Ante diferencia de criterios en autoridades fiscales y laborales aumentará la corrupción
La reciente reforma al outsourcing que entró en vigor el pasado 1 de septiembre “le pega muy fuerte” a la industria de la construcción; sector en el que usualmente una empresa subcontrata para hacer una obra, señalaron especialistas.
Roberto Quijano, abogado laboral, señaló que debido a que la responsabilidad recae en las empresas que contratan es necesario que éstas acoten su objeto social para poder subcontratar servicios especializados, ya que el cambio normativo sólo permite la subcontratación cuando el proveedor preste servicios especializados que no sean similares a las del objeto social del contratante.
Aconsejó que las empresas contratantes revisen a sus proveedores para determinar a cuáles les van a pedir el Registro de Prestadores de Servicio Especializados u Obras Especializadas (Repse), y considerar no contratar a una empresa si no tiene el Repse, ya que sin él no podrá deducir impuestos ni acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, recomendó documentar el contrato con el proveedor, el objeto social, reportes de entregables, y las facturas que se emiten que estén en concordancia.
Durante su participación en el webinar de Incomex, el especialista comentó que las tres principales razones por las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal rechaza la solicitud de registro al Repse son: el que la empresa que solicita el registro señala un objeto social distinto al que tiene en su acta constitutiva, no desempeñar una actividad esencial, y no acompañar la solicitud con toda la documentación.
En su opinión la reforma al outsourcing fue “buena” ante los abusos que se han cometido en detrimento de los trabajadores, pero está mal hecha porque limita el libre comercio. Tema por el cual algunas empresas han solicitado un amparo.
Leobardo Tenorio, fiscalista, consideró que los cambios en la materia generan más problemas que los que pretende atacar. Ante las diversas interpretaciones de la ley y criterios distintos de autoridades laborales (STPS) fiscales (SAT) habrá más corrupción, previó.
Reiteró que “si no se cumple con la Ley laboral no se puede deducir impuestos ni acreditar el IVA de todos los servicios”.
En ese sentido, alertó que ante la propuesta de Hacienda en el Paquete Económico 2022 para que las personas físicas y morales puedan incorporarse al Régimen de Confianza es probable que algunas empresas que buscan seguir haciendo outsourcing sin respetar la ley simulen la contratación de personas físicas con actividades empresariales.
Sin embargo, hacer esa simulación sería considerado como defraudación fiscal por la autoridad, por lo que conminó a no caer en dicha irregularidad.
Las empresas que prestarán servicios especializados tendrán que compartir información respecto a sus contratos en una plataforma del Seguro Social llamada ICSOE. Igualmente, el Infonavit habilitó otra plataforma digital para que las empresas den cuenta de sus contratos cada cuatrimestre, so pena de recibir multas que van de los 44 mil a los 184 mil pesos, añadió.
