniciarlo en contra inclusive de sus pares”.
Ello se constituía “un esquema de riesgo”, de modo que “ahora en este caso (el ejercicio), lo estamos privilegiando de manera exclusiva a los ciudadanos”, agregó.
LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL, “TOTALMENTE ILEGAL”
A decir de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, del PAN, la reforma a la Ley del Régimen Municipal que en su momento impulsó Bonilla Valdez es “totalmente ilegal”, en razón de que “va en contra de la autonomía constitucional de los propios ayuntamientos y totalmente en contra de las leyes electorales”.
En su opinión, el ex gobernante “jamás debió haber promovido y no sé cómo los legisladores le apoyaron en su petición y le aprobaron esa iniciativa”, refirió a ZETA la legisladora.
Indicó que de entrada, la Constitución establece que “las ausencias temporales o definitivas de los munícipes, es decir, del presidente municipal, del síndico y de los regidores”, deben ser “resueltas por los propios ayuntamientos”; mientras que “el anterior gobernador mandó una iniciativa que aprueban los diputados en la que él decía que en ausencias definitivas o temporales él iba a mandar una terna (al Congreso) para que uno dentro de esos tres que él mandara, se eligiera quién iba a entrar a suplir al munícipe cuya ausencia se vaya a dar”.
Además, dijo, la reforma de Bonilla transgrede el ámbito electoral, “pues cuando nosotros vamos en campaña, se nos pide y vamos acompañados por un suplente, en estos temas es justo y es legal que quienes deban suplir nuestras ausencias temporales o definitivas, sean precisamente los suplentes”.
Tal como el propio Molina García sostuvo, una desventaja de la iniciativa de Bonilla fue definir las ausencias superiores a 30 días como definitivas. “Trataron es de convertir las licencias en definitivas, eso es lo que no se permitió”, remembró el legislador por Morena.
“Trataron hacer la licencia de Marina del Pilar como alcaldesa de Mexicali de manera definitiva y a todos los regidores se le aplicaron también, y tuvieron que irse a juicios electorales donde el tiempo concedió la razón”, abundó.
Según da cuenta el proyecto presentado por la fracción del PAN, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, múltiples ediles se vieron afectados en sus derechos político- electorales, habida cuenta de que solicitaron licencia para separarse de su cargo por un plazo mayor a 30 días y, conforme a la reforma impulsada por Bonilla, resultó que ese periodo ya constituía una ausencia definitiva.
Tratándose de uno de los hoy diputados del PAN, en aquel entonces se separó de su cargo como regidor en el XXIII Ayuntamiento de Mexicali para buscar la diputación. En el ánimo de obtener certeza jurídica ante una posible reincorporación al Cabildo, procedimiento que con una ausencia definitiva no sería posible, recurrió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEE).
El órgano jurisdiccional estableció que la Ley del Régimen Municipal imponía “una exigencia innecesaria y contraria al Artículo 18, fracción VI, de la Constitución local”. En alusión a semejante disposición, el TJEE indicó que establece que “para que un regidor pueda contender por la diputación de un distrito, es necesario que se separe de sus funciones de manera provisional noventa días antes de la elección”.
De ahí que resolviera que la norma cuya constitucionalidad se controvirtió, imponía “un parámetro más riguroso para la separación del cargo que se requiere para satisfacer el requisito de elegibilidad que ordena el Artículo 18 fracción V (sic), de la Constitución local”, y limitaba “sin necesidad justificada el principio de equidad y el derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo”.
DICTÁMENES
A propósito de la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, Juan Manuel Molina estableció que “se está concluyendo el proyecto en la Consultoría Legislativa” y es probable que “en sesiones en breve”, se pueda dictaminar.
“Es nuestra obligación expedirla, de enero no va a pasar” para que se discuta y vote, “y tendremos una Ley de Revocación de Mandato para el pueblo de Baja California, si así desea ejercer ese derecho”, calculó.
Por su parte, Santa Alejandrina Corral mencionó que la reforma al Artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal del Estado, igualmente pudiera subirse al pleno el próximo mes.
Ambos legisladores refirieron (en entrevistas por separado) que actualmente se han estado adentrado en el tema de las leyes de ingresos.
“Todavía faltan de los municipios, el paquete económico del Estado y algunas otras situaciones que pueden ir surgiendo”, reveló Molina García. Tales asuntos “nos tienen atoradas las otras iniciativas que como legisladores hemos presentado”, profirió Corral Quintero.
LICENCIATURA COMO REQUISITO EN DIRECCIÓN DEL INDE
Otra modificación que se pretende establecer, es que la persona que asuma la titularidad del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado (INDE) posea grado universitario, acorde a su ámbito de desempeño.
“Otorgando la confianza de que el nombramiento fuera el más adecuado, se eliminó un requisito, que era que tuviera una licenciatura en tema de Cultura Física o Deporte, o afín, y ahorita también ya se presentó otra iniciativa para regresar al esquema original, porque no vimos que la situación sucediera”, aseveró Molina García.
El ajuste atañe nada más a “dos párrafos de un artículo” de la Ley de Cultura Física y Deporte. “De hecho la misma directora del INDE, la maestra Lourdes Cáñez (Martínez), recomendó y consideramos correcto, la iniciativa la firme yo”, reveló.
En la administración anterior “se cambió el requisito, considerando que se podía confiar en que a veces la experiencia te la puede dar el título o te la puede dar el día a día, pero pues mejor vamos por las dos cosas. Confiamos en que se iba a hacer la mejor selección de la anterior, pero los resultados los resultados no están a la vista”, sostuvo el legislador reelecto.
Por lo que respecta a la FGE, “el esquema de integrar a la Secretaría de Seguridad Pública como Guardia Estatal a la Fiscalía, fue un esquema que tampoco, no sucedió”. De ahí que manifestara: “Para recomponer camino estamos, malo es el que crea que su carro no tiene reversa o no puede ajustarse a las nuevas realidades, que no políticas, sino realidades que nos hace ver la ciudadanía; si un esquema se intenta y se hace un compromiso, y no funciona, pues tienes que corregir el camino, y en este caso sí lo vamos a hacer”.
Aprovechó para aludir a “lo que se va a hacer (en el caso de la Ley de Régimen Municipal), un ajuste para evitar que vuelva a suceder lo que se intentó y finalmente no lograron, pero (que) la autoridad judicial tuvo que venir a corregir la plana”.
Por su parte, Corral Quintero resaltó que durante la actual administración “regresó la Ley de Turismo (y) regresaron todas las secretarías que estaban antes” de que el anterior gobernador asumiera el poder.
“Creemos más que nada, más que sentirnos que nosotros sabíamos bien cómo hacer el formato de cómo se debería atender cada asunto en particular, lo que nos da gusto es que volvamos a esas prácticas que de alguna manera dieron resultados y que nos dimos cuenta que durante estos dos años no hubo resultado en ninguna de esas materias”, remató la legisladora panista.
