Por medio de una iniciativa presentada por su
fiel diputado,Sergio Moctezuma, el gobernador
pretende apoderarse, durante tres años más, de
las prisiones de Baja California, imponiendo a
Jesús Núñez Camacho -el de los moches– para
que extienda su mandato como comisionado
estatal del sistema penitenciario. Para Héctor
Grijalva Tapia, experto en materia
penitenciaria, la reforma no representa un
cambio sustancial en la mejora de atención
a personas privadas de la libertad y abre la
posibilidad de privatizar o concesionar las
cárceles de BC
A punto de finalizar el bienio para el que fue electo, Jaime Bonilla Valdez busca extender su poderío en el control estatal, sobre todo la administración de las cárceles de Baja California, y, por medio de una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, pretende extender la gestión de su amigo Jesús Núñez Camacho -señalado de solicitar moches al inicio de la administración- como comisionado estatal del Sistema Penitenciario.
Con esta medida, Bonilla intenta, una vez más, limitar el ejercicio del gobierno a su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien tomará posesión el 1 de noviembre.
Una de las áreas que más ha sufrido modificaciones jurídicas en su composición, es precisamente la del sistema penitenciario, donde en menos de dos años, su administración cayó en severo declive, puesto que se generaron conatos de motines, carencias en materia de alimentación y salud que no coinciden con el servicio que debería otorgar, partiendo de que se otorgaron jugosos contratos a empresas investigadas por autoridades federales.
El 20 de septiembre, sin tener conocimiento en la materia ni haber emitido un posicionamiento al respecto, el diputado Sergio Moctezuma Martínez López, uno de los fieles alfiles de Jaime Bonilla Valdez dentro del Poder Legislativo, presentó una iniciativa que tiene como objetivo otorgar autonomía absoluta a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
La iniciativa consta de 21 páginas, pretende adicionar y modificar las fracciones XXVIII y XXIX del Artículo 49, así como reformar los artículos 93, 94, 105, 107 y 109 de la Constitución Política de Baja California, para volver autónoma y definir a su titular por medio de una designación directa y con una duración de seis años, donde además se contemple su remoción por medio de un juicio político.
Para Héctor Grijalva Tapia, consultor en materia penitenciaria, la iniciativa sería una medida correcta si se definiera un extenso esquema de atención de al menos cinco años, donde se garantizarán los recursos para la institución mientras se crean medidas alternativas para volver sustentables los sistemas.
Sin embargo, a su juicio, el esquema que plantea pretende abrir la posibilidad de concesionar los penales de Baja California, para lo cual no se está preparado como institución y podría representar erogaciones mucho mayores, además de perder la garantía de seguridad.
LA INICIATIVA
El esquema que pretende el diputado Sergio Moctezuma Martínez, no es muy diferente al que se tiene actualmente, puesto que los requisitos y alcances en su administración, son prácticamente iguales al esquema establecido cuando se creó la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
Los mismos requisitos para ocupar el cargo, salvo que facilita aún más la posibilidad de ser electo -toda vez que modifica el esquema que planteaba inicialmente tener una carrera afín en materia de derecho, criminología, entre otras-, son abiertos a cualquier persona con cédula profesional. Sin embargo, plantea que la reforma tenga como objetivo una autonomía técnica y financiera, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El documento eleva a rango constitucional que se cumpla con los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad y se otorguen los espacios necesarios para niños y mujeres, deuda histórica que tienen los Centros de Reinserción Social de Baja California, puesto que hombres y mujeres comparten el mismo complejo.
Uno de los puntos que más llama la atención es el Transitorio Tercero, donde se establece que por única ocasión, el actual titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario se mantenga en el cargo hasta el 30 de agosto de 2024, lo que extendería el nombramiento de Jesús Núñez Camacho hasta ese periodo.
Llama la atención que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez pretenda extender la gestión de Núñez Camacho por tres años más, intentando imponer un candado a la próxima administración en el sistema penitenciario.
Cabe recordar que Núñez Camacho es uno de los funcionarios implicados en el caso de los moches, donde tanto él como la ex titular de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes y el actual secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fueron exhibidos como parte de una red de corrupción que solicitaba sobornos de al menos 20 millones de pesos para otorgar la concesión del servicio de alimentación en los penales de BC.
El señalamiento de corrupción fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y los primeros dos funcionarios fueron removidos de sus respectivos cargos a finales de 2019, pero Núñez Camacho regresó al gabinete de Bonilla -precisamente- al frente del Sistema Penitenciario.
En entrevista para ZETA, Grijalva Tapia cuestionó las verdaderas intenciones dentro de la iniciativa planteada por el mandatario estatal, asegurando que resulta sospechoso intentar una modificación de gran calado a escasas semanas de terminar la administración, sobre todo por la intención de perpetrar al actual funcionario en el cargo hasta 2024.
El ex subsecretario del Sistema Penitenciario y consultor de la empresa Integra Corporativo -quien actualmente apoya a la Organización de los Estados Americanos para el diseño del nuevo esquema de reinserción social en Honduras-, no observa en la iniciativa un esquema que realmente beneficie a las personas privadas de la libertad ni a las familias.
Y es que -aseguró- resulta sumamente complicado cumplir con las leyes que establece el Gobierno de México si no se hace un plan definido a largo plazo, como se planteó durante la administración en la que le tocó participar, donde modernizaron todo el sistema carcelario de Baja California con la construcción de un nuevo penal y una serie de medidas que tuvieron que reforzarse en 2008.
Una parte de la iniciativa sugiere que una comisión autónoma podría alcanzar recursos por más de mil millones de pesos para su sustento, provenientes de ingresos propios de 200 millones de pesos por la venta de bienes y servicios; recursos federales de más de 100 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fortaseg y Socorro de Ley (los cuales fueron eliminados por el Gobierno de México). Recursos federales extraordinarios por más 300 millones de pesos por convenios y otras instituciones de educación, salud e inversión pública; y estrategias financieras de monetización, bancarización, créditos de bajo interés y monetización de terrenos donados, por un monto de 300 millones de pesos.
En opinión de Héctor Grijalva, el Gobierno Federal lleva años sin dotar de recursos extraordinarios y que varios de los fideicomisos y apoyos ya fueron eliminados.
Agregó que existe un gran riesgo de que, por tratarse de un ente autónomo, el Poder Ejecutivo haga lo que hizo con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a la cual dejó de pagarle para tomar el recurso para otras áreas, lo que representaría un riesgo muy severo para los internos y la misma ciudadanía, pues un retraso de días o semanas en un pago, puede ocasionar motines o violencia en su interior.
Grijalva Tapia aseveró que esta modificación permitiría concesionar las prisiones de Tijuana, Ensenada, El Hongo y Mexicali, para lo que “aún no estamos preparados”, ya que como país tenemos malas experiencias en esquemas similares donde se incrementan los costos y quedan abiertos espacios para la corrupción.
Resaltó que dentro del sistema penitenciario hay posibilidades hasta para convertirse en una secretaría, donde se atiendan los temas directamente con el gobernador.
Para concluir, el ex funcionario y docente comentó que el gasto principal en los penales de BC es de personal y gasto corriente, de los cuales 2 mil personas deben atender las necesidades de más de 12 mil internos, por lo que considera que el argumento del alto costo que representa su mantenimiento, no será solventado por medio de una autonomía, puesto que, del mismo modo, requerirá recurso público para sostenerse.
Por ello, el origen o intención de esta iniciativa es privatizar las cárceles con las que se cuenta actualmente, lo que -en estos momentos- elevaría los costos de operación.
