María de Lourdes Sicardi dice haber denunciado diversas irregularidades de jueces, afectando intereses económicos y políticos, hasta recibir amenazas que la hicieron temer por su integridad. “Sindicatura Municipal tiene que empezar a limpiar por su casa”, revira
Por emitir lineamientos contrarios a Derecho, Sindicatura Municipal suspendió provisionalmente a la coordinadora de Jueces Calificadores, María de Lourdes Sicardi Sánchez, quien acusó revanchismo por poner orden al interior y hacer bien su trabajo, afectando intereses económicos y políticos.
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La resolución le fue notificada el lunes 18 de octubre por la mañana; previo a ello, se le notificó del regreso de la jueza Mónica Ivania Osuna Díaz -militante del Partido del Trabajo- el próximo 23 de octubre, a quien le levantó diversas actas tanto en Asuntos Jurídicos y Oficialía Mayor por abandono de trabajo.
Sindicatura Municipal es encabezada por Elizabeth Muñoz Huerta -reelecta-, quien llegó a esa posición por el Partido del Trabajo (PT) en alianza con Morena.
En entrevista con ZETA, la funcionaria suspendida mostró los oficios girados para informar de las faltas injustificadas de Osuna Díaz. Acusa que Sindicatura tiene paradas investigaciones contra algunos ex jueces a los que denunció por irregularidades y reveló amenazas.
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Sicardi Sánchez sostuvo que, al revisar con el exdirector de Asunto Jurídicos, Federico Luna Serrano, lineamientos administrativos de los jueces, se percató que no había en casos como los de liberación de vehículos, por lo que quedaba a criterio de los jueces.
Al ser una facultad de la coordinadora, el 30 de abril de 2020, bajo oficio 203/2021, Sicardi comunicó a Luna Serrano una serie de lineamientos y directrices administrativos para los jueces, entre estas, las liberaciones de vehículos asegurados, los recursos de inconformidad, así como la separación de situaciones de Policía y Tránsito.
Las directrices que pretende implementar violentan el principio de legalidad, en virtud de que no se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas, motivo por el cual no pueden ser aplicadas, fue la respuesta de Asuntos Jurídicos recibida en Coordinación de Jueces hasta el 5 de mayo.
“Si tú eres mi superior inmediato y te estoy dando conocimiento el (día) 30, para que me digas si sí o no, y (en seis días) no me dices que no, empiezo con las directrices”, justificó la coordinadora suspendida, en tanto se resuelve si es responsable administrativamente.
Precisamente la emisión de dichos lineamientos fue la causa de la suspensión contra la coordinadora de Jueces, ya que para Sindicatura resultaron contrarios a la normatividad y a Derecho.
Se dijo sorprendida de la respuesta de Luna Serrano, quien el 25 de mayo giró otro oficio en el que refrendó su trabajo como titular operativa del área. Al secretario del Ayuntamiento, Rubén Best, le pidió pronunciarse; fue citada, escuchada y nunca se le ordenó dejar de implementar las directrices.
Justificó sus decisiones anteponiendo la seguridad de los ciudadanos, sin distraer la atención del personal, por lo que dio a elegir si calificaban hechos de tránsito o de Policía, además de ampliar los horarios y suprimir días festivos.
CANCELACIÓN, RENUNCIAS Y FALTAS
Lourdes Sicardi expuso que en noviembre de 2020 giró un oficio a Sindicatura para señalar irregularidades en la cancelación de boletas de tránsito, ya que se percató que un juez -sin revelar nombres, bajo el principio del debido proceso- cancelaba hasta 200 mil pesos en un mes y, en otros casos, el monto apenas llegaba a los 10 mil.
Rechazó haber cancelado multas por 887 mil pesos y mostró una tabla comparativa -elaborada por ella misma- de septiembre de 2019 a agosto de 2020, y de septiembre de 2020 a agosto de 2021, que arroja una diferencia de 5.8 millones de pesos menos por concepto de cancelaciones.
En el documento se observa que los meses de septiembre y diciembre de 2019, así como enero y febrero, las cancelaciones superaron el millón de pesos. A partir de marzo de 2020 comienza una notable disminución en el promedio de cancelaciones hasta bajar a menos de 100 mil pesos entre junio y agosto de 2021.
Así, entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 se cancelaron infracciones por 8.8 millones de pesos, mientras que entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 se cancelaron multas por 3 millones de pesos.
“Si antes había una cancelación de un millón de pesos, ¿a dónde iba todo ese dinero? Se bajó a 200 mil, 300 mil pesos, creo que ya hubo gente que le convenía trabajar ahí”, lanzó. ZETA solicitó un comparativo similar a Seguridad Pública, pero hasta el cierre de edición, jueves 21 de octubre, no hubo respuesta.
Cuando empieza a haber orden y control, no cae en gracia a algunos de los jueces, “si se estaba documentado todo, no les iba a convenir”, apuntó.
Dijo haber enviado otro oficio a Luna Serrano exponiendo temor por su integridad física, derivado del levantamiento de actas, una de estas por un deceso de detenido en celdas de la Estación Central, lo que atribuyó a la omisión del juez, por lo que recibió una amenaza.
De un solo juez, insistió, giró alrededor de ocho oficios, sin embargo, Sindicatura ha congelado esas investigaciones y desde hace dos meses no hay avances ni ha tenido respuesta.
En el caso de Carlos Aguilar, puntualizó que sigue trabajando; quien dejó el trabajo fue Carlos Meza, inclusive habiendo detenidos sin calificación, lo que pudiera considerarse como privación ilegal de la libertad.
En ejercicio de su derecho de réplica, Carlos Aguilar negó haber renunciado y faltado el respeto a la coordinadora de Jueces. Quien sí hizo los señalamientos y renunció fue Carlos Meza, apuntó el aludido.
Del resto de los jueces sí hubo un porqué de su salida, pero no lo ventiló en medios para que llevaran su proceso como debe ser, indicó Sicardi.
En el caso de Mónica Ivania Osuna, la coordinadora suspendida relató que el 14 de septiembre, poco antes de entrar a su turno, anunció a sus compañeros vía WhatsApp que dejaba el puesto.
Comentó que a la petista le tocaba trabajar los días 14, 18, 19, 23, 24 y 27, pero no se presentó, por lo que después de tres faltas injustificadas, ameritaba despido justificado; se procedió a girar oficios a Asuntos Jurídicos y Oficialía Mayor para informar lo sucedido, pero no ocurrió nada, “más claro, ni el agua”, sentenció.
Osuna fue a cobrar sin trabajar y se le pagó íntegra la catorcena, acusó Sicardi.
El lunes 18 de octubre, antes de recibir la suspensión por parte de Sindicatura, Asuntos Jurídicos le hizo saber que el 23 de octubre, Osuna Díaz regresará como juez calificador.
“Lo único que he hecho es trabajar bien, ¿y que me digan que a las personas que no están trabajando bien y están haciendo lo indebido los van a reinstalar?”, cuestionó, atribuyendo su suspensión a un tema político, pese a ella no tener filiación.
Sí la resolución de Sindicatura no le es favorable, acudirá a las instancias administrativas y presentará una denuncia.
“No es posible que jueguen con mi vida y la de mi familia, la justicia tiene que ser pareja para todos, Sindicatura Municipal tiene que empezar a limpiar por su casa, yo pensé que se podía confiar y creer en la impartición de justicia administrativa, no se puede amedrentar a los funcionarios por medio de Sindicatura”, lamentó.
LA RESOLUCIÓN DE SINDICATURA
El lunes 18 de octubre, Sindicatura Municipal notificó a María de Lourdes Sicardi la suspensión provisional porque ha emitido lineamientos contrarios a la normatividad aplicable, transgrediendo y violentando el Reglamento de Jueces Calificadores y el Reglamento de Tránsito; confiriendo y restringiendo atribuciones a sus subordinados, restringiendo atribuciones de atender recursos de inconformidad a ciertos jueces; confiriendo atribuciones a Barandilla para que los recursos sean presentados ante esa instancia y violentando el principio de legalidad al clasificar a jueces de Detenido y de Tránsito.
En el documento se lee que “se corre el riesgo de que al seguir ejerciendo dicho cargo, se sigan cometiendo actos de ilegalidad, como se han venido ejerciendo, su actuar irreflexivo pone en peligro el buen funcionamiento de la Coordinación a su cargo”.
Se consideró que existen indicios bastantes y suficientes de que realizó lineamientos contrarios a Derecho y, con sus decisiones, afecta a los ciudadanos que pretenden liberar sus carros, pasando lo mismo con recursos de inconformidad, generando inseguridad jurídica, se lee en el documento.
ARDE CARRO DE EMPLEADO DE SINDICATURA
La Fiscalía General del Estado investiga el incendio de la camioneta Toyota FJ, propiedad de Juan Andrés Lúa Flores, titular de la Unidad Investigadora de Sindicatura Municipal.
El vehículo modelo 2008 ardió en llamas aproximadamente a las 09:00 horas del jueves 14 de octubre en Calle Tercera, casi esquina con Espinoza, frente a las oficinas del Partido Acción Nacional.
Lúa Flores fue juez calificador entre 2013 y 2016, así como en el periodo 2017-2019, según consta en Transparencia; en su segundo periodo coincidió como juez con María de Lourdes Sicardi.
También fue auxiliar de Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, de 2016 a 2017.
Hijo de Martha Flores Trejo, titular del Juzgado Único Penal, Juan Andrés Lúa figura en el documento elaborado por Sindicatura -notificado a Sicardi- como quien elaboró la solicitud de medidas cautelares, es decir, la suspensión temporal.
