En ambos casos está involucrado el Partido Acción Nacional como la parte impulsora del procedimiento
El lunes 18 de octubre, Mario Osuna Jiménez anunció que una vez que tomara posesión en el cargo de dirigente estatal del Partido Acción Nacional, recurriría al Congreso de la Unión para demandarle la aplicación de juicio político al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por presunto desvío de recursos públicos.
“En detrimento de las arcas estatales hay situaciones de desvíos, en donde se dejaron de atender las participaciones federales hacia los propios Ayuntamientos” y “en donde se tiene que dar vista a hasta la propia fiscalía general de la República”, refirió.
Osuna Jiménez, quien arribó a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN este viernes 22 de octubre, manifestó que, por concepto de cobro de agua, a cargo de la empresa Fisamex, también se desviaron recursos durante la actual administración estatal.
Explicó que cuando una empresa presuntamente endeudada reclama cobro indebido y logra la devolución del desembolso, no se sabe qué ocurre con el dinero que el Gobierno del Estado pagó a Fisamex por hacer la cobranza (pago que equivale al 20 por ciento del monto recuperado).
Precisó que igualmente solicitaría juicio contra el secretario de Hacienda (cargo en el que actualmente se desempeña Adalberto González Higuera), pero ante el Congreso del Estado.
Además, afirmó que durante la administración de Bonilla Valdez, a punto de fenecer el 31 de octubre, se aumentaron cargas tributarias y se crearon otras, las cuales resultaron improcedentes.
“Se duplicaron a como se venía la tasa históricamente manejando, se incrementaron y se crearon impuestos que a todas luces son inconstitucionales”, expuso.
Osuna Jiménez, designado líder partidista para desempeñarse en el periodo 2021-2024, en sustitución de Enrique Méndez Juárez remarcó que algunas de las líneas de trabajo a ejercer desde la dirigencia a su cargo apuntan a “la rendición de cuentas, la transparencia y el tema de las responsabilidades”.
El martes 19, regidores de oposición en el IX Ayuntamiento de Rosarito interpusieron una denuncia de juicio político contra la alcaldesa del V Municipio de Baja California, Araceli Brown Figueredo, por quebranto del orden jurídico y omisión.
La regidora de Acción Nacional, María Ana Medina Pérez explicó que el procedimiento presentado ante el Congreso de Baja California, tiene que ver con que la alcaldesa, el síndico Jaime Ibarra y los regidores de Morena se abstuvieron de proceder al nombramiento de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la primera sesión de cabildo.
“Se debió haber nombrado a cuatro titulares, entre ellos al tesorero municipal, al delegado de Primo Tapia, ya que solamente tenemos una delegación, al secretario general y al secretario de Seguridad Ciudadana”, recalcó.
“Se requería mayoría calificada” a efecto de concretar el nombramiento, para el que Brown Figueredo había propuesto a quien durante el VIII Ayuntamiento estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano Ortiz.
Sin embargo, la Comisión de Gobernación modificó el Reglamento Interior de Ayuntamiento para poder ratificar a Arellano Ortiz en una cuarta sesión de cabildo, bajo el método de mayoría simple. Ello en razón de que no lograrían la mayoría calificada, interpretó Medina Pérez.
“… (Nosotros) votamos en contra, pero ya no requerían la mayoría calificada”, aseveró en alusión al bloque opositor en el cabildo de Rosarito, al que igualmente están incorporados Dalia Salazar, del Partido Encuentro Solidario; Sandra Jiménez, de Movimiento Ciudadano; Kareli Leal y Silvano Abarca, independientes.
“Es una violación del orden jurídico, no podemos estar cambiando los reglamentos a modo cada vez que quiera tener un fin personal porque al final de cuentas somos un cabildo conformado por distintas fuerzas políticas, en donde tenemos que tomar decisiones colegiadas en beneficio de Rosarito, no en beneficio de una persona”, remató.
