Los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito, avanzan en la transferencia de las comisiones estatales de servicios públicos a los municipios, y presentaron los reglamentos para la creación de los órganos operadores locales. Sin embargo el acuerdo del cabildo de esta ciudad fronteriza data del 2013.
Este martes 3 de agosto, el Periódico Oficial del Estado presentó en un número especial el acuerdo de los cabildos de los municipios arriba mencionados, dirigidos respectivamente por Karla Ruiz Macfarland y Araceli Brown Figueredo, para arrancar con el proceso de creación de los organismos municipales, donde además presentan la reglamentación correspondiente.
Los acuerdos del Cabildo determinaron que los nuevos organismos llevarán por nombre: Agua y Saneamiento Municipal de Playas de Rosarito; y la Comisión Municipal de Agua de Tijuana.
Apenas el 29 de julio, el Congreso del Estado aprobó el dictamen 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, dirigida por el hoy ex diputado Elí Topete Robles, donde se cedía parcialmente las comisiones de agua a los municipios.
La iniciativa fue aprobada por 13 votos de legisladores de diversos partidos, los cuales no llevaron a cabo un análisis profundo sobre la iniciativa del gobierno bonillista, pero aún así la avalaron.
El 31 de julio, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, estuvo presente en el Congreso del Estado para acompañar a los nuevos legisladores que tomaron protesta, donde aprovechó para declararse en contra del proyecto de Bonilla, afirmando que la iniciativa sería controvertida por los canales jurídicos necesarios.
También aprovechó para cuestionar los resultados de la empresa FISAMEX, la cual -aseguró- debería responsabilizarse por el compromiso financiero que va a generar a la siguiente administración con los amparos perdidos debido a sus errores en el cobro de adeudos a empresas.
A partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para formar una comisión especial conformada por la Secretaría General de Gobierno, Hacienda, SEPROA, y un representante de los ayuntamientos; de manera paralela, los gobiernos municipales tienen 60 días naturales para crear los organismos.
Es curioso el resultado, porque apenas el lunes 2 de agosto, la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, aseguró que su equipo jurídico aún revisaba los pormenores de la iniciativa, aunque reconoció que su intención era respaldar la municipalización de los servicios de agua.
Acuerdo de Cabildo de Tijuana para Ley de Agua de Bonilla data del 2013
El acuerdo que publicó el Periódico Oficial del Estado (POE)en torno a la “municipalización” de los servicios de agua en el municipio de Tijuana, data del 2013, y no de la actual administración.
El documento del número publicado el martes 3 de agosto del 2021, en el que el Ayuntamiento de Tijuana crea la Comisión Municipal de Agua de Tijuana, está fechado en octubre del 2013, durante el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, y no por la administración de la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland, quien apenas el lunes decía que su equipo jurídico revisaba el decreto para entender los alcances que se generaban.
El pasado 3 de agosto se publicaron en el POE dos acuerdos de los cabildos de Tijuana y Rosarito, para crear las comisiones de agua, de los cuales el segundo cuenta con una fecha reciente mientras que el primero se remonta a la administración del priista.
El documento del 2013 estuvo guardado en algún lugar durante la administración del panista, José Guadalupe Osuna Millán, pero nunca fue publicado de manera oficial, por lo que nunca tuvo validez, hasta esta semana, 8 años después, cuando el gobierno de Jaime Bonilla Valdez revivió la petición del ex Cabildo tijuanense, el cual no ha sesionado en las últimas semanas.
El documento refiere que el secretario del Ayuntamiento, “Joel Fabián Guardado Reynaga” documenta la validez de la sesión del Cabildo del XX Ayuntamiento, cuando él representa al XXIII, y posteriormente firma el documento como vigente el 2 de agosto del 2021.
En la misma fecha fue firmado por José Luis Alcalá Murillo, secretario del Ayuntamiento de Rosarito, pero sus fechas coinciden plenamente.
En entrevista para ZETA, el abogado Guillermo Rivera, consideró que este tema tiene como objetivo intentar esquivar posibles responsabilidades administrativas que pudieran generarse para avalar el proyecto del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Pese a que la administración de la alcaldesa Aracely Brown Figueredo sí aprobó el acuerdo ante Cabildo, se espera que tanto Rosarito, como Ensenada y Mexicali, presenten en los próximos días una controversia constitucional en contra de la iniciativa de Bonilla.
