Esta semana, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la triunfadora de la elección estatal del 6 de junio, se erigió como la gobernadora electa que es. Le mostró, tanto en el Congreso del Estado, como en los ayuntamientos y en el gabinete federal, el músculo político que está ejercitando al todavía mandatario en funciones, Jaime Bonilla Valdez.
En una racha de final de bienio, Bonilla y su secretario general de Gobierno tuvieron, al modo, una diarrea legislativa para hacerse de poder, aprovecharse del gobierno, limitar a la próxima gobernadora y colocar a sus afines en cargos por periodos largos.
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Pero no todo les salió como esperaban. Aunque Marina había guardado un bajo perfil, al final de la semana pasada y viendo que las acciones del todavía gobernador afectarían su administración, de la cual tomará posesión el 1 de noviembre de 2021, decidió entrar a la operación política para rescatar, lo más que en esas circunstancias pudiera, de la administración estatal.
No sólo dijo que la Ley del Agua, que supuestamente transfiere la Comisión Estatal de Servicios Públicos a los ayuntamientos, iba para atrás, sino otras iniciativas que había presentado el Gobierno del Estado, que trascendían a su administración. Obviamente, esto se leyó como una confrontación entre el saliente y la entrante, pero en el equipo de la gobernadora, el caso se trata como una estrategia de operación política de contención.
Y efectivamente, Marina y Jaime midieron fuerzas en el Congreso del Estado, en el anterior y, por muy poco, pero mucha oferta de prebendas para los diputados, ganó Bonilla y aprobaron su reforma a la Ley del Agua.
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Ávila Olmeda se activó, y con su labor, impidió que fuese aprobada la iniciativa que ampliaba a nueve años el periodo del fiscal general del Estado, y también la que concedía “autonomía” y facultades meta constitucionales al jefe del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), en este caso una mujer investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, por actos de corrupción, además que determinaba que el cargo lo ostentaría por siete años, es decir, la administración de Marina y uno más.
Tan sólo con estas dos iniciativas, sendas ampliaciones de periodos en la Fiscalía General del Estado y en el SATBC, Bonilla pretendía dejarle a Marina quién le controlara los impuestos y los ingresos, y mantener un control sobre la FGE que encabeza el abogado Guillermo Ruiz Hernández, padrino de una de las hijas del gobernador, para en dado caso, y se supone, gozar de impunidad durante la próxima administración.
Marina del Pilar logró detener el análisis y la votación de estas dos iniciativas, quedándose las cosas como están. El 1 de agosto, un “nuevo” Congreso tomó posesión (las comillas son porque muchos son reelectos), y esos diputados y diputadas, la acompañarán por los primeros tres años de su sexenio, por lo que sus redes institucionales ya no están tanto con el gobernador saliente, pero sí con quien ocupará la administración estatal a partir del 1 de noviembre.
El cambio en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, también correspondió a la operación política de la gobernadora electa, lo mismo que la presidencia de la mesa directiva de la Cámara local, con lo que las iniciativas de Bonilla, ya no serán aprobadas a ciegas como sucedió en la pasada administración.
De hecho, ese fue el motivo por el cual el secretario general de Gobierno y el todavía gobernador, entraron en su racha legislativa para aprovechar los últimos días de la anterior gubernatura.
A pesar que la gobernadora electa declaró que en su momento daría reversa a la entrega de las Comisiones de Servicios Públicos a los ayuntamientos, el secretario de Gobierno siguió con su plan. Entonces, para medir fuerzas del equipo de la próxima administración estatal, se activaron las alertas y tres de cinco síndicos acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una controversia constitucional por la reforma aprobada en el Congreso del Estado, realizada al vapor, sin estudios de factibilidad, sin análisis financieros y lo más importante: sin el conocimiento y la participación de los cinco ayuntamientos.
El objetivo detrás de la “municipalización” de las Comisiones de Servicios Públicos por parte de Bonilla era y es, la permanencia de su política pública de amenaza y extorsión, a partir del cobro de derechos de conexión de agua y otros por parte de la empresa Fisamex a partir de los ayuntamientos, dado que es público que la licenciada Marina del Pilar Ávila Olmeda no refrendaría el contrato a tal compañía.
El colmo del enfrentamiento político del gobernador con la gobernadora electa, sucedió el miércoles 4 de agosto, cuando desde el Gobierno del Estado, convocaron a una conferencia de prensa para atestiguar la “transferencia de la CESPT” a los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito. Trascendió desde temprano que estarían presentes tres alcaldesas: las suplente y entrante en Tijuana, Karla Ruiz y Montserrat Caballero; y la de Rosarito, Aracely Brown.
Al final, después de haber cambiado de horario la conferencia y de sede en tres ocasiones, al albazo de Amador Rodríguez Lozano, el secretario de Gobierno, sólo acudió la presidente municipal de Rosarito, cuyo síndico presentó una controversia constitucional al respecto.
La noche de ese miércoles, en el Cabildo de Ensenada y en menos de dos horas, tuvieron tres sesiones para votar si aceptaban o no la transferencia. La primera, la canceló el alcalde favorito del gobernador, Armando Ayala, en plena votación y cuando sólo faltaba un sufragio para que ganara el rechazo a la medida controvertida. En la segunda sesión, convocada minutos después, la mayoría del Cabildo porteño votó por el no. Ya había ganado el ala de la gobernadora entrante.
Pero como donde manda gobernador Bonilla, no gobierna Armando Ayala, el presidente municipal porteño convocó a una tercera sesión, donde “milagrosamente” la mayoría cambió de opinión y votaron por aceptar la transferencia.
En este ríspido contexto, la transición administrativa ha iniciado, al tiempo que Ávila Olmeda sostuvo una gira por Ciudad de México en las distintas secretarías de Estado, donde fue atendida como gobernadora electa, para el inicio de la planeación entre el Gobierno de México y el del Estado de Baja California. Entre, otros, tuvo acuerdos con el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Turismo, Miguel Torruco; el asesor del Presidente, Lázaro Cárdenas Batel; y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Finalmente, Marina del Pilar le enseñó a Jaime Bonilla la operación política con la que cuenta, que ya inició la transición y debe ser considerada gobernadora electa por las autoridades estatales. El periodo de Bonilla al fin agoniza, y se nota en la desesperación de su racha legislativa.
