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lunes, febrero 19, 2024
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Gobierno irresponsable

En diez días espera el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado, conocer las afectaciones que dejó la celebración de Baja Beach Fest en Rosarito, durante los dos últimos fines de semana, cuando miles de personas se habrán reunido para escuchar música en vivo.

Más allá de las versiones oficiales, fue evidente, por los videos compartidos en redes sociales, que aquello fue un aquelarre en el que no se siguieron los protocolos de salud, mandatados para evitar el contagio de SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad COVID-19. Miles de jóvenes sin utilizar cubre bocas, bailando pegados sin mantener la sana distancia. Evidencia quedó al por mayor en videos, fotografías, videos tomados con drones y presentaciones que en vivo hicieron muchos de los que ahí se encontraban. Por más que el Gobierno del Estado asegure que alcanzó a detectar a poco más de 300 personas sin cubre bocas, la realidad mostrada en las imágenes, es que nadie, y muy pocos, poquísimos, lo utilizaron.


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Sin necesidad de esperar diez días, en los últimos quince la tercera ola de contagios ha pegado fuerte en Baja California, al grado que estamos siendo testigos de lo no visto antes: la hospitalización de menores de edad por padecer COVID-19, con síntomas tales, que no la pueden superar desde casa. Tema que el gobierno también mantiene en la opacidad, pues poco se sabe la edad de los menores y los sitios de contagios, sean para tomar medidas y evitar los mismos, o invitar a la población a adoptar medidas de seguridad sanitaria para que este tema no se convierta en una tendencia.

También, antes de que lleguen los diez días para confirmar el crecimiento de la tercera ola, de suyo, esta semana, ante el incremento de contagios, la cifra no baja de mil por día aunque tenga ligeras caídas. El Hospital General de Tijuana tiene dos pisos a tope con pacientes COVID, y habilitada por lo menos la mitad del área de Urgencias, para la atención de quienes van arribando con los síntomas del nuevo coronavirus.

Por supuesto, los médicos y las enfermeras continúan registrando un desabasto en los insumos, tanto de protección personal como de canalización y medicamentos, por mencionar algunos.


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Desde inicio de esta semana a punto de concluir, en el mismo Hospital General de Tijuana, de nueva cuenta se cancelaron todo tipo de operaciones ya agendadas, para dar paso al tratamiento exclusivo de enfermos de COVID-19. Para dimensionar la gravedad de esta decisión, durante el primer año de la pandemia dejaron de realizarse más de 4 mil cirugías programadas, para atender los contagios.

De igual manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social está habilitando áreas que ya había asignado para el cuidado de otros malestares y enfermedades, para reconvertirlas a COVID, entre estas Urgencias Pediátricas, pronosticando con ello que el caso de los cinco menores hospitalizados por coronavirus pueda ser una tendencia, particularmente en la medida que se acerca el 30 de agosto, día que, por orden del Presidente de la República, “llueva, truene o relampaguee” se iniciarán clases presenciales en el país.

Baja California no será la excepción, en los gobiernos de Morena, donde manda Presidente no gobierna Bonilla, y se aprestan a iniciar clases presenciales sin que los menores de edad hayan sido vacunados, no todos, pues jóvenes de 17 años en Tijuana sí lograron vacunarse con la Janssen donada por Estados Unidos durante los días 22, 23 y 24 de junio, justo antes que el mandatario federal cancelara la inoculación a menores en esta región.

En medio de estos escenarios de irresponsabilidad por parte de la administración estatal, el hecho de autorizar actos masivos que concentraron a más de 20 mil personas como los sucedidos en Rosarito, con la tercera ola de contagios en plenitud, los hospitales reconvirtiéndose para el tratamiento de enfermos de COVID-19 y el inminente regreso a clases presenciales, el gobierno de Baja California sigue autorizando actos masivos.

Se suman las ferias de Rosarito, Mexicali y Tijuana, los actos de entretenimiento masivos que ya ha autorizado Jaime Bonilla en el Valle de Guadalupe, dentro de su municipio consentido, Ensenada. Por lo menos cuatro actos tendrán lugar justo cuando se cumplan los diez días de haberse congregado decenas de miles de personas en Rosarito.

La Unidad Regional de Protección contra Riesgos Sanitarios de Ensenada tiene, por lo menos, cuatro actos masivos ya pactados para su desarrollo. Uno es el “Viva El Valle Fest”, donde se presentará la Banda MS y esperan la presencia de 10 mil aficionados, el 21 de agosto. Luego, el 28, el show de Los Huizapoles, donde discretamente esperan la llegada de 490 personas; y al día siguiente, el 29, el espectáculo “Destructomanía” para mil 200 personas, para después organizar, en septiembre, el Ensenada Beer Fest para 4 mil 980 personas.

A esto se deben sumar los múltiples actos que con motivo de la Vendimia, tendrán las casas vitivinícolas del Valle de Guadalupe, con comidas, presentaciones, degustaciones, concursos, espectáculos y todo lo que gira alrededor de la fiesta de vino.

Ciertamente la derrama económica le urge a Baja California, durante el gobierno de Jaime Bonilla no se registró inversión considerable ni el desarrollo de nuevas empresas, como sí la extorsión y el acoso para las existentes, pero la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la pandemia, les ha impedido realizar actos que verdaderamente respeten los protocolos de seguridad sanitarios.

En estas condiciones, con estos actos masivos autorizados por el Gobierno del Estado, el inminente regreso a clases y la saturación de hospitales, habrá que ver hasta cuándo se prolonga la tercera ola de contagios de COVID-19, que en el ámbito nacional, todos los días de la última semana, ha roto récords de contagios en 24 horas.

Usted, cuídese.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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