Entrometiéndose en el gobierno

Muy acostumbrado se quedó el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, a ejercer el poder en el Estado. Tan nadie le ha recordado que hay gobernadora y él es el ex, que el lunes 22 de noviembre citó con urgencia y en Tijuana, a cuatro de los cinco alcaldes de Baja California. Y como no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, los cuatro presidentes municipales acudieron, sólo para encontrarse con un iracundo Bonilla. Al primero que regañó fue a Darío Benítez, alcalde de Tecate, por haber tenido la osadía de aprobar (realmente fue el Cabildo) la reforma a la Constitución local -realizada a iniciativa propuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda- para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. En los últimos días de su gobierno, Bonilla había dicho no estar de acuerdo con tal medida, que ya no correspondía a su administración. Evidentemente siguió pensando que está en el poder y, tras la reprimenda a Benítez, continuó con la presidente municipal de Rosarito, a quien reclamó las atenciones que ha tenido con la gobernadora Ávila, a la cual Bonilla se refirió no en buenos términos, denostándola con calificativos, agrediéndola con violencia política en razón de género, al decir que no comulgaba con Morena y lo hacía con otro partido en razón de relaciones personales. Prácticamente, el ex mandatario amenazó a Araceli Brown para que no aprobara (en realidad, el Cabildo) la reforma que crea la Secretaría de Seguridad Pública y desmantela la Fiscalía General del Estado que, en el gobierno de Francisco Vega, Bonilla promovió su creación. Luego de aprobada la reforma en Tecate, San Quintín y Mexicali, sólo falta el visto bueno de un ayuntamiento más para que entre en firme la enmienda. En Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero ha sido muy claridosa al decir que no está de acuerdo, pero respetará la decisión de Cabildo, y en Ensenada, pues está el protegido de Bonilla, Armando Ayala. Ahora sí que, no habiendo terminado su bienio, don Jaime no deja de entrometerse en el gobierno estatal de su sucesora.