Quiero iniciar recordando las violaciones graves a Derechos Humanos que partir de los discursos de odio desencadenaron el genocidio de Ruanda, país ubicado en África Central, en el que en tres meses fueron asesinadas aproximadamente 800 mil personas tutsis (comunidad indígena que representaba el 15% de la población ruandesa). En 1994 se escuchaba por la radio ruandesa: “Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”. Todo eso como uno de los discursos que se transmitieron a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, conocida como la “emisora del odio” y operada por el gobierno.
En 2013, tuve la oportunidad de conocer a Rosse, una mujer de Ruanda con un enorme corazón, sobreviviente de ese genocidio y quien derivado de los hechos traumáticos que vivió tiene una discapacidad psicosocial. Esa joven de mirada tierna y gran sonrisa con extrañas cicatrices en sus piernas producto de los ataques de machetes en su pueblo, contaba las dolorosas persecuciones que ella y su familia vivieron y en la que sus hermanos perdieron la vida, mientras un grupo de veinte mujeres de diferentes nacionalidades escuchábamos atónitas pensando que nuestros países eran muy distintos.
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México es muy distinto a Ruanda; sin embargo, aquí también hay formas en las que se promueve el odio, el desprecio y la exclusión. En cualquier parte, los discursos de odio contribuyen a crear un clima general de intolerancia a personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad. Los discursos de odio son expresiones y manifestaciones que incitan al odio y la intolerancia, se basan en argumentos sobre prejuicios y estereotipos, difamatorios o que llaman abiertamente a la violencia y pueden llevar al genocidio como fue el caso de Ruanda.
El discurso de odio frecuentemente se realiza al “amparo” de la libertad de expresión, en ocasiones por el desconocimiento de que esta libertad no es absoluta y está limitada cuando se enfrenta con otros derechos especialmente con la igualdad y su principio absoluto de prohibición a la discriminación. Y es que en México la discriminación está explícitamente prohibida en nuestra Constitución, pues hemos reconocido que esta práctica lastima la dignidad humana y puede provocar hasta la muerte.
Sin embargo, diversos grupos de la población siguen viviendo cotidianamente la discriminación como es la población en situación de calle o sin hogar. Muchos factores inciden en la prevalencia de ese grupo poblacional, entre ellos, la falta de atención a la salud mental, las violencias, las adicciones, la exclusión social de las personas con discapacidad y, por supuesto, la pobreza. Los discursos de odio, los pronunciamientos que no respetan la dignidad de las personas acentúan la segregación de un grupo de la población que requiere de una atención prioritaria para encontrarse en igualdad de circunstancias para el ejercicio de sus derechos.
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Desafortunadamente, prevalece la idea de que lo conveniente es decidir por quienes viven en la calle en aras de su “bien”, ejerciendo “amablemente” una discriminación tutelar buscando “ayudar”, sin atender su opinión en los temas que les afectan, negándoles su calidad de sujetos de derechos.
Las personas en situación de calle han sido históricamente estigmatizadas y discriminadas por su condición de vulnerabilidad y no necesariamente han de ser trasladados a un albergue, pero lo que sí es necesario es verlos como sujetos de derechos y detener cualquier abordaje del tema que estimule el rechazo. La discriminación en su contra puede ser origen y a la vez resultado de acciones denominadas “limpieza social”, las cuales cosifican a las personas al tiempo que buscan diseminar o lograr la reubicación de grupos de población que tienen arraigo en ciertos espacios. Por demás está decir que hablar de “limpiar” en este contexto cosifica a las personas.
La atención que se brinde a las personas en situación de calle debe ser respetando su autonomía y dignidad, respetando sus derechos humanos y con una visión integral hacia la implementación de políticas públicas para su inclusión social.
Baja California no es Ruanda, pero no necesitamos serlo para encontrar expresiones y acciones que deben erradicarse para hablar de una verdadera sociedad de derechos. Evitar promover discursos de odio es fundamental.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
