Una suspensión de la Corte, la denegación de un permiso de construcción y el desconocimiento de un decreto; diversas limitaciones a algunos de los planes impulsados por el gobernador están marcando el final de su administración. Dirigente de Morena considera que pisó “terrenos ajenos” y líder del PAN le achaca “peores cuentas” que las entregadas por “Kiko” Vega
Hacia el final de su administración, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha recibido distintos reveses en un afán de sacar adelante proyectos, sin tomar en cuenta el criterio de otra autoridad o invadiendo competencias, según dan constancia resoluciones y argumentos emitidos al respecto.
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Tales negativas van desde una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la municipalización del servicio de agua potable, hasta el desconocimiento de la Federación de un decreto para otorgar permisos de pesca, pasando por la oposición gubernamental a construir lo que se proyectaba como obra emblemática de la administración bonillista: una planta fotovoltaica sobre la carretera Mexicali-San Felipe.
Se trata de impedimentos que se dieron en un contexto en que el político tijuanense ha venido confrontándose con la dirigencia nacional de Morena, lo mismo que con la XXIV Legislatura de Baja California y la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de figurar como un gobernante que está cerrando su administración con más deuda que la que dejó su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid.
La suspensión del Decreto 289, relativo a transferir el manejo del agua potable a los municipios, vino con la admisión que hizo la Corte de una Acción de Inconstitucionalidad (119/21) promovida por diputados de la XXIII Legislatura, en la que, a escasos días de concluir, quedó aprobado con 13 votos a favor el dictamen correspondiente (número 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos).
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Los legisladores que interpusieron el recurso argumentaron que, para sacar adelante la iniciativa enviada por Bonilla Valdez, no se convocó a los ayuntamientos para revisarla en fase de elaboración del dictamen, amén de que los municipios no habían solicitado la transferencia, cuando de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución federal, estos deben solicitar al Gobierno del Estado semejante traspaso.
También alegaron que el dictamen no se remitió al Pleno con tres días de anticipación para su análisis y votación -como debió haber procedido-, y que en tal caso no tuvo por qué haberse sometido a consideración con dispensa de trámite.
El 1 de septiembre (alrededor de un mes después de concluida la XXIII Legislatura, cuyo periodo venció el 31 de julio), la SCJN notificó que el recurso había sido admitido. Estableció que la suspensión solicitada por el representante común de quienes promovieron la Acción de Inconstitucionalidad fue concedida “para el efecto de que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado”. Ello equivalió a que el gobierno estatal continuara “prestando a los habitantes de los municipios del estado los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales”.
El Decreto 289 había sido publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de julio en “número especial”.
Los diputados que votaron en contra del proyecto legislativo fueron Rosina del Villar, Araceli Geraldo, Miriam Cano, Víctor Navarro, Juan Meléndrez, Evangelina Moreno, Julia Andrea González, todos estos de Morena; Eva María Vázquez, Loreto Quintero, del Partido Acción Nacional; Javier Robles, del Revolucionario Institucional; y Efrén Moreno, adherido al Verde Ecologista de México. En tanto que el oficialista Juan Manuel Molina votó en abstención.
En el marco de transición a la XXIV Legislatura, la gobernadora electa sugirió que la municipalización no se legisló en los tiempos adecuados, como tampoco en las formas conducentes. Reveló que la administración entrante había solicitado una lista de iniciativas pendientes a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Amador Rodríguez Lozano, y que, sin embargo, la relativa a la transferencia no fue incluida, de manera que consideró “sorpresiva” la propuesta legislativa.
Ante el posicionamiento de la mexicalense, Bonilla asentó que él no tuvo por qué haberle consultado al gobierno entrante sobre la pretensión de reformar la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
CENTRAL
La convocatoria para licitar la Central Eléctrica Fotovoltaica se lanzó desde el 20 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado y fue signada por el presidente y el secretario técnico del Comité Interinstitucional de Energía del Poder Ejecutivo de Baja California, Rodolfo Castro Valdez (para entonces secretario de Hacienda estatal) y Luis Salomón Faz Apodaca, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
A propósito del proyecto, Faz Apodaca consideró que el consorcio que resultara ganador vendería al Gobierno del Estado “electricidad a mejor precio” que el que pagaba entonces, con base en un contrato a 30 años. Para el 9 de octubre de ese año, se dio a conocer que Next Energy había ganado la licitación.
A mediados de junio del año en curso, Bonilla encabezó un evento de arranque de obra de la planta. No obstante, la Secretaría de Energía negaría a la administración estatal el permiso para desarrollarla. La titular de la dependencia, Norma Rocío Nahle García, argumentó que la construcción no había sido autorizada, en vista de que las entidades federativas están impedidas de licitar la red nacional eléctrica.
Según se dio a conocer el 7 de octubre, la funcionaria federal estableció que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no otorgó el permiso y que el Ayuntamiento de Mexicali tampoco dio el correspondiente a uso de suelo, toda vez que el municipio no podría otorgar esta autorización sin que la CRE aprobara llevar a cabo la generación del recurso energético.
Bonilla Valdez mencionó que a él no se le había notificado de semejante revés y que “sería una lástima” no desarrollar la Central, habida cuenta de que “el Estado requiere soberanía energética”.
Por otro lado, arguyó que en Baja California (entidad que no cuenta con conexión a la red eléctrica nacional) “hay una escasez de energía”, y que para que la población disponga de ese recurso, se requiere generarlo o comprarlo “a una tarifa muy alta”; de ahí su insistencia de buscar “la autonomía”.
ATRIBUCIONES AJENAS
El decreto para otorgar permisos de pesca fue publicado el 1 de octubre. En el documento, disponible en el Periódico Oficial del Estado, quedó establecido que la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo “realice las acciones administrativas y legales pertinentes”, relativas a registrar e integrar “expedientes de pescadores en el Estado que sean susceptibles de entrega de Anuencia Estatal de Pesca Ribereña y Anuencia Estatal de Pesca en Pequeña Escala, a efecto de garantizar su derecho a la alimentación y la autodeterminación”.
El jueves 7 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló que la atribución referente a “iniciar el registro e integración de (los) expedientes”, es exclusiva de la Federación, y que el decreto emitido por el Gobierno del Estado “viola la Constitución y la normatividad en materia de pesca”, pues invade “la competencia y atribuciones reservadas al Ejecutivo Federal” en lo referente a “otorgar permisos y concesiones pesqueras”.
Un día después, Jaime Bonilla acusó a la Sader de sólo beneficiar “a las empresas internacionales”. Afirmó que había visto venir la negativa de parte de la dependencia federal y retó: “´Si me van a denunciar, que lo hagan”.
Otra limitación recayó en la iniciativa impulsada por Bonilla para establecer la Ley de Revocación de Mandato en Baja California.
En razón de que su discusión no procedió en el Congreso del Estado, el gobernador denunció que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo había operado “para que no se aplique eso en Baja California”.
Dijo contar con “grabaciones” hechas “a los diputados locales para que no se apruebe”. Opinó que al presidente de la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura, Juan Manuel Molina García (diputado reelecto), le estaba “saliendo lo panista”, en referencia a que el político mexicalense ha llegado a comulgar con los preceptos de Acción Nacional.
Recientemente, Molina García argumentó que si no se le dio cauce a la propuesta de Bonilla Valdez fue debido a que iba en contra del sentido de participación ciudadana, toda vez que establecía que el titular del Poder Ejecutivo estatal podría solicitar la revocación de mandato de funcionarios con cargo de elección popular, cuando el espíritu del procedimiento apunta a que la petición emerja de la propia ciudadanía.
“NO PODEMOS PISAR TERRENOS AJENOS”: DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA
Ismael Burgueño Ruiz, delegado de Morena en funciones de dirigente estatal, consideró que en sus pretensiones de sacar adelante proyectos como la municipalización del agua, la planta fotovoltaica y la cesión de permisos de pesca, Jaime Bonilla Valdez no tomó en cuenta que “tiene que haber respeto” a las facultades de los tres órdenes de gobierno.
“Hasta dónde pueden llegar estas atribuciones, no podemos nosotros pisar terrenos ajenos”, en razón de que “eso no te permite coordinarte como debe ser” y a final de cuentas “generas un conflicto”.
Estimó que en un afán de que tales tentativas prosperaran, el mandatario debió citar a las autoridades competentes, “se hubieran puesto de acuerdo, platicar, como siempre se hace, gestionas y salen los temas y te ahorras esto, que te den reversa en todo”, refirió a ZETA el líder partidista.
“Lamentablemente Baja California ha sido nota nacional con puro revés”, expuso, y opinó que “no se ocupa ni siquiera ser abogado para darnos cuenta que hay propuestas que se han llevado a cabo que no iban a caminar”.
Burgueño asumió que una vez que Marina del Pilar Ávila asuma el poder estatal el 1 de noviembre, “con esos temas le vamos a dar vuelta a la página”.
Por otro lado, deploró que Bonilla Valdez esté cerrando su administración con deudas diversas (en materia de participaciones y servicios): “Reprobable, no podemos generar condiciones de endeudamiento, es un tema que antes de que fuéramos gobierno criticábamos y no podemos caer en lo mismo”.
BONILLA “ENTREGA PEORES CUENTAS” QUE “KIKO”: LÍDER DEL PAN EN BC
Enrique Méndez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, alertó que Jaime Bonilla posiblemente herede “una deuda histórica de 24 mil millones de pesos”, cuando su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid (quien arribó a la gubernatura al amparo del PAN), cerró su gestión con un endeudamiento ascendente a 15 mil millones de pesos aproximadamente.
El dirigente panista (cuyo periodo como tal finaliza en diciembre) ejemplificó que Bonilla Valdez debe al Ayuntamiento de Tijuana “mil 500 millones (aproximados)” y “500 millones” al de Mexicali, “aunque ha dado abonitos”, observó.
También enlistó que el senador con licencia “tiene una deuda con el magisterio” y otra “con la Comisión Federal de Electricidad, que pone en riesgo el abasto de agua”.
Abordado por este Semanario, Méndez Juárez señaló que los endeudamientos no tuvieron como motivo desarrollar “una sola obra importante”, toda vez que “no vemos los hospitales, las escuelas, los trenes que (Bonilla) dijo que iba a construir”, lo que contrasta con el plan de gobierno que elaboró para dos años, afirmó.
El presidente del CDE reprochó que a lo largo de su bienio, Bonilla Valdez haya criticado reiteradamente a “Kiko” Vega, de quien incluso, previo a que lo relevara en el poder, llegó a decir que dejaba un Estado en ruinas. “Hoy él entrega peores cuentas que las que él criticaba”, remató Méndez Juárez en alusión al actual mandatario estatal.
