A semanas de dejar la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdez sigue haciendo de las suyas. Aunque ya pocos le siguen políticamente hablando, pues cada día pierde el poder que ha ejercido hasta la saciedad y ya no tiene el Congreso del Estado, él y sus secuaces no se detienen.
Continúa utilizando su monólogo facebookero para atacar a propios y extraños, para ir contra la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien, aun cuando no ha tomado posesión, ya quiere que sea objeto de revocación de mandato, y cuando pocos le ponen atención sobre el tema, el ingeniero amenaza: “Seguiré insistiendo”, al tiempo que presumen, él y los suyos, que será el próximo secretario de Turismo del Gobierno de México.
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Esta semana, hasta le tocó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien Bonilla Valdez denostó y culpó de que en el Congreso local no pase su iniciativa para la revocación de mandato.
Y como en el Congreso ya no tiene los votos, ahora lo suyo es redactar decretos y publicarlos en el Periódico Oficial de Baja California. Los decretos del gobernador y evidentemente de su secretario general de Gobierno, son la locura entre abogados, diputados de cualquier orden y equipo de transición, “ya hasta lástima nos da”, dicen sobre la desesperada actitud de Bonilla, de, a como dé lugar, trasladar las Comisiones de Servicios Públicos a los municipios, no de manera legal como corresponde, sino a capricho y para limitar al próximo gobierno.
Sucede que después que diputados del Congreso del Estado de Baja California presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 287 (por supuesto, emitido por Bonilla) para otorgar a los ayuntamientos obligaciones parciales sobre las Comisiones de Servicios Públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión “para el efecto que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado, y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelva el fondo del asunto”.
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Cualquiera pensaría que este freno tan claro por parte de la Corte, para que Bonilla no municipalice los servicios del agua, contendría al gobernador en su locura por los decretos, dado que se le ordena “interrumpir” lo previsto en su decreto y “continuar” el Estado, prestando el servicio del agua.
Pero no, cuando el gobernador se encapricha (y ahí está el historial judicial para quedarse cinco años), no hay Corte que lo detenga, y el 7 de septiembre, prácticamente una semana posterior a la suspensión de la SCJN, emitió ¡otro decreto! Un “decreto ejecutivo mediante el cual el Gobierno del Estado se asume como obligado principal en los financiamientos y obligaciones contratados por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana y Ensenada, en los que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, se encuentra constituido como deudor solidario o sustituto y se trate de deuda pública a largo plazo para efecto de que este último asuma la condición de deudor principal frente a las instituciones titulares de dichos contratos”.
Para empezar, el decreto es violatorio de la suspensión concedida por la SCJN y es hasta motivo de juicio político, dado que, a estas alturas y de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, no puede contraer deuda, que dicho sea de paso, debería ser aprobada por el Congreso, pero como no trae los votos, el gobernador decreta.
En el ala de Morena refieren que al gobernador ya no le tienen respeto, “está muy mal asesorado, dando sus últimos coletazos”.
Además, del decreto de Bonilla viola la Ley que regula el financiamiento público, “puesto que nada dice de las fuentes de repago, ya está trasladando una deuda contingente que no tenía compromisos presupuestales, a una directa, según ellos, supongo, para transferir limpios de deuda a los organismos estatales del agua”, explicó un abogado a esta columnista.
Lo cual, abundó el hombre del Derecho, “no traslada las fuentes de repago de los organismos hacia el Estado, esto, dicho de otro modo, implica comprometer el escasísimo margen de maniobra que tiene el gobierno estatal, para pagar adeudos de organismos de agua, dejando libres las recaudaciones de agua cuyo diseño incluía el pagar esos financiamientos”.
Por supuesto que este último decreto del gobernador, también será contravenido. Sea a partir de una denuncia por violación a la suspensión de la Corte, dado que, con la emisión del decreto, el Gobierno de Baja California continúa con la transferencia de los órganos del agua, situación que le determinaron suspender. También, y para no variar, podrá interponerse una controversia constitucional, por violar las facultades del Congreso del Estado en materia de financiamiento.
En cualquier caso, más otras medidas de contención de los caprichos del gobernador que aparezcan, las acciones se darán en los próximos días, en los pocos que faltan para que, finalmente, terminen los dos años más largos de gobierno que ha tenido Baja California. Y vaya que han salido caros.
La otra cuestión, es esperar la llegada al Poder Ejecutivo de Marina del Pilar Ávila, quien, al igual que Bonilla cuando tomó posesión en 2019, podrá dar marcha atrás a muchos de los excesos tomados por el antecesor, incluso, retirar notarías ya entregadas, igualito como actuó el todavía mandatario estatal.
Habrá que ver qué llega primero: las acciones de contención contra los decretos del gobernador Bonilla, o la toma de posesión de Ávila Olmeda.
