Nuevamente, regidores y la alcaldesa de Mexicali se involucran en un tenso enfrentamiento verbal, durante la sesión extraordinaria del Cabildo realizada el medio día del 16 de agosto, la cual terminó con un rechazo generalizado al decreto que municipaliza parcialmente los servicios de agua potable en la Capital del Estado.
En la sesión se sometió a consideración de los ediles cachanillas el dictamen 4 de la comisión conjunta de Gobernación, Servicios y Obras Públicas, que tenía como objetivo rechazar el decreto 289, publicado el 29 de julio, emprendido por el Poder Ejecutivo y Legislativo, argumentando una “flagrante violación constitucional”, por la intromisión en sus funciones con la reforma que otorga parcialmente el servicio de agua potable.
El dictamen propuesto por el Grupo Parlamentario del PAN, pero leído por el presidente de la Comisión de Gobernación, José Ramón López Hernández, tuvo como misión rechazar el decreto, pero además solicitar al Poder Legislativo que dé marcha atrás a la reforma y que se convoque a los municipios para que tengan la posibilidad de emitir una opinión sobre el traslado de la operación del agua a los ayuntamientos.
A raíz de ello se generó un intenso debate entre los regidores y la Presidenta Municipal, donde los primeros externaron su molestia por una transición de la comisión de servicios públicos sin haber proporcionado información básica para los municipios.
Al término de la lectura, integrantes de “las resistencias” de Mexicali -aquellas que en 2017 se manifestaron en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo para abrogar la Ley de Aguas- externaron su opinión, con el permiso de la alcaldesa, algo que no está permitido en el reglamento interior del Cabildo.
Los colectivos respaldaban la propuesta de municipalizar el agua, presentaron un documento con el que buscaban un espacio para participar en reuniones para conocer el fondo de la iniciativa.
El regidor Héctor Ibarra reclamó que la deuda del Ayuntamiento crecería en más de mil millones de pesos con este movimiento, lo cual tuvo que obtener por una investigación propia, debido a la falta de interés del Estado, el Congreso y el propio Ayuntamiento, por informar sobre las condiciones.
“Se le informa que vamos a recibir un organismo operador del agua del mismo tamaño operativo del Ayuntamiento y se nos dice que nos debemos persignar, que debemos aceptarlo bajo el argumento falaz de que tiene 22 años de retraso y es mandato constitucional y es falaz porque sí viene cierto la Constitución establece desde hace 22 años, también establece que los municipios que no están en condiciones podrán pactar con otros municipios o el Estado”, refirió el edil, quien agregó que “por encima de todo está la independencia municipal”.
El regidor Fernando Rosales también se posicionó en contra y cuestionó los intereses del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en la repentina municipalización del servicio de agua potable.
“La facultad de otorgar el 25 por ciento de lo recuperado (a FISAMEX), hoy el gobernador tuvo ceguera de esto y en 2019 y parte del 2020, hoy se rasga las vestiduras y dice que lo redujo, del 25 al 20 por ciento, esto es un descaro, esto no es de partidos políticos, es de legalidad, cuando nos involucremos en meter partidos políticos es un problema, mientras no se cumpla lo del 115 perdónenme pero no se puede aprobar esto”, refirió el edil, quien también fue partícipe de las luchas de “resistencia” en 2017.
Las intervenciones de los regidores Arnoldo Douglas, Sergio Tamai y María Cristina Mares Vejar, haciendo comentarios irónicos sobre la presencia de los colectivos de “resistencias” -afines a la alcaldesa Guadalupe Mora-, lo que causó gran molestia de estos.
Gritos y reclamos interrumpieron la sesión del Cabildo, puesto que por un lado “las resistencias”, de las cuales destaca la profesora Araceli Piña, reclamaban la postura de los ediles, mientras que Héctor Ibarra Calvo, solicitaba una moción de orden, para luego culpar a la alcaldesa por intentar llevar la sesión a un conflicto político.
“¿Le está saliendo bien, alcaldesa?”, cuestionaba Ibarra Calvo mientras el grupo de activistas se acercó a él para reclamarle por sus comentarios, increpándolo a escasos centímetros de su curul. Todo esto mientras Mora Quiñónez solicitaba orden.
Luego de varios reclamos entre ediles, activistas y la propia presidenta municipal, ésta última tomó la palabra para afirmar que sólo iba a seguir y rendir cuentas al pueblo.
Recordó que el activismo social es algo que no todos los integrantes del Cabildo conocen y que no se olvida el “martes negro”, como se le conoce al 13 de febrero del 2017, cuando grupos de manifestantes fueron reprimidos por policías municipales que tomaron las oficinas públicas; entre ellos había varios militantes de Morena, como la hoy Alcaldesa.
También anunció que, a partir de mañana, martes 17 de agosto, se instalaría una Comisión Especial de Análisis y Efectos, conformada por directores, regidores, Oficialía Mayor, académicos y sociedad civil, para llevar a cabo una iniciativa que represente una verdadera municipalización del agua.
Durante todo momento, “resistencias” y ediles, reclamaban a favor y en contra de la propuesta de municipalización.
Mora Quiñónez reclamó además que el Síndico Procurador no tenía facultades para interponer una controversia constitucional, puesto que esta facultad se le otorga exclusivamente a la Presidenta Municipal, y reclamó por tomar una decisión personal cuando debió ser una acción colegiada, o al menos informada al Cabildo.
Ibarra Calvo arremetió contra la alcaldesa asegurando que tenía un total desconocimiento del derecho y de lo que se estaba votando, puesto que pretendía hacer una comisión para analizar lo que el Cabildo ya rechazó por completo.
Nuevamente se volvieron a encender los ánimos, los cuales se calmaron cuando el síndico Héctor Ceseña, tomó la palabra y aseguró que cuenta con facultades para representar al Cabildo de Mexicali en cualquier juicio.
Al final, la votación quedó 14 votos a favor y una abstención -de la Presidenta- para rechazar la propuesta de municipalización de los servicios de agua.
