El exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, fue liberado por las autoridades estadounidenses y trasladado a Saltillo, donde lleva aproximadamente dos semanas desde su vuelta a la ciudad, según señalaron fuentes cercanas al diario local Vanguardia.
El pasado 23 de junio, Torres López fue condenado a un total de 36 meses de prisión, por los delitos de conspiración y lavado de dinero, durante una audiencia que presidió la jueza Nelva Gonzales Ramos, en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, Estados Unidos.
Siempre según el citado rotativo, Torres López habría quedado libre en El Paso, Texas, a donde familiares cercanos -un hermano de su esposa, María Carlota Llaguno- enviaron un avión para recogerlo y traerlo a la capital de Coahuila.
El mismo diario local había señalado el pasado junio, que según información pública, la sentencia contra el ex gobernador tenía la posibilidad de ser recortada, al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya había pasado en la cárcel a espera de su proceso judicial, por lo que le restarían aproximadamente 8 meses de prisión.
Sin embargo, siempre según el diario Vanguardia, dado que Torres López no es ciudadano estadounidense, al terminar su encarcelamiento enfrentaría un proceso de deportación a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) colaboró.
Asimismo, dijo el mismo rotativo, las autoridades mexicanas tienen información respecto al caso del ex gobernador interino, sucesor de Humberto Moreira Valdés, cuando éste último renunció al cargo para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Luego, al concluir su Administración estatal, Torres López se retiró de la vida política.
Sin embargo, en noviembre del 2013 se informó que el ex gobernador interino era investigado, además de que le fueron congeladas cuentas bancarias por un valor de 2.7 millones de dólares. Asimismo, en 2014, la juez Gonzales Ramos, emitió una orden de búsqueda internacional.
El ex mandatario, de 66 años de edad, era buscado por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que lo consideraba uno de los fugitivos más buscados. Además, Torres López contaba con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL).
La acusación de la Fiscalía del Distrito Este texana deriva de unas transferencias realizadas en febrero de 2008, por una suma de 2.5 millones de dólares, desde la cuenta de Torres López en JP Morgan Chase, en Texas, hacia el banco Old Mutual, en Bermudas.
El 24 de septiembre del 2019, el ex gobernador interino se desistió de un amparo y de quejas contra la orden de extradición, dictadas el pasado 19 de junio por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recursos legales que fueron cancelados en forma definitiva.
El 18 de septiembre del 2019, Torres López envió una misiva al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, para informarle que ya no había ningún impedimento para extraditarlo a EE.UU, dado que no tenía ningún proceso pendiente en México, razón por la que pidió su entrega inmediata.
“Por ende, ha quedado firme el acuerdo dictado el 19 de junio de 2019 mediante el cual se concedió la extradición del suscrito a los Estados Unidos […] Por lo expuesto, atentamente pido se digne: primero, comunicar al Estado solicitante el acuerdo favorable de extradición. Segundo: llevar a cabo la entrega de manera inmediata por la vía y conducto legales”, indicó en su misiva el ex gobernador interino coahuilense, al titular de la SRE.
El pasado 21 de mayo, la jueza federal desarrolló la última audiencia contra Torres López, donde escucharon la recapitulación del caso que se llevó a cabo contra el ex mandatario coahuilense, y a partir de ahí solicitó un plazo para resolver sobre la condena.
En aquella última audiencia, la jueza González Ramos presenció la comparecencia de varios testigos, entre ellos estuvieron Luis Carlos Castillo Cervantes, empresario conocido como “El Rey de los Dragones”, y el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.
“En una audiencia anterior, la corte escuchó evidencia adicional de dos testigos que describieron su relación con Torres-López y detallaron algunas de las transacciones financieras y pagos ilegales”, informó la Fiscalía de EE.UU. en un comunicado.
“Torres López admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos”, agregó la Fiscalía estadounidense.
Además, permanece bajo decomiso una propiedad en un lote exclusivo que previamente ya había solicitado por el Gobierno de Estados Unidos, que según las pruebas adquiridas durante el proceso, fue adquirida por Torres López con dinero ilícito.
El mexicano -quien fungió como gobernador interino de Coahuila del 4 de enero hasta el 1 de diciembre del 2011- fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero del 2019 e inmediatamente fue presentado ante la Corte texana para iniciar con su proceso, después de ser extraditado el 29 de octubre de ese mismo año.
Torres López fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la FGR, quienes cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición, librada por un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.
El ex gobernador coahuilense fue trasladado desde el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, rumbo a la ciudad de Corpus Christi, en Texas, en un avión King Air 350, matrícula N472JL, propiedad del Gobierno de los Estados Unidos.
El 17 de junio del 2020, el ex gobernador coahuilense se declaró culpable ante la Corte estadounidense, por los delitos de conspiración para lavado de dinero, además de aceptar una orden para el decomiso de dos bienes inmuebles en el condado de Montgomery.
Según los informes en poder de la Corte, dicha investigación sostiene que el ex mandatario estatal recibió sobornos millonarios en cuentas de EE.UU., así como otros montos por parte de Castillo Cervantes, para la asignación de obra pública en Coahuila.
Entre algunos de los documentos judiciales registrados ante la plataforma PACER, aparece que Gobierno Federal mexicano reclamó ante las autoridades estadounidenses el dinero incautado al ex gobernador de Coahuila.
Esta información se reveló, ayer martes 22 de junio, luego de una audiencia privada que se sigue por el proceso de Torres López, en donde también testificaron el ex tesorero coahuilense, Villarreal Hernández y el empresario Castillo Cervantes.
Según un documento del Distrito Sur de la Corte de Texas, la justicia de Estados Unidos considera “la petición del Gobierno mexicano para la restauración del fondo de las Bermudas”, dinero referente a los poco más de 2.7 millones de dólares que le fueron incautados a Torres López en 2015, luego de que la justicia de EE.UU. le enviara varios citatorios para comparecer y comprobar el origen de estos recursos.
De acuerdo a la acción civil número 13-CV-002, el Gobierno de Estados Unidos sospechaba que el dinero habría sido robado de las arcas de Coahuila y que fue invertido en Las Bermudas, en la firma Old Mutual of Bermuda, LTD, bajo el contrato CX4011696.
