Julio Hernández López “Astillero”, columnista de La Jornada, estuvo presente en la conferencia mañanera del miércoles 28 de julio, para reclamarle de frente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“No he mentido y tengo toda la documentación y la argumentación”, le espetó, ya que una semana antes, el gobierno lo había acusado de falsear información respecto a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había realizado un trámite para entregar más de mil 800 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, a particulares.
Como respuesta, del lado de los acusadores, el primer mandatario mexicano primero alegó desconocimiento del proyecto -del que habían hablado siete días antes-, después aseguró que no sería desarrollado -abriéndose a la posibilidad de que lo afirmado por “Astillero” fuera cierto-, y cerró alegando el posible involucramiento de autoridades locales. Aunque el columnista señaló directamente a la Semarnat, cuya titular, María Luisa Albores González, sólo se defendió diciendo que la administración no estaba “coludida con nadie”.
Hernández exigió a los funcionarios federales una disculpa, como la que pidió y recibió la revista Forbes luego que, el 30 de junio, el gobierno de AMLO los acusara de publicar la noticia supuestamente “falsa” de que el gobierno morenista espiaba periodistas. Porque debido a la falta de rigor y el desaseo en esta actividad inquisidora, ni siquiera tuvieron el cuidado para darse cuenta que estaban refiriéndose a una nota del año 2017, en la que se estaba señalando a la administración de Enrique Peña Nieto.
Un año atrás, el 28 de mayo de 2019, el periodista Ricardo Rocha se presentó en la conferencia diaria en Palacio Nacional para reclamarle al Presidente por haber incluido su nombre en dos empresas que recibieron millonarios contratos de publicidad durante la administración peñanietista.
Reconoció ser socio mayoritario de una compañía que contrató 2 millones, pero lo encaró porque en JR Servicios de Información y Comunicación -4.8 millones de pesos-, “mi nombre nunca aparece ahí, sólo figuran dos de mis hijos que Usted conoce muy bien y que ya caminan solos, Usted y yo somos contemporáneos y nuestros hijos también”.
Los primeros dos casos forman parte de una larga lista de periodistas que han sido señalados en “Quién es quién, en las mentiras de la semana”, sección de la conferencia mañanera inaugurada el 30 de junio de 2021 y programada para cada miércoles, en la que López Obrador y su gobierno se convirtieron en juez y verdugo social de aquellos que opinan diferente.
Designaron a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, y encargada del linchamiento de periodistas. Actividad que iniciaron con el argumento de combatir las fake news y a los medios que amenazan, injurian e incitan a la violencia contra el Presidente, dijo la funcionaria. Buscar una prensa más ética, diría AMLO.
El caso de Rocha también es ejemplo de la disfuncional relación que López Obrador ha tenido con la prensa desde que tomó posesión, incluso durante su campaña, en la que se ha explayado calificando a los periodistas como adversarios, prensa fifi, hampa del periodismo, chayoteros, muerden la mano que les quitó el bozal, fantoches, conservadores, sabelotodos y otras expresiones peyorativas “con todo respeto”, expresaría el mandatario.
La lista de periodistas acusados que le han contestado al Ejecutivo federal y su gobierno es más extensa, pero decidimos mencionar estos tres ejemplos, por ser los que han encarado al Presidente de manera directa, en su propio terreno -la mañanera- y le han regresado el señalamiento. Con elementos, han exhibido a los jueces de las mentiras, como mentirosos.
Por el bien colectivo, “no se debe de mentir impunemente”, afirmaría el 30 de junio López Obrador. Y tiene razón, ya que el buen juez, por su casa empieza.
Decenas de periodistas y organizaciones se han manifestado en contra de “Quién es quién…” señalan que es un ejercicio desproporcionado, antidemocrático, que afecta la pluralidad mediática y el debate público, porque en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el gobierno morenista simplemente está proveyendo mayor impunidad a los criminales, y ZETA está de acuerdo.
Mentir para presentar una mejor imagen de la realidad, ha sido una práctica común de la clase política mexicana y mundial: la de esquivar temas o preguntas, respondiendo con medias verdades; o contestar incluyendo un hecho verdadero que no es la respuesta que se está cuestionando, son viejas estrategias para resolver momentos incómodos, para engañar o manipular.
Ciertamente, los políticos no tienen el monopolio de la mentira, según diversos estudios de universidades y psicólogos, el ser humano en general miente un promedio de dos veces al día. Pero entre más poder, más consecuencias negativas tiene el engaño, particularmente cuando el mentiroso lo hace para justificarse o buscar su beneficio.
No se trata de rasgarse las vestiduras, se trata de exigirle al Presidente, a todo su aparato y cientos de funcionarios, el mismo rigor y aseo que él exige al periodista. No se trata descalificar por deporte. Si acusa, está obligado a probar, presentar información, porque la calumnia viniendo de parte del hombre más poderoso del país, es abuso de poder. Y la política también debe ser ética.
