Diputados de BC aprueban con 17 votos a favor y cinco en contra, la reinstalación de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como novedad, crearon el Centro Estatal de Inteligencia Preventiva y la figura de Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. De nuevo cambiaron el nombre a la GESI por Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Los legisladores se reservaron para que el Centro de Control y Confianza lo dejen en la FGE
Con el aval de partidos opositores como PAN y PES, y el rechazo del Partido del Trabajo y los diputados bonillistas de Morena, el Congreso del Estado logró conseguir los 17 votos necesarios para la aprobación de la reforma constitucional que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para Baja California.
La tarde del jueves 18 de noviembre, el Pleno determinó avalar la iniciativa que divide en dos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y devuelve atribuciones en materia de seguridad pública al Poder Ejecutivo, limitando la intervención de la FGE a la procuración de justicia, tal y como era dirigido antes del arribo de Morena al gobierno en Baja California.
Desde el arranque de la sesión hubo jaloneos e incertidumbre por acabalar la mayoría calificada, ya que algunos legisladores no estaban de acuerdo con la creación de dicha institución, argumentando cuestiones superadas como la confusión en las atribuciones administrativas y la falta de “socialización” sobre el tema.
Legisladores como Marco Blásquez -alfil del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez- mostraron un marcado rechazo a la iniciativa, con intención de “reventar” la sesión con una verdadera oposición sustancial.
Las diputadas Alejandrina Corral, del Partido Acción Nacional y Araceli Geraldo, de Morena, mostraron franco respaldo a la iniciativa, afirmando que generará una mayor cercanía con los ciudadanos.
Luego de la exposición de varios legisladores sobre los beneficios de la iniciativa, se llevó a cabo la votación respaldada por los partidos opositores de Morena, dando un sufragio de 17 votos a favor.
Los seis en contra fueron de Sergio Moctezuma Martínez, Ramón Vázquez Valadez y Monserrat Miramontes Casillas, de Morena; y Marco Antonio Blásquez, Claudia Agatón y Julio César Vázquez, del Partido del Trabajo (PT).
La única gran modificación que se hizo a la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue presentada por la diputada Rocío Adame, coordinadora de la bancada de Morena, quien solicitó -de manera general- que el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) saliera del esquema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como estaba previsto inicialmente, y, por ende, permanecería bajo la tutela de la FGE. Dicha adenda fue avalada por 18 diputados, por lo que fue incluida como parte del decreto.
La iniciativa previene que dicha reforma entre en vigor a partir del 1 de enero de 2022, mientras tanto, la FGE permanecerá con las responsabilidades de protección ciudadana.
Una vez avalada por el Poder Legislativo, la reforma constitucional será enviada a los cinco ayuntamientos de Baja California para su análisis, teniendo la obligación de conseguir el aval de al menos tres cabildos para emitir la declaratoria.
LA NUEVA LEY
La Ley de Seguridad y la secretaría es prácticamente la misma que existía hasta poco más de dos años, en 2019, cuando previo a su toma de protesta, Jaime Bonilla Valdez promovió la desaparición de la Secretaría de Seguridad de Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila aprovechó para armonizar las leyes y seguir el modelo del Gobierno Federal. Cambiaron algunos términos como el de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, con similares atribuciones a la anterior: “… dependencia a través de la cual esta administración se dirige a un nuevo parámetro de seguridad, enfocado no sólo en la seguridad de sus habitantes, sino también en la elaboración e implementación de políticas públicas de prevención del delito y de las violencias, facilitando con ello las condiciones que les permitan la convivencia y el fomento de una cultura de paz en democracia”.
Regresan a la secretaría: el Sistema Estatal Penitenciario y de Ejecución de Penas, Medidas de Sanción y Medidas Judiciales; el C5i, que se convierte en Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado; y la Academia ahora se llamará Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria.
Como novedad, se crea el Centro Estatal de Inteligencia Preventiva, nueva instancia que buscará “la prevención de la violencia a través del análisis de la información contenida en el Sistema Estatal de Información (…) le corresponde administrar y vigilar la integración del Sistema Estatal de Información y la debida operación de la plataforma tecnológica (…) y tendrá a su cargo desarrollar acciones sistematizadas para planear, recopilar, analizar y aprovechar la información”. Este centro tendrá una Red Estatal de Comunicaciones de Seguridad.
También nuevo será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana como un órgano desconcentrado, pero dependiente de la SSC, cuya función es “el análisis de los fenómenos generadores de violencia, su comportamiento e incidencia, así como proponer, dar seguimiento y evaluar las estrategias a cargo de las Instituciones de Seguridad Ciudadana y sus resultados”, función anteriormente atribuida al secretario de Seguridad Pública.
En cuanto al Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, se reintegra al secretario de Seguridad y agregan el Secretariado Ejecutivo, “el cual no contempla la Ley vigente y ahora fungirá como secretario Técnico del Consejo Estatal”.
La Guardia Estatal de Seguridad y la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, cambian su nombre a Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, respectivamente; en tanto Contraloría Interna ahora se conocerá como Órgano Interno de Control.
