Plantas de tratamiento, grave falla de la CESPT

Fotos: Jorge Dueñes
Edición Impresa lunes, 9 agosto, 2021 12:00 PM

Pese a la inversión del gobierno de BC para que el agua residual sin tratar no pase a Estados Unidos, sigue vertiéndose agua contaminada al mar de lado mexicano. De noviembre de 2020 a la primera quincena de julio de 2021, las playas de Tijuana “estaban fuera de norma”: Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental

El 15 de julio de 2021, la empresa Rust Servicios Ambientales e Ingeniería, SA de CV dejó de operar las plantas de tratamiento de agua residual La Morita, Arturo Herrera y Natura, luego que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) incumpliera con acuerdos sobre el mantenimiento de las mismas, que derivan en que el agua procesada no cumple con la norma en materia de efluentes, señaló el representante legal de la compañía, Ricardo Cruz Ortiz.

“Hicimos unos ajustes en los procesos y cumplimos en materia de lo que es contaminación, pero había un par de parámetros (nitrógeno y fósforo) que no podíamos cumplir por el deterioro mismo de las plantas que han trabajado hace once años”, expresó.

El fósforo es el causante de que se forme la lama en las aguas cuando no se mueve y de que el agua se vuelva putrefacta, “entonces la lama es sinónimo de un agua de mala calidad”, refirió el ingeniero.

En el caso del nitrógeno, si no se remueve bien, los nitritos o nitratos causan formación de amoniaco en los cuerpos receptores de agua que matan la flora y fauna.

Recordó que su empresa avisó el 17 de febrero que “las plantas estaban mal” y no podía cumplir con la calidad que exige la norma en la materia, con los debidos parámetros del efluente.

“Es difícil juzgar de bote pronto esto, porque los mantenimientos son caros. Ya son mantenimientos correctivos, que cuestan 50 mil dólares. Un mantenimiento de las tres plantas anda por arriba de los 27 millones de pesos, entonces, desconozco la situación financiera del organismo operador como para decir ‘es que tuvieron y no me dieron’, no, no puedo decir eso”, argumentó Cruz Ortiz, para agregar:

“Lo que sí sé es que Rust hizo hincapié en decir ‘Oye, ¿sabes qué?, tienes problemas y para cumplir con la calidad del efluente debes hacer esto, esto y esto’. Si no lo haces, yo no quiero ser el causante, ni tampoco arrastrar en mi currículum que operé con deficiencias una planta que me encomendaron operar, mantener y conservar”, afirmó el empresario en entrevista telefónica desde Nuevo León.

Cuestionado al respecto, el director de la CESPT, Eliel Vargas Pulido, negó que las plantas de tratamiento no tengan mantenimiento, pero admitió que hay pendiente de reponer equipo. “Sí podría haber en cierto sentido el que se inconforme alguien. Donde tú entras y dices ‘el mantenimiento es para equis cantidad de cierto monto’, también hay otra parte, es como la infraestructura: hay equipo que se tiene que reponer o rehabilitar de un costo mayor, pero obviamente lo principal es que no afecte en la calidad del agua, se cumpla con la norma”.

Y ejemplificó: “Nada más que lo que sí puede pasar es que en la turbiez, cuando ya tienes cierta presencia de coloración en el agua, es porque no estás eliminando totalmente los sólidos, pero no quiere decir que no cumpla con la norma”.

El funcionario dijo que existe un laboratorio certificado ajeno a la CESPT que está tomando las muestras y presenta los resultados, además de informarles, “aparte Conagua también nos estaría multando”, subrayó.

No obstante, desde 2020 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspendió los programas de visitas de inspección con monitoreo de calidad de aguas residuales por la contingencia sanitaria del virus SARS CoV-2 (COVID-19), y, en lo que va de 2021, no se ha dado a conocer por la Subdirección General de Administración del Agua de la existencia de la autorización para el desahogo del programa de visitas de inspección con muestreo y/o monitoreo.

Lo anterior, debido a que requiere de un presupuesto para el acompañamiento de laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación y autorizado por la Conagua, detalló la dependencia federal en una nota informativa para ZETA.

En el mismo documento, se inscribió que del primer trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2020, la CESPT ha hecho pagos de derechos por descargas de aguas residuales por un monto total de 148 millones 220 mil pesos. “Cabe mencionar que el importe pagado se genera debido a que rebasa los parámetros específicos que se aplican para medir la calidad del agua, establecidos en la Ley Federal de Derechos”.

A mediados de julio, en atención a medios, el subsecretario del Agua, Rigoberto Laborín, reconoció que la CESPT pagó alrededor de 30 millones de pesos por multas en 2020.

 

CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

El 29 de enero de 2021, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana declaró desierta la licitación OM-CESPT-015-2021 para el servicio de operación, conservación y mantenimiento para las plantas de tratamiento de aguas residuales Arturo Herrera, La Morita y Natura para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2021.

Según el fallo de la licitación al que ZETA tuvo acceso, la única empresa participante (Suez Medio Ambiente, México SA de CV, que había operando las plantas en los últimos dos años) presentó una propuesta por un monto mensual de 3 millones 898 mil 053 pesos (sin Impuesto al Valor Agregado, IVA); cantidad “por encima del monto presupuestado”, argumentó el organismo.

Siete días después, el director de la CESPT otorgó por adjudicación directa el contrato DAD-ADQ-CESPT-06-2021 a Rust Servicios Ambientales e Ingeniería, SA de CV por 29 millones 700 mil pesos (sin IVA) para que proporcionara el mismo servicio del 5 de febrero al 31 de octubre de 2021, a razón de 3 millones 300 mil pesos (sin IVA) por cada mes que estuviera operándolas.

Aunque no explicó por qué firmó un contrato que consideró “mal hecho”, el representante legal de Rust aseguró él envió las correcciones del clausulado que la CESPT le había dado de un contrato que no era para operación, conservación y mantenimiento.

“Me lo dieron de una licitación que quedó trunca y me dijeron: ‘Con este contrato que se rija’, y no es cierto. Esa fue una desavenencia grande que tuvimos las partes. Eso te indica que los cuates no saben hacer lo que están haciendo y, si eso tan sencillo, no lo supieron hacer, ahora entiendo y entendí por qué tienen las plantas hechas un desorden y por qué nadie ha resuelto el problema de manera integral con relación a los problemas de agua que tiene Tijuana”, manifestó.

Al considerar que lo hecho por el departamento legal de la CESPT “es ignorancia plena o una negligencia que raya en lo ridículo”, Cruz Ortiz refirió que el 5 de febrero, a las 21:00 horas, la Comisión tijuanense entregó a la empresa las tres plantas sin gente ni un acta de entrega-recepción formal.

Esto último contraviene lo establecido en el punto 7 del Anexo del Contrato, el cual indica que antes del inicio de operaciones, se formalizará la entrega-recepción de la planta, mediante un acta.

Las plantas Arturo Herrera y La Morita son de las más importantes del organismo. La primera tiene capacidad instalada para procesar 460 litros por segundo, y la segunda, 254 litros. En tanto, Natura, procesa 60 litros por segundo.

Versiones extraoficiales aseguraron que Rust había presentado un escrito manifestando que se retiraba porque las plantas estaban haciendo descargas al Río Tijuana, y que antes de firmar el contrato, la CESPT no le advirtió que debía adquirir al organismo sustancias químicas que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales con costos elevados; además de señalar la “comisión” que le requería el subdirector de la CESPT, Armando Reyes Arana.

Al respecto, Cruz Ortiz dijo que “los químicos no fueron el problema”, sino que dentro de sus costos fijos estaba una plantilla de “treinta y tantas” personas, y en los costos variables, los insumos que se necesitan para tratar las aguas residuales.

“A mayor cantidad de agua residual, más consumo de polímero, que es un costo variable, más consumo de energía eléctrica (…) y más consumo de desinfectante. Eso se negocia al momento de cerrar el contrato, tú qué vas a poner; pones la energía eléctrica, el cloro, y yo pongo el polímero. Son acuerdos manejados antes de empezar a ejercer el contrato que te dieron, pero el contrato, te repito, no cumplía con el proyecto de operación, conservación y mantenimiento”.

¿Le pidió moche el subdirector de la CESPT Armando Reyes u otro funcionario?, interrogó ZETA.

“A mí no. A los otros no sé. Yo hablo por Rust, no”, respondió Cruz Ortiz.

Sobre el acercamiento inicial entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la empresa, comentó que vino a Tijuana invitado por “gente de la CESPT”, porque le aseguraron que había proyectos que encajaban en el perfil de negocios de la compañía.

A decir del entrevistado, propuso al gobierno de Jaime Bonilla Valdez comprarle las plantas de tratamiento de la ciudad y darles mantenimiento para que el agua tratada conforme a la normatividad se envíe a la presa para que se vuelva a usar como agua potable, con lo que el gobierno le pagaría a la empresa por metro cúbico tratado y entregado.

Pero el planteamiento de la autoridad habría sido que la empresa operara las tres plantas de tratamiento referidas por un precio menor al que la CESPT había pagado, a lo que la empresa accedió siempre y cuando la CESPT proporcionara el mantenimiento de los equipos, “porque hay reparaciones que cuestan 230 mil dólares”. Como no hubo tal, la empresa se retiró.

Cruz Ortiz agregó que, aunado a la falta de mantenimiento, la CESPT retrasó el pago de mayo y a finales de junio la empresa informó al organismo que hasta el 15 de julio seguiría operando las plantas, por lo que la CESPT le adeuda mayo, junio y parte de julio.

A propósito, Eliel Vargas Pulido aseguró que “no es mucho” lo que se le debe a la compañía, “prácticamente se estaba al corriente, hay poco, creo que nada más quedaba una mensualidad y media, entonces, no se está incumpliendo con el pago”.

Los acuerdos para terminar el contrato “prácticamente ya están planchados” y se espera que en próximos días se concluya el proceso, en el que -según dijo- la CESPT hará valer el contrato firmado.

Por el momento, la Comisión se está haciendo cargo de las plantas y definiendo si podría otorgarse un contrato a otra empresa, al estar próximo el final de administración.

Agregó que desconoce si existe alguna empresa interesada; sin embargo, versiones extraoficiales refieren que Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, SA de CV podría quedarse con el contrato.

 

PLAYAS DE BC, CONTAMINADAS

Aunque la CESPT ha invertido alrededor de 306 millones en cinco proyectos de saneamiento (limpieza del Río Tijuana, Colector Poniente, Bombas de PB-CILA, obra de toma y bombeo) y se espera que junto con la Conagua inviertan 43.3 millones de pesos en la rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales Los Laureles I para evitar “en gran medida” el cruce de aguas residuales no tratadas a Estados Unidos, actualmente las aguas contaminadas continúan vertiéndose al Océano Pacífico del lado mexicano, debido a que la planta de tratamiento de Punta Bandera no opera adecuadamente, ni alrededor de 19 plantas de fraccionamientos habitacionales.

Datos de la aplicación Swim Guide, del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, indican que en la primera quincena de julio, dos de las cuatro playas analizadas en Tijuana (Parque México y Playa Blanca) tenían una mala calidad de agua y no eran aptas.

Aunque a finales de julio, sólo Playa Blanca seguía siendo no apta -no se tomaron muestras de la playa de Parque México-, Margarita Díaz, directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, aseguró que de noviembre de 2020 a la primera quincena de julio de 2021 las playas de Tijuana “estaban fuera de norma”.

“Esto nos preocupa no sólo porque es un problema de salud pública, sino por las especies que residen en el mar, que deben estar siendo impactadas enormemente en su ecosistema”, expuso la ambientalista.

Consideró que el Colector Costero, con el que el gobierno estatal pretende conectar a los fraccionamientos que vierten sus aguas sin tratar al mar, enfrenta retos como quién pagará por la conexión de estos. La pregunta es: si serán los fraccionamientos los que pagarán, ¿el proyecto se logrará si depende de las aportaciones de las comunidades?, o el proyecto que está financiando el gobierno ya tiene el recurso. Entonces, ¿por qué están cobrando a las comunidades?

Otro punto a revisar, es si el fraccionamiento está conectado en un punto al cual se va a interconectar el Colector, “pero si el fraccionamiento que no fue entregado por la empresa que lo hizo tiene tubos por acá y por allá y no están conectados, entonces un colector no soluciona”, consideró.

En el mejor de los casos, el Colector captará esa agua y la mandará a Rosarito, pero este municipio tiene dos plantas que están llegando a su capacidad máxima. La cuestión es si las plantas de tratamiento tienen la capacidad para tratar el agua de 19 fraccionamientos.

El proyecto de Asociación Pública Privada (APP) por 613.3 millones de pesos para rehabilitar y ampliar la capacidad de la planta de Punta Bandera podría comenzar hasta 2024, ya que, según la Conagua, su construcción está prevista a iniciar en febrero de 2022.

Finalmente, Díaz urgió a los tres órdenes de gobierno a sesionar el Comité de Playas Limpias, mesa en la cual concurren todos los actores y, con base en un diagnóstico “real”, se haga un plan integral para solucionar la contaminación del mar por aguas residuales.

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