Con apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal, Grupo Concordia intenta despojar de su propiedad a una familia de ganaderos en Playas de Rosarito. Invadieron con máquinas el terreno propiedad de los Torres y destruyeron todo a su paso, parte de la casita de madera donde dormían, así como flora y fauna endémica de la región en peligro de extinción. En redes sociales ya ofertaba los predios, sin tener la propiedad de ellos
Desde hace un mes, la familia Torres se ha enfrentado al consorcio inmobiliario Grupo Concordia, maquinaria pesada y a hombres armados que la amedrentan mientras es despojada, en completa ilegalidad, del terreno que le pertenece desde hace 50 años y está a su nombre ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC).
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El terreno en disputa consta de 591 mil 475.59 metros cuadrados de superficie. Se ubica en el kilómetro 47 de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, entre el Ejido Primo Tapia, el Cerro Coronel y la zona conocida como El Gato. El terreno es un polígono rectangular delimitado por tres arroyos.
El 15 de julio de este año, alrededor de 30 personas acompañadas de maquinaria pesada, personal de seguridad privada, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Municipal de Rosarito, llegaron al terreno de la familia Torres. Sin avisar, entraron tirando los cercos que delimitan la propiedad y comenzaron a invadir la propiedad privada.
Los civiles que se apersonaron al lugar se identificaron como empleados de Grupo Concordia y la Constructora Carbo S.A. de C.V. (del empresario Valente Márquez Amézquita), no venían acompañados de algún notario, no presentaron la orden de un juez para desalojarlos, sólo ingresaron con violencia al predio.
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La familia los enfrentó y les solicitó algún documento que avalara su intromisión. El abogado del grupo constructor, José Rentería Avilés, les explicó que se encontraban cobrando un pagaré del señor Francisco José Barrón Aldrete, quien aparece ante el RPPC como propietario de un lote en El Gato.
Por su parte, los Torres contra argumentaron con la documentación: Mapa catastral y certificado de propietario por el RPPC.
Los representantes de Grupo Concordia sugirieron acudir ante un juez, para que diera la razón a una de las dos partes. La familia accedió y se dirigieron ante el Ministerio público. Sin embargo nunca llegó el juez.
“Nos llevaron, supuestamente, ante un juez para presentar las pruebas pero solo éramos nosotros y ellos, no presentaron nada, ni vimos al juez; pero en el rato que nos sacaron de ahí entraron con maquinaria a nuestra tierra, tiraron parte de la casa, pusieron cercos, pusieron una zanja y colocaron las máquinas en los accesos para no dejarnos entrar”, contó un familiar a ZETA.
Desde entonces, los Torres y 10 familias más que viven en las colindancias del terreno han tenido que hacer guardia, noche y día, para proteger su tierra de la maquinaria de trascabo del Grupo Concordia, que avanza sobre sus terrenos sin una orden o un recurso legal que los ampare, llevándose todo a su paso.
Hombres armados, elementos de la Fiscalía General del Estado y presuntos policías municipales se enfrentan a diario con los residentes y propietarios de la zona, a veces por la noche, otras durante el transcurso del día, para seguir avanzando sobre el terreno, aplanando los cerritos y tapando, con esa misma tierra, los cauces de los arroyos.
El terreno estaba poblado de árboles, de biznagas, de serpientes, patos, conejos, coyotes, entre otras especies de animales que tenían su hábitat ahí. Los pobladores tenían a su ganado suelto, para que pastaran libremente; ahora todo es diferente.
En un recorrido que realizó este Semanario por la zona, se pudo observar un par de cerros raspados. De acuerdo con los locales, los han reducido más del 50 por ciento de su tamaño real. Ya no hay animales sueltos, tampoco salvajes y mucho menos biznagas, especie de cactácea en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010).
Las máquinas de trascabo trabajan desde las 8:00 horas del día hasta las 19:00 horas en el mejor de los casos, a veces avanzan cuando es de noche. La tierra que retiran del cerro termina en los canales de tres arroyos que bajan del cerro Coronel y desembocan en el Océano Pacífico, por la costa de Playas de Rosarito en tiempos de lluvia.
El rancho ya es ofertado por Grupo Concordia en redes sociales: “Vistas del Puerto en Rosarito. Nuevo desarrollo. Todos los servicios incluidos. Aparta con 100 dólares”, se lee en el anuncio, la imagen destacada es una fotografía aérea del terreno de la familia Torres y sus periferias.
Para que la empresa inmobiliaria proceda de esta manera (tanto para desalojar, como para vender) requiere de tener la propiedad del terreno como mínimo y no lo tiene, de acuerdo con una búsqueda realizada en el RPPC de Playas de Rosarito.
Ahí se pudo corroborar que el terreno de 591 mil 475.59 metros cuadrados es propiedad de la matriarca de la familia, María del Socorro Torres. Además, no se encontró alguna demanda o proceso relacionado entre el predio y Grupo Concordia en los registros a los que tuvo acceso ZETA.
La familia también cuenta con los planos y trazos del terreno realizados por la entonces Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable) lo que certifica la legitimidad de su propiedad. Sin embargo, la empresa desarrolladora no detiene sus máquinas.
NUNCA HUBO ORDEN PARA QUE PARTICIPARAN ELEMENTOS EN EL PRESUNTO DESALOJO: FGE
Cada que había algún enfrentamiento entre los residentes y los trabajadores de la empresa se involucraban personas armadas y presuntos elementos de la FGE, para intimidar a los Torres; limitando y bloqueando que acudan a levantar una denuncia ante la dependencia a cargo del Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández.
ZETA buscó a las autoridades de la FGE para saber si existía alguna carpeta o expediente a favor de Grupo Concordia para apoderarse del terreno; tanto el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, así como la Fiscal Regional de Rosarito, Lilia Cruz León, negaron que existiera una orden de su parte para que elementos de la Fiscalía acudieran al kilómetro 47 de la Escénica.
También comentaron que no existe hasta el momento denuncia penal alguna, ya sea en contra de la familia Torres o contra el consorcio inmobiliario. Por lo que señaló ellos no pueden actuar a favor de ninguno si no se presenta el recurso legal ante la dependencia.
Por otra parte, también se reconocieron a dos elementos de la FGE que están adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, al mando de Carlos Alberto Flores, y una unidad con número económico 0642, en las acciones del presunto despojo contra la familia propietaria del terreno.
Al respecto, la fiscal de Playas de Rosarito señaló que para que se investigue y se castigue a los elementos de la corporación de seguridad que participaron en el presunto delito, también se debe presentar una denuncia ante la visitaduría o el departamento de asuntos internos, de lo contrario no podrían ser sancionados.
EN EL AYUNTAMIENTO, NO SABEN NADA
La alcaldesa reelecta de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, fue consultada por este Semanario sobre la problemática en el tema de la tenencia de las tierras y el caso particular del terreno de los Torres.
Del primer tema dijo estar trabajando en un proceso de regulación, pero aún no hay cambios sustanciales; mientras que del segundo tema dijo desconocer, además de señalar que ese tema no era de su competencia, sino de la FGE, pese a que la autoridad que da este tipo de concesiones es el gobierno municipal.
Por otra parte, ZETA entrevistó a la Directora de Administración Urbana de Rosarito, Lydia Cristina Mora Ortiz; ella explicó que para que alguien se ostente cómo poseedor de un predio debe demostrarlo con la documentación pertinente, como lo son los planos certificados, las escrituras y su alta ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Señaló que para llevar a cabo una toma de terreno se debe hacer conforme a la ley, de debe garantizar el derecho a audiencia, a que ambas partes se defiendan y presenten documentación y que tendrá que ser resuelto por un juez.
Agregó que para poder hacer un desarrollo inmobiliario el proceso es muy largo, ya que son muchos pasos los que se tienen que seguir para poder hacer fraccionamientos, lotes o vender condominios, porque se debe de garantizar todos los servicios y las obras de urbanización, lo que podría tardar hasta dos años en que se autoricen.
HAY ELEMENTOS PARA PROCEDER LEGALMENTE CONTRA GRUPO CONCORDIA: ABOGADO
De acuerdo con la defensa de los Torres, existen los elementos suficientes para demandar penalmente a Grupo Concordia y la Constructora Carbo S.A. de C.V. y contra quien resulte responsable por delitos como despojo, allanamiento de morada, daños patrimoniales y delitos por daños al ecosistema.
Además aseguró que la familia cuenta con la documentación pertinente y en orden que avala su propiedad (misma que fue corroborada por ZETA luego de una búsqueda en el RPPC), señaló que hubo violación a los derechos fundamentales de los propietarios de más de 591 mil metros cuadrados.
El abogado de los Torres mencionó que se vulneran los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.
Artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Y adelantó que entre las posibles consecuencias que tendrán los presuntos invasores del Grupo Concordia, será pagar la indemnización por las pérdidas económicas de la familia, más la reparación de los daños, como mínimo.
ZETA buscó al abogado José Rentería Avilés, representante legal de Grupo Concordia y del señor Valente Márquez Amézquita, para saber sobre el actuar del consorcio que representa y los fundamentos legales para intervenir en dicha propiedad; sin embargo, al cierre de esta edición la respuesta del abogado nunca llegó.
LAS OTRAS IRREGULARIDADES DE GRUPO CONCORDIA
Ésta no es la única fechoría del consorcio inmobiliario, también ha hecho de las suyas en el puerto de Ensenada y en Tecate.
En el primer municipio, de acuerdo con la revista Proceso y la reportera Jesusa Cervantes, este grupo y la empresa Del Valle Bienes Raíces ofrecen lotes a la venta en lugares que son protección federal, con total impunidad y sin alguna la acción por parte de las autoridades locales para frenar este tipo de acciones.
Mientras que en Tecate, Grupo Concordia comenzó la venta de terrenos en un supuesto desarrollo llamado Rancho Behtel, un fraccionamiento tipo campestre, pero luego de una búsqueda en el RPPC no se encontró propiedad alguna a nombre de esta firma; ni en Catastro había evidencia de realmente poseer un predio para vender en lotes.
Por otra parte, este grupo inmobiliario tampoco es del agrado del Gobierno del Estado, dado que el 18 de agosto la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), clausuró las oficinas centrales de Concordia por el presunto adeudo de 101 millones de pesos, por concepto de derechos de conexión al sistema de agua y drenaje.
Razón que aprovechó el titular del Poder Ejecutivo Estatal, Jaime Bonilla Valdés, para atacar a la firma y despotricar en su contra catalogando al consorcio de “rateros”; durante su informe matutino transmitido a través redes sociales.
“Los rateros nunca van a tener consideración; mientras menos paguen sus obligaciones a la comunidad, mucho más utilidad. Luego compran más terreno sin derechos y al ratito son los grandes millonarios”, manifestó Bonilla el 22 de agosto.
