La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instaurada en el Senado de Brasil para investigar la gestión por parte del Gobierno brasileño, de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), aprobó por mayoría, este martes 26 de octubre, el informe que acusa al presidente Jair Messias Bolsonaro -presidente desde el 1 de enero de 2019- de haber cometido nueve delitos diferentes.
“El resultado es de siete a cuatro”, informó el presidente de la comisión, el senador Omar Aziz, respecto a la votación del texto elaborado durante los últimos seis meses de investigaciones. El sufragio de los legisladores concluyó con un minuto de silencio en memoria de los más de 606 mil muertos y 21 millones de contagios por COVID-19, que la pandemia dejó en Brasil.
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“Vimos delitos aterradores y barbaridades inhumanas, desprecio con el dolor y escarnio con la vida; las atrocidades cometidas por este Gobierno no se olvidarán, nosotros no las olvidaremos, el caos del Gobierno de Jair Bolsonaro entrará en la Historia como el escalón más bajo de la indigencia humana y civilizatoria”, criticó el senador Renan Calheiros, relator del informe.
El texto de la investigación que comenzó el pasado 27 de abril, señala a otras 78 personas, entre las que están el tercero de los cuatro ministros de salud que el país ha tenido desde el comienzo de la pandemia, el general Eduardo Pazuello, también acusado de crímenes contra la humanidad.
Entre los señalados también hay cuatro ministros en activo y dos que salieron del Gobierno, así como los tres hijos mayores de Bolsonaro, el senador Flávio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos, sospechosos de incitación al delito. El informe también señala a dos empresas privadas.
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El Senado pidió imputar también al Ministro de Defensa y exministro de la Presidencia, general Walter Braga Netto. Así como al Ministro de Trabajo y ex ministro de la Secretaría General, Onyx Lorenzoni, además del Ministro de la Contraloría General, Wagner Rosario, y, al ex jefe de prensa de la Presidencia, Fabio Wajngarten.
La Comisión Parlamentaria de Investigación también culpa al ex ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo; al diputado Ricardo Barros, jefe del oficialismo en el Congreso, y, al actual Ministro de Salud, Marcelo Queiroga, en el cargo desde marzo pasado.
En lo que respecta a Bolsonaro, de 66 años de edad, fue acusado de nueve delitos, entre ellos: epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, crimen contra la Humanidad y crimen de responsabilidad.
Los ejes de las acusaciones del informe legislativo son la promoción de medicamentos sin eficacia probada contra la COVID-19, así como la búsqueda de la inmunidad de rebaño con el contagio masivo de la población y la demora en la compra de vacunas en Brasil, país con el segundo mayor número de muertes por SARS-CoV-2 en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos.
El informe del Senado brasileño concluyó que la “estrategia macabra” del Gobierno Federal de Brasil ante la pandemia, supuso 120 mil muertes que se podrían haber evitado, lo que representa el 20 por ciento de las personas fallecidas por COVID-19 en dicho país sudamericano.
“Si se hubieran aplicado sistemáticamente medidas no farmacológicas, se podrían haber reducido los niveles de transmisión de la COVID-19 en aproximadamente un 40 por ciento, lo que significa que se podrían haber salvado 120 mil vidas para fines de marzo de 2021”, señaló el texto de mil 288 páginas.
El informe ahora será remitido a las instancias judiciales que pueden presentar denuncias contra Bolsonaro y el resto de señalados, como la Procuraduría General de la República, las fiscalías de los estados y la Corte Penal Internacional, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.
Desde los primeros contagios de la COVID-19 en Brasil, Bolsonaro rechazó las recomendaciones más básicas de las autoridades sanitarias. El presidente brasileño se opuso al confinamiento, se pasea a menudo sin mascarilla, además de que animó a la ciudadanía a salir a trabajar a las calles.
Asimismo, Bolsonaro presume de no haberse inmunizado y sigue promocionando medicamentos de eficacia no probada, así como difundiendo teorías de la conspiración, como la que provocó que Facebook, Instagram y YouTube le bloquearan su último enlace directo semanal, transmitidos en sus cuentas de las diversas redes sociales.
La Comisión Parlamentario de Investigación del Senado de Brasil demostró cómo el titular del Poder Ejecutivo brasileño rechazó deliberadamente las ofertas de vacunas por parte de varias empresas, lo que retrasó las campañas de inmunización.
También reveló que el presidente hizo caso omiso ante una supuesta trama corrupta en la compra de las vacunas y cómo una red de hospitales privados obligó a sus equipos médicos a recetar un paquete de medicamentos, el llamado kit covid, que incluye varios compuestos de eficacia no probada como la cloroquina o la ivermectina.
