Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, suspendió el 4 de noviembre de 2021, y sigue dando largas, a la audiencia de amparo por sobreprecios en la construcción del C5i, amparo promovido por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) en 2018. En 2017, el gobierno de Francisco Vega intentó contratar con la empresa SeguriTech, un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años. La nueva Ley de Disciplina Financiera se lo impidió. Aferrado, en junio de 2018, igual les asignó el contrato, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años. Ante los sobreprecios, la opacidad y la falta de información y detalle en la calidad del equipo que se estaba comprando, en septiembre de 2018, el CCSPBC presentó una solicitud de amparo que Caballero Green concedió, pero se negó a conceder la suspensión provisional hasta concluir el proceso. Seis meses después, en marzo de 2020, el perito ingeniero electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, entregó finalmente al juez federal un dictamen del tema, informando que en el expediente del contrato del C5i no existe un dictamen de propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como exige el Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones; tampoco detalles o precios unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y no presenta precios unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de Baja California. Esa información la recibió el juez hace año y siete meses, y aunque esta determinación abriría la posibilidad de iniciar procesos judiciales y administrativos, el juzgador decidió posponer la sesión para dictar sentencia.
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