Columna Invitada
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“La solución al poder concentrado es otorgarle menos poder al gobierno, no más”.
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-Benjamín Tucker.
Al Notariado lo dejaron solo en 2015. Ante la embestida legislativa del gobernador Vega, las Cámaras Empresariales y el Consejo Coordinador Empresarial de aquellos tiempos, tuvieron una muy tibia reacción. Ahí estuvimos en el pleno del Congreso del Estado los abogados que integrábamos ANADE en Baja California (el Colegio Nacional de Abogados de Empresa), acompañando a los Notarios y buscando frenar la sesión que terminó confirmando el atropello. La reforma pasó, el Ejecutivo se impuso y los diputados de Baja California, de nuevo, votaron por consigna.
La reforma del 2015 a la Ley del Notariado consistía básicamente en restarle poder y control al Colegio de Notarios, dándoselo al Ejecutivo del Estado con una fuerte carga de discrecionalidad no reglada. Bajo el argumento (nada alejado a la realidad) de que el Colegio había dejado de serlo para convertirse en un “Club” exclusivo y familiar, el poder público optó por la solución más simple: cortar de tajo “el problema”, sin enfrentarlo o buscar mecanismos para resolverlo de fondo. Y como la flora nociva que no es cortada de raíz, la hierba mala volvió a resurgir.
El primero en abusar de dicha facultad discrecional fue el mismo Vega, quien sepultó de un solo golpe la supuestamente justificada “motivación” de su reforma, al entregar -como todo gobernante abusivo- una serie de dudosas patentes al final de su sexenio.
Al llegar el gobernador Bonilla, denunció y canceló las patentes otorgadas por su antecesor, para meses después superarlo y empezar a hacer exactamente lo mismo que había denunciado: regalar durante todo su mandato, patentes de notario a sus cercanos… hasta días recientes, los finales de su gobierno también, donde en un acto de completo descaro y desprecio a una labor jurídica de la más alta solemnidad, nombró discrecionalmente como fedatarios en notarías de espontanea nueva creación, a personas que apenas un mes antes habían alcanzado el rango formal de “aspirantes” a las mismas, mediante procedimientos de evaluación a modo, validados por sínodos incondicionales al Ejecutivo.
De los aspirantes que estaban en la lista de espera desde hace años, con experiencia probada y evaluaciones serias, mejor ni hablemos; decir que les pasaron por encima es poco.
Pero de este último desaseo bonillista, surge como colofón posiblemente el daño más grave que ha producido la mala política a la función notarial: para que dichos “aspirantes” pudieren haber competido por dicha categoría, un Notario Público en funciones tuvo que haber tutelado y sancionado previamente sus “practicas notariales”, es decir convalidar el entuerto diseñado desde las oficinas del Poder.
Como el uróboro mitológico, aquella paradoja de la serpiente que se devora a sí misma, el Notariado en Baja California confirma que vive desde hace más de cinco años, quizás, la peor crisis de credibilidad en su historia, al haber sido rebasados y consumidos a sí mismos por el actuar de gobernantes que abusaron de la discrecionalidad que la ley reformada les otorgó y por el silencio cómplice de muchos de sus integrantes ante la degradación.
¿Cómo nos afecta a los ciudadanos todo esto? En algo que se denomina “seguridad y certidumbre jurídica” de aquellos actos que sometemos ante un notario, lo que para efectos del patrimonio, las sucesiones y el comercio (principales ejes de la función notarial), lo es todo, y que ante una posible falta de pericia brindada, pudiere tener efectos desastrosos en la esfera de derechos y obligaciones de aquellas personas que acuden ante el fedatario público a depositarle su confianza para la ejecución de actos relativos a su propiedad o a sus negocios.
Baja California se merece los mejores Notarios; mujeres y hombres que sean los más capaces, los más honorables. Todos aquellos que aprendimos y crecimos en el derecho, guiados y asesorados por grandes Notarios, debemos de señalar lo que acontece con tan distinguida función, porque el respeto a la institución del notariado debe prevalecer por encima de la política autoritaria y de intereses burdos.
La gobernadora electa Marina del Pilar se encuentra obligada a componer este desorden mediante las reformas legislativas y procedimientos de control transparentes de la función notarial que ciertamente le corresponden al poder público, todas necesarias para restablecerle la dignidad a un elemento fundamental en el orden jurídico de nuestro Estado.
Héctor R. Ibarra Calvo es mexicalense, abogado postulante y catedrático de Amparo en Cetys Universidad. Ha sido regidor en el XXII y XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
Correo: hectoribarra@idlegal.com.mx Twitter: @ibarracalvo
