Para el gobernador de Baja California, el combate a la corrupción quedó en el tintero, en un discurso simulador que se desvanece cuando se enfrenta a las propias cifras oficiales. En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el estudio Censo Nacional de Gobiernos Estatales de 2021, exhibiendo que la administración morenista cuenta con las peores cifras en materia de combate a la corrupción, sanciones de servidores públicos y mecanismos de transparencia
El combate a la corrupción es uno de los ejes centrales en los que se basa el discurso combativo de Jaime Bonilla Valdez. Al igual que todos los gobiernos ligados a la Cuarta Transformación (4T), este emblema los ha llevado a tener gran aceptación popular, la cual reconoce a este mal como uno de los más severos en el país.
Sin embargo, el mensaje político del mandatario no soporta el mínimo análisis y se desbarata ante las cifras oficiales.
El miércoles 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un informe para describir el estado de los gobiernos locales, donde analizó la cantidad de hombres y mujeres que forman parte del sector público, sus mecanismos de control, la transparencia, sobre todo el combate a la corrupción y las herramientas para prevenirlo.
El documento de más de 70 diapositivas deja en evidencia, sobre todo en los últimos puntos, que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez no ha investigado ni sancionado la corrupción, pero tampoco ha definido mecanismos para prevenirla, puesto que encabeza los primeros lugares en materia de denuncia contra sus propios funcionarios y se ubica entre los que tienen menor cantidad de sanciones.
No conforme con ello, se encuentra en el top 5 de entidades federativas que utilizan más el mecanismo de adjudicación directa para hacerse de bienes y servicios, con el 44% de los contratos bajo este esquema.
Los datos duros también pueden reflejarse en aspectos cualitativos, como el hecho que el gobernador postergó lo más posible la definición de un fiscal Anticorrupción, al que no le otorgó personalidad jurídica y lo volvió un ente dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, “congeló” recursos para la magistratura anticorrupción, y se encargó de destruir el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Para representantes empresariales como Octavio Sandoval López, la impunidad es precisamente el principal motor de la corrupción, puesto que los servidores públicos se saben protegidos y por ello cometen este tipo de actos ilícitos.
MUCHAS DENUNCIAS, POCAS SANCIONES
El informe presentado por el Inegi es una comparativa de la situación que viven los gobiernos donde evalúa diversas cuestiones, como equidad de género en cabezas de sector, mayores afectaciones por la pandemia, transparencia y corrupción.
Como ejemplo, uno de los indicadores evaluados por el Inegi demostró que el 74.2% de los cargos titulares en las diversas áreas de la administración pública son dirigidos por hombres, lo que deja en evidencia la poca equidad de género por parte del mandatario estatal, ubicándose en el lugar número 22.
Otro de los puntos refiere a que el Estado se ubicó en el top 5 de las entidades con más decesos de servidores públicos a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19, al documentar 125 casos, representando el 3% de las muertes a nivel nacional.
Sin embargo, uno de los puntos más importantes fue el relacionado al combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
Según los datos oficiales evaluados por la institución federal, a nivel nacional se detectaron 3 mil 520 anomalías en auditorías, de las cuales 185 se documentaron en seis dependencias del gobierno de Baja California, que lo ubica como el quinto Estado con más irregularidades. 
Del total de las anomalías, se identificaron 13 denuncias contra funcionarios públicos durante 2020, pero a la fecha se contabilizaron sólo dos sanciones emitidas por la autoridad.
ZETA revisó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para determinar el desempeño de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) durante el periodo analizado, e identificó que la institución culminó sólo con ocho expedientes durante todo 2020; dos de estas fueron desestimadas y cuatro más terminaron en amonestaciones privadas o públicas.
Sólo dos expedientes culminaron en inhabilitación, uno de estos contra un mensajero de nombre Javier Madueña Corrales, el cual chocó su vehículo propiedad del Poder Ejecutivo, cuando circulaba a bordo de la carretera Tijuana-Mexicali, en 2015.
El monto de los daños fue de poco más de 13 mil pesos, lo cual le costó la inhabilitación del cargo público, puesto que el percance se dio durante un periodo inhábil.
El otro incidente no es tan significativo, ya que radica en un expediente originado en 2014, cuando un sujeto llamado Luis Ignacio García, jefe de almacén de Ensenada, fue sancionado debido a que se descubrió un faltante de 830 mil pesos en resmas de hojas.
El funcionario fue inhabilitado del servicio público por cinco años y se le obligó a reponer el daño, además de imponerle una sanción de un millón 660 mil pesos, según la sentencia expuesta en la página oficial.
Sin embargo, hubo otros incidentes que inexplicablemente no fueron sancionados con la misma rigidez, como el expediente abierto en contra de la directora de Administración de la Secretaría de Salud, Olivia Castro Minogi, quien en 2015 fue denunciada debido a que realizó pagos superiores al millón y medio de pesos por realizar pagos irregulares a médicos especialistas que no pudieron comprobar el grado académico que supuestamente tenían.
Castro Minogi también cubrió pagos de fin de año excesivos por un monto superior a 75 mil pesos, y, pese a que ambas irregularidades se identificaron como faltas graves, la Secretaría de Honestidad y Función Pública, representada por la directora jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Patricia Guzmán Delgado -la cual desempeña el cargo desde la pasada administración de Francisco Vega de Lamadrid-, decidió limitar la sanción a una amonestación pública.
En otras palabras, durante todo ese año, la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa, no ha podido sancionar a ningún funcionario o ex funcionario por señalamientos que surgen de sus propias investigaciones.
En el mismo sentido se encuentra la FGE, que ha recibido 17 denuncias por parte de la SHFP por presuntos actos ilícitos cometidos por el pasado gobierno y funcionarios del actual, pero en ninguno de estos se ha ejercido acción penal.
A pregunta directa sobre el tema, el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, aseveró que de las denuncias, 15 son por integrantes de la pasada administración y dos corresponden a empleados del actual gobierno, pero todas se encuentran en integración.
Respecto a las acusaciones contra el ex mandatario panista, comentó que ya se ejerció acción penal contra tres subsecretarios de diversas áreas que aparentemente participaron en el desvío de recursos. Sin embargo, las acusaciones aún no llegan a “Kiko” Vega.
ADJUDICACIÓN DIRECTA EN 44% DE LAS CONTRATACIONES
Otra de las grandes mentiras que descubrió el informe del Inegi, es que Baja California no recibe suficientes recursos para administrarse, toda vez que, según el documento, el Poder Ejecutivo recibió en total 86 mil 227.1 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, lo que representa más de lo que formalmente se presupuestó.
Esto posicionó a BC como la sexta entidad con mayor presupuesto ejercido durante 2020, sólo por debajo de Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Chiapas, entidades con mucha mayor población.
De este recurso, el gobierno de Baja California gastó la mayor parte en Educación, según el mismo documento.
Durante 2020, contrató diversos servicios y obra pública por 3 mil 952 millones 546 mil 963 pesos, de los cuales mil 756 millones 000 372 pesos, se otorgaron sin ningún tipo de competencia, de manera directa, por parte del Poder Ejecutivo. Esto representa el 44.2% de todo el recurso concursado para servicios y obra pública.
El resto se distribuyó en 76 millones 251 mil 818 pesos por medio de invitación a tres proveedores; 876 millones 832 mil 830 por medio de licitación pública nacional y 112 millones 472 mil 673, internacional; mientras que la información relativa a los mil 130 millones 983 mil 243, no fue especificada por la autoridad.
Baja California es de las entidades que menos somete a competencia el recurso público, pues sólo es superada por Estado de México, Chiapas y Nayarit, y al menos las dos primeras, cuentan con más recursos públicos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía no detalla cuestiones como el rubro en que se enfocaron estos esquemas, puesto que evalúa la totalidad de los contratos, sus montos y los compara con el resto del país.
ES COMÚN QUE GOBIERNO TRATE DE ENCUBRIRSE: COPARMEX
Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que normalmente las administraciones buscan protegerse entre sí, y no es hasta que se lleva a cabo el cambio de gobierno cuando se detecta la corrupción.
En entrevista para ZETA, el empresario declaró que las áreas de fiscalización no hacen la tarea, puesto que buscan protegerse entre sí. Sin embargo, tampoco se vio una verdadera sanción hacia los funcionarios del pasado gobierno panista.
Atribuye que este tipo de conductas fueron tomadas por la administración “kikista”, por lo que es urgente que los contrapesos como el Congreso del Estado, los órganos internos de control y el SEA asuman una postura crítica ante las irregularidades.
“Tiene que haber voluntad política para ejercer la Ley, el gobierno anterior de ‘Kiko’ Vega se distinguió por haber cometido actos de corrupción de toda naturaleza, sobre todo por las facturas falsas, ese tema por mil 200 millones no requiere atención de gobierno para que pague, pero para que repare el daño. Las finanzas del Estado están muy necesitadas, porque si no, se convertirá una cortina de humo y este gobierno está por concluir, y aunque aseguró que (Vega) estará tras las rejas, dudo que logre hacer una acción, y al final se sumará a la impunidad en Baja California”, planteó Sandoval.
Desde su perspectiva, la administración de Jaime Bonilla Valdez dejó en evidencia lo vulnerable que es el SEA para su operación eficaz, por lo que es necesario mejorar el marco legal y dotarlo de mayor fuerza para que funcione.
Entre los más evidentes casos de corrupción e impunidad en la actual administración, destaca el de los conocidos moches, ya que el entonces oficial mayor, Jesús Núñez Camacho; la secretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes; y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presuntamente participaron en una red de sobornos para favorecer a una empresa en la licitación para ofertar servicios de alimentación a los internos de los penales del Estado.
Sin embargo, existen otros casos como la entrega de Notarías a familiares y allegados de Jaime Bonilla o del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, entre otros tantos señalamientos en torno a la obra pública, los contratos plurianuales y demás.
Sin embargo, el más importante de todos es la investigación contra Francisco Vega de Lamadrid, quien desde hace dos años goza de la impunidad por el presunto desfalco de 2 mil millones de pesos provenientes del erario, los cuales fueron desviados por una red de facturas falsas y empresas de dudosa procedencia.
