La presión de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del ginecólogo José Andrés Acosta se ha intensificado en los últimos días, luego que apenas la tarde del miércoles 28 de julio elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Mexicali catearan su consultorio en busca de evidencia que lo vincule con la muerte de la joven Reyna Michelle Benítez Ruela, de 22 años de edad.
El fin de semana pasado, familiares de la estudiante de medicina denunciaron al médico en el crimen de la joven, quien se sometió a una intervención quirúrgica para remover un quiste, lo que según el galeno era una operación rápida y de rutina; de hecho, la hoy occisa acudió por sus propios medios y sin dolor.
Al poco tiempo se le dio la noticia a la familia de que había fallecido, lo que causó gran indignación.
La necropsia de ley arrojó, según información proporcionada por fuentes de la misma FGE, que su fallecimiento se debió a la perforación de una arteria, lo que evidentemente se encontraba fuera del procedimiento quirúrgico que pretendía llevarse a cabo.
El pasado martes 27 de julio, Pedro Ariel Mendivil, vicefiscal regional de Mexicali, comentó que el caso no quedará impune y se llegará hasta las últimas consecuencias, toda vez que existe evidencia sustentable para vincular el hecho por homicidio y por mala práctica médica.
Además, aseveró que se está investigando para determinar si existe una responsabilidad hacia otros implicados en el caso, puesto que la operación no la hizo sólo, sino con apoyo de otros médicos.
Un día después de sus declaraciones, la AEI llevó a cabo un cateo en el consultorio médico ubicado sobre la prolongación de la calzada Manuel Gómez Morín, donde se extrajo evidencia para implicar al galeno con el caso.
No es la primera vez que el ginecólogo se ve involucrado en una situación de escándalo. El pasado mes de marzo, una joven denunció ante la Fiscalía General del Estado que José Andrés Acosta, -presuntamente- la había tocado de manera impropia durante una revisión médica, además de exhibir en redes sociales los mensajes vía WhatsApp donde se evidenciaba una práctica de acoso.
La situación causó impacto mediático, al grado que el hospital Almater decidió romper relación con el galeno. (Se presumen inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 12, CNPP)
