Sin abandonar la estrategia de “abrazos, no balazos”, el gobierno mexicano se apresta a colaborar con Estados Unidos en combate a la criminalidad. Habrá mayor cooperación en la identificación de activos de la delincuencia organizada y su bloqueo. La Unidad de Inteligencia Financiera finca la mayoría del congelamiento de cuentas bancarias en peticiones de la DEA. En el Tercer Informe de Gobierno se destaca el bloqueo de cuentas a 3 mil 411 personas. En los últimos meses, de junio a septiembre fueron aseguradas las operaciones financieras de otras 186 personas vinculadas a cárteles de la droga
La mayoría de las cuentas bancarias y activos vinculados a organizaciones criminales congeladas por autoridades mexicanas han obedecido a solicitudes formuladas por el Gobierno de Estados Unidos, situación que podría incrementarse a raíz de la firma del acuerdo bilateral entre ambos países, denominado Entendimiento Bicentenario, que dejó atrás la Iniciativa Mérida que operaba desde 2007 y fondeó con recursos a México en su fallida lucha contra la criminalidad.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado cientos de cuentas en instituciones financieras y de crédito a empresas, ex funcionarios acusados de corrupción, evasores de impuestos y redes de factureras, que no se comparan con miles de cuentas congeladas que amparan presuntos capitales de personas ligadas a cárteles mexicanos de la droga a petición del gobierno estadounidense, como las más de dos mil cuentas en bancos de personas afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante el Tercer Informe de Gobierno se reveló que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó cuentas bancarias a 3 mil 411 personas directamente involucradas y terceros relacionados con actividades de organizaciones que producen dinero ilícito, por un monto superior a mil 474.3 millones de pesos, 7.7 millones dólares americanos y 10 mil 143 euros.
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Sólo en el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021 -destaca la unidad investigadora de Hacienda- fueron formuladas 142 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a 911 personas físicas y morales que podrían estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita; un incremento de 35% más respecto al lapso similar anterior.
Apenas los días 20 y 21 de septiembre últimos, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó sobre un nuevo bloqueo de cuentas bancarias propiedad de 186 personas presuntamente vinculadas a grupos criminales que operan en Estado de México y Jalisco, y que son parte de una investigación del Operativo Agave Azul emprendido a partir de junio de 2020 y permitió a la autoridad ubicar las cuentas de mil 939 sujetos relacionados al CJNG.
Aunque no se revelaron los montos del dinero que contienen las cuentas aseguradas a 186 personas, la UIF explicó que 57 de ellas, en Jalisco, están vinculadas al CJNG y su brazo financiero de Los Cuinis, así como Los Matazetas, Nueva Plaza, Cártel del Pacífico y Cártel de Juárez; mientras que 129 personas en el Estado de México, se relacionan con los cárteles de Tláhuac, del Golfo, Nuevo Imperio, célula de los Beltrán Leyva, CJNG, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa y/o Cártel del Diablo, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano y/o Palma, Los Peñafiel, Los Popoca y/o Los Mutiladores.
RELACIÓN BILATERAL
La Iniciativa Mérida, firmada por los gobiernos de México y Estados Unidos en octubre de 2007 con la intención de apoyar la seguridad pública, la procuración de justicia, combatir el crimen organizado y disminuir la violencia en nuestro país, fracasó rotundamente, a pesar de que, durante estos 14 años, EU dotó a México de 3 mil 308 millones 800 mil dólares para cumplir con los objetivos planteados.
En la administración de Felipe Calderón Hinojosa se recibieron mil 924 millones de dólares para reforzar los esquemas de seguridad y estar en mejores capacidades de enfrentar a los grupos criminales a través de la adquisición de armamento e instrumentos tecnológicos, capacitación táctica y en materia legal para adoptar un nuevo sistema de justicia penal.
Con Enrique Peña Nieto fueron 952.8 millones de dólares aportados, y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, iban 432 millones de dólares.
De poco sirvieron los recursos y canalización de los esfuerzos, pues en ese lapso la violencia se disparó en nuestra nación, los grupos delincuenciales se expandieron a un número mayor de territorios, la corrupción siguió permeando en las instituciones y los cuerpos de seguridad las Fuerzas Armadas no pudieron contener el fenómeno. Prueba de ello son los récords que se siguen batiendo en cuanto a homicidios dolosos, personas desaparecidas, fosas clandestinas y una creciente crisis forense.
El gobierno de López Obrador decidió terminar con la relación de la Iniciativa Mérida al estimar que EU no cumple con parte de lo que le corresponde, sobre todo en la restricción de venta de armamento a organizaciones delincuenciales que lo usan para el incremento de la violencia en este lado de la frontera. El fin de ese plan ocurrió a un año de que se cumplan 200 años del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos países, dando paso a un nuevo acuerdo en la materia, que desde luego fue aceptado por Estados Unidos por seguir con la batuta en la amigable composición.
Luego de celebrado el primer Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre México y Estados Unidos, en la primera semana de octubre último, se concretó el nuevo plan llamado Entendimiento Bicentenario, que contiene metas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar al crimen transnacional en la región y un nuevo enfoque de seguridad y cooperación entre las dos naciones. México reclamó la reducción del tráfico de armas, y la Unión Americana, la prevención de la delincuencia transfronteriza.
Se trataron los temas de reducir significativamente el número de homicidios en México, la inversión en el rubro de la salud pública para el tratamiento de las adicciones, el apoyo al desarrollo económico y educativo para generar mejores condiciones que no incidan en la migración, el combate al tráfico de armas y drogas, abatir la trata de personas y desmantelar las redes criminales internacionales, atajando las rutas de financiamiento y dinero ilícito del que se nutren los grupos criminales, persiguiendo a sus operadores.
Estos acuerdos fueron interpretados por algunos analistas y expertos en temas de seguridad como un posible viraje en la política criminal del gobierno de López Obrador y meter más fuerza a las acciones para dejar del lado el esquema de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, el acuerdo parece claro: Estados Unidos frena el tráfico de armas, y México, sin violencia, continuará dando facilidades para el congelamiento de los activos de la delincuencia, así como ha sido dócil y obediente en la política migratoria.
PETICIONES SATISFECHAS
Aunque no han resultado del todo exitosas, las acciones para blindar las vulnerabilidades del sistema financiero mexicano, Estados Unidos reconoce y agradece los esfuerzos del gobierno de López Obrador, que aunque no enfrente al crimen organizado cuerpo a cuerpo, ni con detenciones espectaculares, ha atendido de sobremanera las solicitudes diplomáticas de cooperación en información, investigación y asistencia para inmovilizar flujos financieros provenientes de la delincuencia transnacional, como lo muestra la mayoría de cuentas bancarias bloqueadas en lo que va de la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T).
La culpa de que muchas de esas cuentas no permanezcan aseguradas es propiamente del gobierno, aun conjuntándose los esfuerzos de la UIF con la FGR, porque actúan sin judicializar los casos. El 3 de agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró su criterio de que la UIF no puede ordenar el bloqueo de los activos bancarios sin orden judicial, a menos de que se actúe en cumplimiento de acuerdos internacionales.
México ha sido tan benevolente con Estados Unidos, que en ocasiones la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) sólo solicita información e investigación de presuntos delincuentes o sus prestanombres y el gobierno mexicano procede al congelamiento de cuentas, lo que le ha costado muchos reveses en tribunales cuando quienes resultan afectados acuden ante la justicia federal para solicitar su amparo y protección ante los excesos de la autoridad.
Pese a las pifias, la UIF, que asume funciones de investigación que le competen directamente a la FGR, reconoció en el Tercer Informe de Gobierno, que se han promovido mil 323 juicios de amparo por personas físicas y/o morales que fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas. Y apunta: “Es de resaltarse ya que este monto es menor al total de personas bloqueadas (3 mil 411), lo que refleja la capacidad de las autoridades para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y constitucionalidad de las medidas de prevención para la comisión y/o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El Pleno de la SCJN declaró sin materia una contradicción de tesis sobre el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que 2016 y 2017 fue declarado inconstitucional por la Primera y Segunda Salas, pero como partieron de criterios distintos, un Juzgado de Distrito con residencia en Oaxaca solicitó al máximo órgano de justicia del país aclarar si había una contradicción entre ambas tesis.
ROBUSTAS LISTAS DE EU
En los últimos dos años, la UIF recibió diversas solicitudes de cooperación internacional directamente de la DEA, lo que ha justificado la emisión de acuerdos relativos a la designación de personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, “con el objetivo de prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de las personas directamente investigadas por dicha agencia de los Estados Unidos de América”.
Las peticiones que recibe Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, son muy similares por parte del director regional de la DEA, adjunto a la Embajada de los Estados Unidos ubicada en Ciudad de México: “Por medio del presente me es muy grato saludarle e informarle que esta oficina de la DEA está llevando a cabo una investigación preliminar sobre un grupo de personas físicas, quienes se cree se encuentran involucradas en el lavado internacional de activos. Cabe añadir que se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”.
Enseguida se aporta una lista sobra las personas físicas con datos como nombre, fecha de nacimiento y Registro Federal de Causantes, para que la autoridad mexicana proceda en consecuencia: “(…) solicitamos respetuosamente la asistencia de la entidad bajo su digno cargo para investigar irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos y así poder desmantelar la organización previniendo así futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos”.
El cordial oficio, que agradece de antemano la cooperación de la UIF, promete compartir información de manera oportuna conforme sea actualizada, y remata con la leyenda: “Por favor no dude en comunicarse con el Agente Especial de la DEA (un nombre) al tel. (un número) ext. (un número) para cualquier duda o aclaración”.
Las últimas listas han sido muy numerosas en cuanto a nombres, y el Estado mexicano, a través de la UIF, ha procedido a recabar datos, ubicar los activos de esas personas y, a través de un acuerdo, ordenar su bloqueo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Así se emitió el Acuerdo 74/2020, del 29 de mayo de 2020, en contra de al menos 952 personas incorporadas a la lista de personas bloqueadas, bajo el argumento de que mediante labores de cooperación con entidades nacionales e internacionales, “fue posible obtener información respecto a que todos los sujetos analizados se encuentran vinculados con las organizaciones delictivas conocidas como ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ o ‘CJNG’ y ‘Los Cuinis’ debido a que fungen como operadores financieros de dichos grupos criminales, tienen vínculos familiares o personales con líderes identificados de las organizaciones referidas, o bien, han prestado algún tipo de ayuda o auxilio a las actividades ilícitas desarrolladas por dichos grupos de la delincuencia organizada”.
Ocho días antes, la DEA formuló la solicitud de asistencia sobre una investigación de lavado de activos, “la cual se encuentra presumiblemente relacionada con una importante organización criminal transnacional; haciendo especial énfasis que dicha investigación está directamente vinculada con el operativo del Gobierno de México ‘Operación Agave Azul’ y ‘Operación Python’, este último llevado a cabo por una oficina de los Estados Unidos”.
De manera similar, se emitió el Acuerdo 145/2020, el 7 de octubre de 2020, por el cual se atendió la petición formulada por la DEA cinco días antes, en contra de más de mil 200 personas bajo los mismos esquemas que la solicitud anterior, solo que esta vez, los sujetos analizados fueron vinculados con grupos de la delincuencia organizada como La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Los Rodolfos o La Anti-Unión de Tepito, entre otras.
