La idea es que la población conozca quien vale la pena para ser elegido como gobernantes y legisladores, poniendo a disposición pública información que evidencie quiénes son los candidatos, qué poseen, qué intereses los incitan a postularse y si pagan sus impuestos
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur pretende reforzar la vigilancia de los candidatos en cada proceso electoral, a través de una iniciativa que fue enviada al Congreso del Estado, para que sea obligatoria la Ley 3 de 3 para quienes buscan un cargo de elección popular en los procesos electorales venideros.
En un inicio se trató de una reforma aplicada para vigilar a los funcionarios, obligándolos a presentar tres documentos donde se detalle sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Hoy se busca que nadie de los que deseen llegar a un puesto público mediante el voto esté exento de transparentar estos datos ante el electorado.
El presidente del CPC, Jorge Moore Valdivia, recordó que en estos momentos la Ley 3 de 3 no alcanza para obligar a las y los candidatos a presentar sus declaraciones. De aprobarse la iniciativa, la ciudadanía podrá contar con información suficiente de los perfiles que aspiran a ganar una elección.
Anteriormente, las cámaras empresariales y sociedad civil organizada han exhortado en procesos electorales para que, de forma voluntaria, se presenten estos documentos; sin embargo, la escasa respuesta por parte de partidos y postulantes motiva a cambiar todo desde la cancha legislativa.
En este sentido, Jorge Moore exhibió que en las elecciones de 2021 solo siete mil 435 de los 135 mil candidatos y candidatas presentaron la 3 de 3. Esto representa un 5.4 por ciento de todas las personas que se registraron en búsqueda de una gubernatura, presidencia municipal o curul.
“No puede haber voto informado sin información… el mínimo para participar en democracia es la información. Cuando una democracia no permite a sus ciudadanos tener información que permita comparar y elegir entre las personas que quieren representarnos es una democracia endeble”, sostuvo.
En el recuento del proceso de este año, comentó que, de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, de los 94 millones de votantes, al menos el 60 por ciento no contó con información mínima de quiénes eran las personas que les pidieron el sufragio a favor.
Desde la perspectiva del presidente, se trata de un problema grave en el derecho al acceso a la información.
Por ahora la iniciativa fue recibida en el Congreso del Estado, se espera que en breve sea presentada en Tribuna.
