Ediles de PAN, PES, MC e independientes la acusaron de evadir nombramiento de titular en Seguridad Ciudadana por la vía de la mayoría calificada y modificar reglamento para que aplicara la mayoría simple
Regidores de oposición en el IX Ayuntamiento de Rosarito interpusieron una denuncia de juicio político contra la alcaldesa del V Municipio de Baja California, Araceli Brown Figueredo, por quebranto del orden jurídico y omisión.
Sobre el procedimiento interpuesto ante el Congreso del Estado el día de ayer, la regidora del Partido Acción Nacional, María Ana Medina Pérez explicó que tiene que ver con que desde la primera sesión de cabildo celebrada durante la actual administración se violentó el Reglamento Interior del Ayuntamiento (art. 14) en razón de que no se subió al orden del día el punto de acuerdo para nombrar secretario de Seguridad Ciudadana.
“Se debió haber nombrado a cuatro titulares, entre ellos al tesorero municipal, al delegado de Primo Tapia, ya que solamente tenemos una delegación, al secretario general y al secretario de Seguridad Ciudadana”, refirió Medina Pérez, quien en el proceso electoral 2018-2019 fue candidata del PAN a la presidencia municipal.
Asumió que la alcaldesa, Brown Figueredo (quien en el proceso 2020-2021, se reeligió como tal), dispuso no subir el tema toda vez que “se requería mayoría calificada” a efecto de concretar el nombramiento, para el que había propuesto a quien durante el VIII Ayuntamiento estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano Ortiz.
La ex candidata panista recordó tras la primera sesión de Cabildo, se llevaron a cabo dos sesiones extraordinarias sin que finalmente se enlistara el tema y que no fue sino hasta una cuarta reunión, que se ratificó a Arellano Ortiz en el cargo, pero con mayoría simple, en vista de que la Comisión de Gobernación (integrada por regidores de Morena) en su momento aprobó un dictamen para modificar el Reglamento, de manera que procediera la votación en esa modalidad.
“Lo aprobaron ellos”, dijo a propósito del dictamen y agregó: “se subió al Periódico Oficial del Estado de Baja California y así es como llegamos a la cuarta sesión extraordinaria en donde ya con o sin nosotros, es decir con la mayoría simple, ratifican al secretario de Seguridad Ciudadana”, manifestó.
“… (Nosotros) votamos en contra, pero ya no requerían la mayoría calificada”, aseveró en alusión al bloque opositor en el cabildo de Rosarito, al que igualmente están incorporados Dalia Salazar, del Partido Encuentro Solidario; Sandra Jiménez, de Movimiento Ciudadano; Kareli Leal y Silvano Abarca, independientes.
“Es una violación del orden jurídico, no podemos estar cambiando los reglamentos a modo cada vez que quiera tener un fin personal porque al final de cuentas somos un cabildo conformado por distintas fuerzas políticas en donde tenemos que tomar decisiones colegiadas en beneficio de Rosarito, no en beneficio de una persona”, expuso Medina Pérez.
De la ratificación de Arellano Ortiz, señaló en entrevista con ZETA, que previo a que se les tomara protesta como IX Ayuntamiento, ella en su carácter de regidora electa le manifestó a la alcaldesa “que el tema de la seguridad es un tema muy importante para los rosaritenses y que se necesitaba una persona nueva, una persona fresca que estuviera al frente de dicha secretaría”.
Consideró que para el rubro de seguridad se le debe dar “oportunidad a una persona, nueva, fresca”, en el ánimo de que ofrezca “nuevas estrategias al combate a estos hechos delictivos que suceden día a día”. Sostuvo que con la denuncia (extensiva al síndico procurador, Jaime Ibarra, y a los regidores de Morena) se pretende que se regrese “a la primer sesión”, en un afán de que se haga otra propuesta de nombramiento.
Los ediles de oposición ofrecieron una rueda de prensa este miércoles 20 de octubre, en donde dieron detalles sobre el procedimiento y a la que acudió Brown Figueredo.
Sobre su presencia en la conferencia, la alcaldesa asentó en declaraciones para los medios que había acudido “a escuchar de viva voz” los argumentos de los regidores a propósito de la denuncia. Ella a su vez arguyó contar con “el sustento jurídico, legal” de cómo se procedió con el nombramiento de Arellano Ortiz.
“No hicimos nada ilegal, todo fue conforme a la ley, las formas, ellos lo provocaron y las consecuencias de lo que estamos viviendo en el país son provocadas por ellos cuando estaban en el poder”, profirió.
“No nos vamos a prestar a sus juegos, por eso digo, encantados nosotros de que nos llamen en el Congreso para poder ahí dar nuestro sustento jurídico, sabemos perfectamente bien lo que hicimos, espero que los compañeros entiendan que ganamos, somos ahora la mayoría y que podemos hacer modificaciones en el reglamento y para argumentar lo que ellos dicen que nosotros incurrimos en ilegalidades conocemos muy bien cuál es la ley del régimen municipal”, aseveró.
La regidora independiente, Careli Leal, recalcó a este semanario que los ediles opositores procedieron con base en fundamentos. Profirió que ellos creen que el hecho de que Brown Figueredo “haya modificado los reglamentos a su modo para dejar a una persona en seguridad pública sí es un tema muy delicado”.
Finalmente dijo creer ser “factible” que proceda el juicio político en contra de la primera edil, “ya que en mi consideración sí están violando un reglamento, están excediendo sus facultades como autoridad municipal, al dejar sin voto cuantificable” a los regidores de oposición, “ya que sí tenemos voz y voto como ella lo menciona pero no determina la votación de un cabildo, ya que sólo con su mayoría simple, que son 7, ya puede tomar todas las decisiones de un cabildo”, remató.
