En mayo, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres giró un oficio a la FGE para que emita las medidas necesarias para frenar la violencia en contra de las féminas de San Quintín
Angélica Lira, una mujer de 24 años de edad que reside en el municipio de San Quintín, tiene un año intentando recuperar a su hija y dos hijos; se los quitaron debido a una denuncia por violencia y omisión de Cuidados interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Su caso es uno de muchos que ocurren en las diferentes comunidades de la Zona Sur, donde las cifras por violencia intrafamiliar son altas, según reportes del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Días antes de la separación, Angélica -madre desde los 14 años de edad- recurrió a la FGE para denunciar a su ex pareja ante el Ministerio Público por el delito de trata de menores.
La razón fue que su hija, de entonces 9 años, le confesó que durante las visitas paternas, acudían otros hombres que la tocaban de manera indebida. Los otros pequeños, de 10 y 3 años, están en un albergue. La madre asegura que para recuperarlos ha vivido un “calvario” ante las diferentes instancias de gobierno.
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“He recurrido todo el año a terapias, viajes a Ensenada, pago de copias, acudir a Escuela para Padres, entrega de papeleo, exámenes psicológicos”, detalla Angélica sobre su caso.
En San Quintín, el 40% de los llamados de emergencia están relacionados con violencia intrafamiliar; los primeros respondientes son los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Para mejorar la atención a las presuntas víctimas de este delito, que abarca adultos y menores de edad, el titular de la DSPM en ese municipio, Mario Martínez Martínez, ha sugerido crear un área de violencia doméstica.
VIOLENCIA IMPACTA GENERACIONES
De acuerdo con el testimonio de Angélica, se separó del padre de los niños porque la golpeaba, e incluso, en una ocasión, la intentó “quemar viva” dentro de su casa en la colonia La Cali. Sucedió que llegó del trabajo, el hombre le ordenó que se parara en una esquina, donde tiró trapos a los que les prendió fuego.
Como en ese momento estaba embarazada, no se fue de la casa, pero las agresione no cesaron y decidió terminar definitivamente la relación.
“Me junté con él y comenzaron los golpes, los maltratos, puñetazos…”, recordó.
Aunque su ex pareja incumplía con la pensión mensual para el sostenimiento de los menores, ella nunca le negó verlos. Sin embargo, la hija aseguró que en las visitas con el padre la llevaba a “lugares donde daban dinero por ella”. Información que está asentada en una denuncia que Angélica interpuso ante la FGE por trata de menores.
Después eso, su propia hermana la denunció por descuidar a los menores. Entonces la visitaron dos agentes del Ministerio Público, quienes, de acuerdo con el parte policiaco, confirmaron el hecho al encontrar a la menor “deambulando” por las calles de La Cali.
La arrestaron junto con una pareja que tenía en ese momento, y estuvo encarcelada por 72 horas. Además, se le inició un expediente por lesiones en contra de sus hijos.
Para complicar la situación, el médico legista de la FGE habría advertido a Angélica que la niña no presentaba las características de haber sufrido abuso y, de practicarle análisis, con un resultado negativo corría el riesgo de que a ella la denunciaran por difamación.
“Tras esa denuncia, a la que arrestaron fue a mí. La hice porque yo, como mamá, le tengo que creer”, afirmó.
Los padres de Angélica son migrantes: la madre de Sinaloa, el padre de Torreón. Llegaron, como miles cada año, a trabajar a San Quintín.
Como parte de las terapias psicológicas a las que ha asistido durante el año, le piden que estreche relaciones con sus hijos, pero al mismo tiempo, no le permiten visitar la casa hogar donde se encuentran, “este 18 de noviembre cumplió años, y no puedo ni mandarle un pastel, ya terminé todas las terapias y la Escuela para Padres, me hicieron un examen psicológico y ahora me van a mandar a una institución nueva”, lamentó.
De esta forma, la comerciante de frituras y nopales fue canalizada al Instituto de la Mujer de Baja California para ser sometida a más terapias psicológicas, las cuales deberá atender entre otras labores como el diseño de coronas, piñatas e incluso, limpia de casas y terrenos.
FISCALÍA ESPECIALIZADA
Adriana Lizárraga González, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, informó que está al tanto de la situación que enfrenta en esta materia el naciente municipio de San Quintín.
Comentó que han podido avanzar en el tema de prevención a raíz de la declaración de Alerta de Género, realizada en junio pasado.
El caso de Angélica Lira es un ejemplo de la situación, no obstante, precisó que hay “inconsistencias”, por lo que instruyó a dos agentes de esa zona para que atiendan el caso.
Tras esa denuncia por supuesto abuso en contra de la niña, se recibió otra por violencia familiar y omisión de cuidados; versión que fue confirmada por los abuelos maternos, así como tíos y otros familiares.
Ahora que la menor se encuentra en la casa hogar y la fiscal giró instrucciones para que den seguimiento al asunto de trata de menores y se reinicie la investigación al padre biológico.
“El DIF no le regresa los niños -a Angélica- porque en la carpeta que se le sigue a ella, por omisión de cuidados, los abuelos y tíos confirmaron que no se hacía cargo de los niños”, reiteró la funcionaria, a la par de aclarar que se encuentra judicializado el caso donde figura Angélica, así como el hombre que hace un año era su pareja.
URGEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER
El 1 de mayo, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), giró el oficio FGE/BC/OT721/2021 para la emisión de medidas provisionales encaminadas a la prevención y atención a los casos de violencia.
A su vez, pidió que los esfuerzos se focalicen en las mujeres de San Quintín y exigió se lleven a cabo las audiencias pendientes por parte del Poder Judicial, mismas que han sido atendidas por la Fiscalía Especializada.
El oficio fue dirigido al fiscal central, Hiram Sánchez Zamora, a quien solicitó verificar si se estaban atendiendo las medidas giradas por agentes del Ministerio Público para proteger a las víctimas.
En el informe del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, reconoció la necesidad de implementar en las comunidades rurales del sur una estrategia para preservar los derechos humanos. Expuso que un tema sensible en el Valle de San Quintín, es la regularización de la tenencia de la tierra, sobre todo la violencia contra las mujeres y las condiciones de los trabajadores del campo.
En el periodo 2019-2021, en Baja California se han iniciado 13 mil 332 carpetas de investigación y la judicialización de mil 556 imputados, 78% más que el periodo anterior; en tanto, 517 imputados se vincularon a proceso.
Además, cumplimentaron 351 órdenes de aprehensión, así como la obtención de 79 sentencias condenatorias, y agentes del Ministerio Público adscritos a las unidades de Investigación pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, aplicaron 7 mil 333 medidas de protección consistentes en rondines a domicilios o acompañamientos para recoger pertenencias.
Seis días después de que iniciara la actual administración estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda visitó la Casa de la Mujer Indígena Ve’E Naxihi, lugar donde ofrecen protección y custodia a víctimas de maltrato.
“Ustedes viven en una zona donde la violencia en contra de la mujer es alta. No podemos taparnos los ojos y decir como si no fuera nada o que se normalice. Estaremos muy de cerca con ustedes”, aseguró, al tiempo que inauguró una sala digital para las víctimas.
