Definió el protocolo como “un pendiente muy público y muy notorio” en la entidad y dijo que el cumplimiento a las recomendaciones para atender la violencia contra las mujeres ha sido “muy leve”
La próxima subsecretaria estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, refirió que la tarea en materia de Alerta de Género “apenas comenzará de manera comprometida” en Baja California con el arribo de la siguiente administración, el 1 de noviembre, aun cuando la Carpeta de Recomendaciones para su implementación se le entregó “hace unos meses” al gobierno saliente.
A decir de la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Baja California “es un estado que tiene un pendiente público muy notorio, que es la Alerta de Género”.
Olvera Rodríguez recalcó en alusión a ese protocolo que el gobierno actual, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, se lo está heredando a la administración entrante, en la que Marina del Pilar Ávila Olmeda fungirá como gobernadora.
“Hay que darle seguimiento a las recomendaciones que el Comité ha hecho en ese sentido de que nos señala como un estado en donde no se garantiza a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, el derecho a vivir una vida libre de violencia”, expuso en entrevista con ZETA la eventual subsecretaria, a propósito de la Alerta declarada a finales de junio por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Estimó que el cumplimiento a las recomendaciones estipuladas en la Carpeta ha sido “muy leve”. De ahí que considerara “importante que las diferentes instituciones conozcan el sentido de la Alerta y las obligaciones que tienen”.
Afirmó que para el gobierno entrante el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) resulta ser un motivo de preocupación, toda vez que se trata de una instancia “que tendrá que fortalecerse”, pues “hoy no tiene la capacidad de respuesta del tamaño de la demanda que existe en materia de acompañamiento, asesoría jurídica y atención psicosocial” ante casos de violencia. Ello “entre otros temas que se mencionan en las recomendaciones de la propia Alerta”, dijo.
Mencionó que otro pendiente en Baja California es “orientar la política pública” para atender a quienes padecen “violaciones a derechos humanos”, en el curso de lo cual debe ponerse “un énfasis especial en la atención que requieren las víctimas de desaparición en el estado, que es también un tema muy relevante, muy doloroso”.
Igualmente consideró prioritario proceder ante “las violaciones a los derechos de la infancia”. Remarcó que “hace poquito World Vision, que es una organización internacional en materia de infancia, hizo público un informe sobre las diferentes formas de maltrato, de violencia que vive la niñez y la adolescencia en Baja California”.
Por lo que respecta al campamento de inmigrantes en El Chaparral, en las inmediaciones de Tijuana con San Diego, California, estimó que se requiere “tener una comunicación y coordinación estrecha con el gobierno federal para el cumplimiento del Pacto Internacional para la Migración Ordenada y Segura”.
Agregó que igualmente se debe “trazar un proyecto conjunto con los gobiernos municipales”, toda vez que “es una gran tarea compartida y un asunto de carácter internacional”.
Estimó preciso “tener condiciones que propicien la inclusión de las personas migrantes que deseen o tengan que quedarse en el estado de Baja California”.
El 19 de octubre, el equipo de transición de la gobernadora electa dio a conocer el nombramiento de Melba Adriana Olvera como titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, área adscrita a la Secretaría General de Gobierno, y cuyo enfoque es “orientar la política pública en el respeto y la garantía de los derechos”, según definió la propia entrevistada.
