A once años de instaurado el sistema de justicia penal acusatorio, las promesas de una justicia pronta y expedita se dispersan en el engorroso proceso penal de Baja California, donde existen casos dilatados desde 2016, sin poder llegar a una apertura de juicio oral. De los 43 mil juicios llevados a cabo en el último año, más de 10 mil han sido diferidos; el principal motivo es la táctica dilatoria de abogados defensores, pero también por la inoperancia del Poder Judicial y de la propia FGE. Para Pedro Mendívil, vicefiscal de Mexicali, este tipo de prácticas retrasan las audiencias hasta en un 70%
En septiembre de 2020, David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), fueron asegurados por -presuntamente- secuestrar a un empresario de Mexicali.
La carpeta de investigación con número 02-2020-24090 los implica en un hecho delictivo en el que, hasta el momento, no se ha comprobado su responsabilidad. Sólo una carta anónima los implica en el crimen cometido en agosto del año pasado.
Más allá de determinar su responsabilidad en el secuestro, la defensa de los tres agentes ha solicitado un juicio de sobreseimiento, a raíz de -considera- una serie de irregularidades cometidas en el proceso.
Los agentes fueron presentados ante el juez para dicha audiencia los días 14 y 27 de septiembre, así como el 5 de octubre. En las tres ocasiones se pospuso, debido a que el Poder Judicial no notificó a la víctima.
Nuevamente, los acusados fueron citados para el 9 de noviembre, pero no existe garantía de que la audiencia se lleve a cabo por el mismo argumento, sin que exista ningún tipo de medida para evitar estas prácticas dilatorias.
Así como este, existen casos que se arrastran desde 2016 -o antes-, como las denuncias en contra de los administradores de cajas magisteriales como Camac y Asoma, donde existen cientos de afectados sin tener resultados por parte del sistema de justicia.
El problema no es exclusivamente de recursos o de falta de personal, sino que se han normalizado viejas prácticas dilatorias, como solicitar incapacidades dudosas, cambiar de abogado defensor varias veces en el mismo caso -intencionalmente- e incluso ausentarse a una cita en el Juzgado, con el objetivo de retrasar los procesos judiciales en favor de sus representados.
Lo peor es que muchas de estas conductas son solapadas por jueces que no establecen mejores mecanismos o criterios para llevar a cabo un ejercicio de ponderación sobre los derechos de las víctimas, los acusados y el recurso humano que se pierde a causa del retraso de las mismas.
Este tipo de prácticas ha generado consecuencias dentro del Poder Judicial, puesto que, según una información obtenida por medio de una solicitud de transparencia, de las más de 43 mil audiencias que se llevaron a cabo durante el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, poco más de 10 mil tuvieron que posponerse por diversos motivos, siendo la petición de la defensa, la principal causante.
Sin embargo, existen otros elementos que ralentizan el sistema de justicia, como que los ministerios públicos no entreguen las carpetas de investigación hasta el momento de la audiencia, que el imputado no comparezca, que no se notifique a la víctima, que el juez no ordenó notificar a las partes, entre otras.
MEXICALI: PODER JUDICIAL PIERDE CASI 2 MDP AL MES POR DIFERIR JUICIOS
En entrevista para ZETA, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, comentó que se ha llevado a cabo un intenso trabajo por parte de los jueces para llevar un ritmo de audiencias que cumpla con las necesidades de la sociedad, y subrayó, el sistema judicial es complejo, puesto que intervienen varios actores como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Defensoría Pública, además de los abogados particulares y los asesores de víctimas, cuyas necesidades de personal complican la operación diaria.
Según cifras oficiales emitidas en la petición de transparencia 020058421000034 al Poder Judicial, de 2020 a 2021 se han celebrado 43 mil 354 audiencias en toda la entidad, de las cuales 10 mil 014 se han diferido por diversos factores. De estas, 3 mil 606 fueron por petición expresa de la defensa, 2 mil 171 por incomparecencia del imputado -relacionado con la labor del abogado-, 991 a solicitud del Ministerio Público, 754 por una negociación de salida alternativa -relacionada con el trabajo del defensor-, 740 por una posible salida alternativa -relacionada con la actividad del defensor-, 629 por incomparecencia de la víctima y 254 porque no se notificó al imputado.
Además, se contabilizaron 212 porque no compareció el fiscal,129 a solicitud del imputado, 105 por incomparecencia del asesor jurídico, entre otros motivos como fallas técnicas y por motivos personales del juez.
Sin embargo, en un análisis realizado por el propio Poder Judicial, se estima que, dependiendo del municipio, las tácticas dilatorias de los defensores o del Ministerio Público, o bien, de las carencias de la Defensoría Pública y los asesores jurídicos, podrían rondar entre el 30 y 50% de los diferimientos, ya sea de manera directa o indirecta.
En entrevista, el vicefiscal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, externó que, en sus números, aproximadamente el 70% de los juicios se dilatan por estrategias de la defensa y externó que es necesaria una práctica más leal por parte de “sus colegas” litigantes.
El magistrado Fragozo comentó que actualmente en Mexicali tienen un total de 3 mil 800 peticiones para audiencia pendientes y otras 3 mil en Tijuana, cifras que se incrementaron a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Agregó que sólo en Mexicali se llevan a cabo un total de 130 audiencias diarias, de las cuales cada una cuesta -sólo en personal- mil 500 pesos, es decir, se gastarían un promedio de 190 mil pesos diarios. De estimar que un 30% de las audiencias son diferidas, se estarían contabilizando pérdidas de un millón 755 mil pesos al mes.
Para Fragozo López, la cifra del vicefiscal está algo elevada a sus consideraciones, aunque reconoce que las tácticas dilatorias de los abogados particulares y las propias deficiencias de los actores del sistema, provocan un severo retraso en los juicios, algunos datan incluso desde 2016.
Aunque destaca la urgencia de plazas para el nombramiento de nuevos jueces con todo su equipo de trabajo -son necesarios ocho en Mexicali y 28 en Tijuana-, consideró que mientras se mantenga una dinámica de este tipo, no habrá Juzgados que alcancen para cubrir las necesidades de la ciudadanía, puesto que el sistema de justicia penal acusatorio fue proyectado para judicializar el 7% de los delitos, pero en BC inician juicio el 30% de los crímenes.
FALTA DE ASESORES DE LAS VÍCTIMAS, GRAVE PROBLEMA: PJ
Otro de los problemas que consideró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es que los asesores jurídicos de las víctimas no cuentan con la capacidad operativa para atender las actuales necesidades del sistema. Toda víctima tiene derecho a ser atendido por un asesor jurídico, pero sólo existen cuatro plazas y una coordinación para atender los casos que se registran, por lo que no se dan abasto.
Meses atrás se dio una situación complicada, cuando los juristas comenzaron a multar a los asesores jurídicos por no presentarse a las audiencias para apoyar a las víctimas, considerando que se trataba de una irresponsabilidad, pero tras una reunión se comprendió que no había capacidad humana para hacerlo, por lo que se vieron en la necesidad de respaldarse en los ministerios públicos para solventar esta carencia.
Además de incrementar jueces, es necesario un crecimiento directo en plazas de ministerios públicos, defensores de oficio y asesores jurídicos para las víctimas, puesto que se podrían tener 200 jueces, pero si no incrementan los otros rubros, sería irrelevante.
Fragozo López afirmó que arrancó un programa especial en el Poder Judicial, con la contratación de 60 personas eventuales -recién egresados- para que apoyen de manera directa a los Juzgados penales. La intención es que en un periodo de 60 días disminuyan el 60% de las solicitudes pendientes de audiencia, toda vez que, en estos momentos, cualquier petición se difiere hasta mayo de 2022.
URGE REFORMA AL CNPP: ABOGADO
Por su parte, el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Benjamín Almanza, aseguró que con frecuencia los litigantes recurren a tácticas dilatorias para brindar y proteger a su representado, con el objetivo de que pise la cárcel el menor tiempo posible, o bien, conseguir suficiente tiempo para llegar a un acuerdo reparatorio.
En su experiencia, en delitos patrimoniales o de menor penalidad, se utiliza una estrategia dilatoria para permitir al acusado conseguir el dinero suficiente para llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, logrando conseguir de uno a tres años sin llegar a la apertura de juicio, pues a partir de ese momento ya no se puede concretar una negociación.
“Lo que pasa es que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) nos dice que una vez que el juez dicta un acto de apertura de juicio oral, las partes ya no podemos celebrar una terminación anticipada y tampoco una salida alterna, una suspensión condicional del proceso”, refirió el letrado, para luego agregar que es preferible mantener el mayor tiempo posible esta posibilidad.
“Que se permita al imputado o acusado en una audiencia intermedia celebrar una salida hasta antes de llegar al juicio oral, y yo ya puedo llegar a una salida anticipada, el que sí haya más salas y más jueces para que se agilicen las agendas, porque la víctima espera que se le administre justicia, mi audiencia será en dos años, para mi cliente ya viene hasta 2023”, ejemplificó.
Desde su perspectiva, el 50% de las audiencias se difieren por estrategia, necesidad o por acciones del Ministerio Público, como no otorgar a tiempo un expediente para enfrentar un juicio.
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