El gobernador Jaime Bonilla Valdez encontró un nuevo frente opositor, son los ayuntamientos de Tijuana y Tecate, en contra de la reforma aprobada el pasado 27 de julio, en el Congreso del Estado, que otorga facultades parciales a los municipios para la operación de los organismos de agua.
Este miércoles 4 de agosto, los cabildos de ambas ciudades firmaron documentos para exigir a los síndicos de sus respectivos municipios, que presenten una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de “frenar” la entrega de las comisiones de agua por parte del Estado a los municipios.
Ambos documentos en poder de ZETA, solicitan a su Sindicatura Municipal que haga lo conducente, porque se violó el proceso parlamentario debido a que sólo había cuatro de los ocho integrantes de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso, cuando la Ley establece que debe haber más de la mitad.
El documento también refiere que se violó la Constitución al no convocar a los ayuntamientos para que emitieran una opinión al respecto; y también se violentó la autonomía municipal al invadir sus facultades de organización interna.
Otro de los puntos establecidos en el artículo 115 constitucional refiere que la transferencia a los municipios debe hacerse de manera ordenada, y no con un plazo de 90 días como lo refiere la iniciativa.
En el Cabildo de Tijuana, un total de 13 integrantes del Cabildo -con 15 regidores-, incluyendo la propia presidenta Karla Ruiz Macfarland, firmaron el documento para solicitar la controversia. Mientras que, en Tecate, dirigido por la alcaldesa Zulema Adams, enemiga política del Gobernador, la solicitud del cabildo fue firmada por 10 ediles.
Esto se suma a la petición de los cabildos de Ensenada y las controversias de Rosarito, Tecate y Mexicali, que se interpusieron de manera independiente por parte de los síndicos municipales.
Cabe señalar que apenas ayer 3 de agosto, el Periódico Oficial del Estado publicó acuerdos de los cabildos de Rosarito y de Tijuana -en este caso el estado publicó un documento del año 2013-, para aceptar la municipalización parcial de los servicios de agua.
