Contrato de planta fotovoltaica de Bonilla obliga al gobierno a pagar 6 mil mdp si se cancela
Contrato de planta fotovoltaica de Bonilla obliga al gobierno a pagar 6 mil mdp si se cancela
El contrato de la planta fotovoltaica -impulsada por Jaime Bonilla Valdez- contempla un mecanismo denominado certificados de inversión, por un monto de seis mil millones de pesos y obliga a la administración actual al repago de esos certificados de inversión si el proyecto se cancela por cualquier circunstancia.
El secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, reveló que “un grupo importante” de estos seis mil millones de pesos de certificados de inversión fueron firmados en septiembre de 2021, cuando ya estaba el periodo de transición y la Ley no permite que la administración saliente asuma obligaciones financieras sin la participación de un representante de la siguiente administración.
“En ese sentido, quiero comentarles que yo, de manera precisa, le informé a los funcionarios involucrados que no deberían firmar ningún compromiso de este tipo, y a pesar de ello se firmaron”, sostuvo.
Según los documentos a los que tuvo acceso ZETA los certificados de inversión fueron firmados por los entonces secretarios del Agua, Luis Salomón Faz Apodaca; y de Hacienda, Adalberto González Higuera; quien signó los últimos dos certificados mediante un apoderado de nombre Pablo Alonso Hernández Arellano.
El resto de funcionarios que firmaron los certificados de inversión fueron la entonces directora de la Comisión Estatal de Energía, Miriam Álvarez y el oficial mayor, Israel Clemente González.
Por parte del consorcio integrado por Constructora Maíz Mier, S.A. de C.V., Next Energy de México, S.A. de C.V.; Next Energy BC, S de R.L. de C.V.; Next Energy del Centro, S. de R.L. de C.V.; Eólica Santa Catarina, S. de R.L. de C.V.; Next Energy Agua y Viento, S. de R.L. de C.V.; y Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora, S.A.P.I. de C.V., firmó su representante Héctor Martínez Vivas y el socio director y representante legal de Valorum Capital, S.C., Juan Luis Flores Flores.
El primer certificado de 922 millones 924.015 pesos corresponde a la inversión que habría hecho el consorcio por equipo principal, garantías, fianzas y costos legales, así como sistemas de medición.
El segundo certificado de mil 130 millones 456 mil 899 pesos por equipo principal. El tercer certificado, de dos mil 406 millones 770 mil 700 pesos, habría sido por la inversión en equipo principal. Y el cuarto, de dos mil 33 millones 697 pesos, también habría sido por la inversión en equipo principal.
Aun cuando el terreno donde se construiría la planta fotovoltaica no cuenta con permisos como el de uso de suelo.
Con la información obtenida, el plan financiero de la planta fotovoltaica proyectaría que a partir de marzo de 2022 el gobierno comience a hacer pagos mensuales, que en su mayoría exceden los cien millones de pesos.
Ello pese a que el gobierno bonillista cacareó que la planta solar sería una inversión privada que no le costaría a los bajacalifornianos.
El pasado 24 de noviembre de 2021, durante la primera conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Moreno Mexía reiteró que el proyecto de la planta fotovoltaica “es un proyecto estructurado con ventajas para el inversionista privado que lógicamente representa condiciones de desventaja en cuanto al plazo, el precio y los mecanismos de garantía hacia el estado”.
“En términos de análisis y de justicia nos asiste la razón y no habría ninguna consideración por la cual nosotros estuviéramos de acuerdo con tener que pagar algún recurso con una inversión que no se ha pagado, que no tiene los permisos correspondientes y que eventualmente no va a entrar en funcionamiento”.
Por ello, afirmó que se está evaluando cuál será la ruta jurídica que permita “deshacernos de ese compromiso sin tener que liquidarlo, algo que sería terrible para las finanzas públicas del estado”. “Es un tema que estamos revisando con los abogados con mucho cuidado”, reiteró Moreno Mexía.
Pasivos del gobierno estatal en 35 mil mdp
A propósito de la deuda que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez heredó a la administración de Marina del Pilar, el secretario de Hacienda señaló que ésta asciende a 35 mil millones de pesos, considerando la deuda financiera y los pasivos contingentes.
Explicó que el monto de la deuda financiera pública a largo plazo es de 18 mil 300 millones de pesos, mientras que el resto corresponde a otros pasivos sobre suministros, gastos acumulados pendientes de servicios personales y pasivos contingentes que no se ha materializado su pago, pero que está latente.
En este último rubro destacan los compromisos de repago de inversión de la planta fotovoltaica. Precisó que la deuda que dejó Bonilla Valdez en cuanto a participaciones federales no entregadas a los Ayuntamientos, principalmente de Mexicali y Tijuana, asciende a 376 millones de pesos.
“Lo que hemos hecho a partir del 1 de noviembre es atender cabalmente la entrega de participaciones a los municipales en los cinco días siguientes a su recepción. Con esto queremos dejar en claro que el compromiso de esta administración es que no se acumule un solo peso que le corresponda a los municipios por participaciones”.
Adelantó que el gobierno estatal está iniciando conversaciones con los Ayuntamientos, para llegar a un arreglo y determinar un monto, con el fin de que no crezca ese pasivo y se pueda cumplir en los siguientes meses.
Sobre el trabajo hecho por Fisamex, empresa que en la anterior administración cobró más de 300 millones de pesos por hacer auditorías a consumidores industriales y comerciales, el titular de Hacienda dijo que se está haciendo un análisis.
“Tenemos algunas señales que estamos revisando. Los procesos de auditoría llevan su tiempo y estaremos esperando que se concluya para poder determinar si hubo o no irregularidades tratándose de la empresa”, manifestó y reiteró que el gobierno actual no tiene la intención de contratar de nuevo los servicios de Fisamex.
Los abogados de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones están analizando los amparos interpuestos por los contribuyentes “No tenemos ahorita una materialidad importante en términos de juicios ganados por parte los contribuyentes. En su oportunidad estaremos revisando y haremos exactamente lo que determine la ley y la justicia”, añadió.